Los últimos datos hechos públicos por la Oficina Estadística Europea (Eurostat) confirman que el impacto de la crisis sobre la riqueza en el viejo continente toma forma siguiendo unas pautas muy concretas: incremento imparable de la pobreza en las clases más desfavorecidas y concentración de los recursos en un número cada vez más reducido de bolsillos. Esa contrastada tendencia está en la base de la creciente dilatación de la brecha que separa ambas realidades, la de la desigualdad social. Una desigualdad que también tiene su reflejo desde el punto de vista geográfico: la evolución del denominado «PIB regional» desvela importantes desequilibrios que demuestran que la Unión Europea favorece a las élites económicas en detrimento de aquellas zonas con cotas salariales más deprimidas.

En Europa cerca de 85 millones de personas, el 17% de la población, viven en la pobreza. En Euskal Herria son 460.000 quienes se enfrentan a esa situación, y más de la mitad subsiste a duras penas en la más absoluta de las indigencias. Hay muchos más datos, reunidos hoy con detalle en las páginas de GARA, que demuestran que la crisis la están pagando las clases más desprotegidas, parados y trabajadores en situación precaria, mientras empresas y entidades financieras, especialmente las más poderosas, siguen acumulando beneficios obscenos en plena recesión.

Esta agobiante realidad, sin embargo, es susceptible de ser empeorada. A pesar de que en Hego Euskal Herria el nivel de gasto social se sitúa siete puntos por debajo de la media europea, la amenaza de la reducción de las prestaciones inclina aún más la pendiente por la que resbalan las capas más frágiles de la sociedad hacia el agujero negro de la miseria. Y, paradójicamente, son los políticos y los responsables institucionales, teóricos responsables de salvaguardar los intereses de los más débiles, quienes no dudan en alinearse con la estratosfera empresarial y financiera, desnudando una vez más la estrecha connivencia entre los poderes político y económico.