La resaca de la reunión entre Gobierno de Lakua, diputaciones y ayuntamientos de la CAV para hacer frente a la caída de ingresos de las administraciones públicas enfrentó dialécticamente a Gobierno y oposición, los primeros anunciando frutos inmediatos y los segundos criticando la ausencia de medidas a pesar de la gravedad de la situación. No obstante, fue el sindicato LAB quien mejor definió el escenario: cuando los gobiernos quieren, actúan de forma rápida y directa «gastando miles de millones de euros para paliar la situación de quienes nos han traído a esta crisis». Por el contrario, cuando se trata de apoyar a quienes sufren esa crisis «es necesaria la cobertura del diálogo social». El sindicato también subrayó que Lakua no tiene ni voluntad ni capacidad legislativa para adoptar medidas que pongan freno a la crisis y a la destrucción de empleo en Euskal Herria.

Esa capacidad reside en Madrid, que trata de vender su iniciativa para rebajar las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social. Aunque, a corto plazo, la medida no afecta a los trabajadores, de facto significa una descapitalización del sistema público a futuro para, de nuevo, favorecer a la clase empresarial.