Juicio contra «Egunkaria»
El fiscal admite que nunca hubo pruebas contra «Egunkaria»
La Fiscalía y los abogados de los procesados coincidieron ayer en pedir la absolución de los cinco imputados -Iñaki Uria, Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Joan Mari Torrealdai y Txema Auzmendi- en el juicio por el cierre de «Egunkaria». El fiscal Carballo asume que el mero hecho de aparecer en unos documentos intervenidos supuestamente a miembros de ETA no sirve para acusar a unas personas de «pertenencia» a la organización armada vasca.
GARA | MADRID
El fiscal Miguel Ángel Carballo se reafirmó ayer en su informe de conclusiones en la postura que ha venido defendiendo desde que en 2006 planteó el sobreseimiento del caso abierto por el cierre de «Euskaldunon Egunkaria». El representante del Ministerio Público pidió la absolución de los cinco procesados en su última intervención en la Audiencia Nacional al igual que avanzó el primer día del juicio.
Según argumentó, no hay ninguna prueba que vincule a Iñaki Uria, Martxelo Otamendi, Joan Mari Torrealdai, Xabier Oleaga y Txema Auzmendi con ETA ni tampoco que acredite nexos entre el diario clausurado con la organización armada. Casi siete años después de que el juez Juan del Olmo decretara el cierre del periódico, el fiscal reconoció, como ha venido sosteniendo ya desde 2006, que no hay pruebas contra «Egunkaria».
Carballo coincidio con el abogado de Uria, José Mari Elosua, al afirmar que «aparecer en tales documentos no debe ser por sí mismo un motivo suficiente para imputarles pertenencia» a ETA a los cinco imputados.
En paralelo, rechazó el planteamiento «tautológico» de las acusaciones populares que señalaron que si la organización armada controlaba el periódico en euskara «el director tenía que saberlo» y con el que mantuvieron peticiones de condenas que oscilan entre los 12 y 14 años de cárcel.
La trayectoria profesional
El fiscal dijo que pudiera ser que ETA «tuviera un interés» en «Egunkaria», pero afirmó que en los 13 años que permaneció el diario en los quioscos «no se ha encontrado una noticia, un artículo, ni una línea que demuestre que a ETA le servía para algo». En este sentido, cuestionó también los supuestos documentos atribuidos a militantes de la organización armada que la Guardia Civil y las acusaciones han utilizado como prueba contra los procesados.
Según dijo, se trataría de documentos internos de la organización armado que, en todo caso, servirían para acreditar la relación entre ETA y KAS, pero no con «Egunkaria». «No puede acreditarse que bajo la forma de un periódico legal estuviera ETA», insistió Carballo.
Admitió la trayectoria profesional de los cinco y afirmó que tenían un «prestigio» anterior a la creación del diario y que su perfil no parece «el idóneo» para ETA. Manifestó que se puede analizar «si se trata de personas proclives a la banda, que pueden dejarse querer por ella. Son personas de prestigio, con una trayectoria en el ámbito de la lengua vasca». El fiscal argumentó incluso que los acusados no se comportaron ante el tribunal especial como «otros procesados del entorno de ETA».
Por todo ello, pidió la absolución de los cinco imutados y declaró que «no vale incriminar a los acusados por el cargo que ocupaban en el momento de los hechos».
Asimismo, Carballo se defendió de la postura mantenida durante el proceso judicial diciendo que pidió el archivo porque no se podía acreditar que ni el periódico fuera «fuente de financiación» de ETA, ni que fuera un «instrumento de blanqueo de capitales ilícitos».
«La Fiscalía se ha sentido cómoda en todo el procedimiento y ha mantenido una postura correcta, con tregua o sin ella», concluyó en alusión a las denuncia realizada por las dos asociaciones que han ejercido la acusación popular cuando en una rueda de prensa acusaron a la Fiscalía de pedir el sobreseimiento del caso porque fue tratado durante el proceso de negociaciones entre el Gobierno español y ETA.
Insistió en que la decisión de reclamar la absolución no le fue impuesta por sus superiores, sino que la tomó él.
Las defensas
Por la tarde llegó el turno de los abogados de la defensa. Elosua recordó al tribunal que el cierre de «Egunkaria» tuvo una gran repercusión en la sociedad vasca y que entonces se llevó a cabo una de las mayores manifestaciones en Euskal Herria.
Subrayó que partidos, instituciones y agentes sociales se han posicionado en contra de la clausura, que generó un movimiento y protestas con pocos precedentes, y recalcó que «la sociedad vasca ya sabe que los acusados son inocentes».
Incidió en que ni ETA ni KAS tuvieron nada que ver con el proyecto comunicativo, que eso ha quedado probado en el juicio y que la sociedad vasca ya lo sabe. Según el letrado, la Guardia Civil también lo sabe bien, pero a pesar de ello quiso criminalizar a «Egunkaria» al decir que formaba parte del «proyecto Udaletxe».
El resto de abogados de la defensa -Iñigo Iruin, Iñaki Pelaez y Félix Cañada- también denunció la falta de pruebas para cerrar el diario y contra los imputados. Iruin censuró que ante el tribunal que se llegara a juicio con esa escasez de pruebas y que la Guardia Civil ha sido el «motor» de que el proceso judicial fuera adelante.
