La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la responsabilidad patrimonial del Estado español por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, con lo que no indemnizará a los más de 450.000 clientes por un agujero conjunto que suma más de 4.600 millones de euros.

En 25 sentencias notificadas ayer a otros tantos grupos de afectados, el tribunal especial considera que la actividad de estas sociedades escapaba del ámbito de supervisión de las autoridades financieras, ya que realizaban operaciones mercantiles, lo contrario que se sostiene en la vía concursal, donde se ha iniciado el proceso de liquidación de ambas empresas.

Las resoluciones notificadas ayer, que han sido adoptadas por unanimidad, se refieren a los primeros recursos de un total de 570 que afectan a más de 200.000 personas y que anticipan la decisión que previsiblemente se aplicará a todos ellos y que acaba con las esperanzas para el resto de inversores de Fórum y Afinsa.

Negocio simulado

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entienden que, incluso en el caso de que ambas empresas hubieran realizado operaciones financieras, se trataría de un negocio simulado que se habría pactado para defraudar la normativa vigente, ya que no tenían autorización para ejercer actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito. Así, defienden que las competencias de supervisión y control del Banco de España y el Ministerio de Economía sólo entrarían en juego si se entendiera que Fórum y Afinsa realizaban, en realidad, auténticas operaciones financieras.

Respecto a la responsabilidad del Ministerio español de Sanidad y Consumo y de las comunidades autónomas, argumentan que las inversiones en bienes tangibles mediante contratos con pacto de recompra era una actividad permitida legalmente, pero que la tolerancia por parte de las autoridades administrativas no aseguraba la solvencia económica de dichas empresas ni obligaba al Estado a responder de su insolvencia sobrevenida, en base al principio de confianza legítima.

Las sentencias sólo serán recurribles ante el Tribunal Supremo por aquellos afectados que reclamen más de 150.000 euros. Desde mayo de 2006, cuando ambas empresas fueron intervenidas, los juzgados siguen una investigación contra sus responsables por presunta estafa, insolvencia punible y administración desleal.