La denuncia del caso ha sido dada a conocer en los últimos días en varias ciudades de Irlanda. El sábado dieron una conferencia en Derry, ayer ofrecieron otra en Belfast y hoy darán la última charla sobre la clausura del periódico en Dublin.
El juicio por el cierre de «Egunkaria» llega a su final tras más de mes y medio desde que dio comienzo a mediados de diciembre en la Audiencia Nacional. Sin embargo, en todo este tiempo apenas se han celebrado siete sesiones.
Las defensas, además de pedir la absolución de los cinco imputados, censuraron con dureza en sus informes de conclusiones la falta de pruebas contra el diario clausurado y que el proceso judicial fuera adelante a pesar de ello.
Las dos asociaciones ultraderechistas que han ejercido la acusación popular durante todo el proceso judicial mantuvieron las peticiones de condena entre 12 y 14 años para los cinco imputados por «integración» en ETA. Los abogados de AVT y de Dignidad y Justicia aseguraron que en el juicio ha quedado acreditado que el proyecto comunicativo de «Egunkaria» estaba «auspiciado por ETA».
En ambos informes de conclusiones, las acusaciones incidieron en que tanto los autos del juez Juan del Olmo decretando el cierre del periódico como las detenciones de los procesados se ajustaron a «derecho».
En este sentido, AVT y Dignidad y Justicia señalaron que los casos de tortura denunciados por los imputados han sido archivados.
Según las acusaciones, los supuestos documentos incautados a miembros de ETA demostrarían que la organización armada «tenía conocimiento de todos los avatares y vicisitudes de la creación» del periódico y que intervinieron en sus nombramientos.
La letrada de Dignidad y Justicia elevó a definitiva su petición para los acusados por la «ingente» cantidad de documentos intervenidos a ETA que, en su opinión, demostrarían que no había sólo un «mero interés» sobre el diario clausurado.
Pese a que reconoció que las traducciones de esos mismos documentos habrían experimentado «errores estilísticos» que calificó de «nimios», para Dignidad y Justicia «siguen siendo totalmente válidos».
Asimismo, aseguró que la «imparcialidad» de los peritos de la Guardia Civil tiene el mismo valor que en el sumario 18/98 y que la actitud de los procesados de no responder a preguntas de las acusaciones se debe a que siguen «consignas» de ETA.
El letrado de la AVT afirmó que la mercantil Egunkaria Sortzen y el diario habían sido «impulsados, dirigidos y financiados por ETA» como un instrumento para la consecución de los objetivos de la organización armada. Por ello, mantuvo las peticiones de cárcel para los acusados porque, según dijo, «todos han aportado su disponibilidad para la ejecución» de los actos diseñados por ETA. Añadió que Joan Mari Torrealdai era consciente de que formaba parte de un «aparato» de la organización armada e insistió en que Peio Zubiria fue designado director por ETA.
Los supuestos documentos incautados a miembros de ETA serían también las pruebas inculpatorias principales para el abogado de la AVT, que también defendió el cierre del diario y que las denuncias de torturas serían falsas. Según dijo, la decisión adoptada por el juez Del Olmo para clausurar el periódico fue «proporcional» por la «gravedad» de los delitos que se les imputaban.
También argumentó que las denuncias de torturas cursadas por varios imputados contra agentes de la Guardia Civil fueron falsas porque algunos de los detenidos en la operación policial no realizaron declaraciones en comisaría. GARA
Varios representantes de las Juntas Generales de Gipuzkoa acudieron ayer a Madrid en solidaridad con los procesados y mantuvieron una reunión con el juez de la Audiencia Nacional española, Javier Gómez Bermúdez. La vista comenzó con una hora de retraso por el encuentro entre los junteros y el presidente de la sala en la que se está celebrando el juicio.
Según explicó en declaraciones a los medios a las puertas del tribunal especial el vicepresidente primero de la mesa Luis Mari Ormaetxea (Hamaikabat), la intención del grupo era trasladar al magistrado el contenido de una moción aprobada el pasado 13 de enero en las Juntas Generales. En el citado documento expresaban su solidaridad con los imputados y reclamaban a los tribunales que tengan en cuenta que el juicio contra «Egunkaria» «no tiene solidez jurídica». En este sentido, el miembro de Hamaikabat aseguró que pidieron a Gómez Bermúdez que absuelva a los procesados y que «sea reparado el daño que han sufrido desde que se abrió la causa».
Acompañando a Ormaetxea estuvieron en la Audiencia Nacional la otra vicepresidenta de la mesa, Arantxa González (Ezker Batua), y la secretaria, Arrate Albizo (PNV). El portavoz del PNV, Joseba Antxustegi, y el de Alternatiba, Ander Rodríguez, también formaron parte del grupo de junteros de Gipuzkoa. No acudió ningún representante por parte de PP, PSE y Aralar.
Fuentes jurídicas aseguraron que los junteros fueron recibidos por el magistrado «como hace con cualquier otra persona» y que luego siguieron el juicio desde la sala. GARA
El letrado Iñigo Iruin criticó que la Guardia Civil «ha entrado» en el sistema judicial ya que el trabajo que debería de haber hecho la Justicia lo realizaron los agentes al pedir que se cerrara el periódico y después declarando como peritos.
