La Ertzaintza detuvo ayer a ocho personas en una operación relacionada con supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Entre los arrestados se encontraban varios altos cargos del PNV en Araba, como el diputado foral de Administración Local, Alfredo de Miguel, y el miembro del Araba Buru Batzar y ex concejal en el Ayuntamiento de Gasteiz, Aitor Telleria.

La detención de De Miguel resultó la más llamativa, ya que fue también ex secretario del ABB, es vicepresidente de la Vital y presidente de la comisión de auditoría de la Caja. Precisamente, en la última propuesta de consejeros generales para la renovación del Consejo y la Comisión Ejecutiva de la Vital, la propuesta pactada entre PSE y PNV planteaba proponer nuevamente a De Miguel como vicepresidente de la entidad.

Las otras tres identidades que fueron confirmadas durante el día también estaban vinculadas con la formación jeltzale. Uno de ellos es Alfonso Arriola, que desde hace unos meses es asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y durante el periodo entre 2006 y 2009 ejerció de director del Parque Tecnológico de Araba y ha sido propuesto como consejero para la Caja Vital.

Iratxe Gaztelu, que fue en las listas del PNV en las últimas elecciones autonómicas, y Koldo Otxandiano, ex director general de Bienestar Social en Araba, también fueron detenidos. Según se aseguró en los medios, la esposa de Alfredo de Miguel también habría sido detenida. El resto de nombres se desconocía.

La operación llevada a cabo por la Policía autonómica se inició con el arresto del diputado foral en su domicilio a las 7.00 de la mañana. Al parecer, el resto de detenidos también fueron capturados en sus propias casas y llevados al juzgado.

Las órdenes de detención fueron dictadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz, donde los detenidos declararon durante todo el día. Radio Euskadi avanzó anoche que todos habrían quedado en libertad sin fianza, pero se desconocía si seguían imputados.

La actuación contra ellos la había emprendido la Fiscalía Anticorrupción de Madrid tras una denuncia presentada ante la Fiscalía de Gasteiz. Durante el día se procedió a registros en los domicilios de los detenidos y en sus lugares de trabajo.

También habría sido registrada una sociedad limitada que tenía su sede social en una sociedad gastronómica ubicada en la calle Etxezaharra de la capital alavesa. Las acusaciones concretas contra los detenidos no se dieron a conocer argumentando que el sumario se encuentra bajo secreto. Al contrario de lo que suele suceder en otras operaciones policiales, ni siquiera se conoció la identidad de todos los arrestados. El propio diputado general de Araba, Xabier Agirre, señaló que desconocía las razones por las que se había producido la operación policial cuando compareció a la mañana ante los medios.

Responsabilidades políticas

Ya por la tarde, el ABB, la ejecutiva alavesa del PNV, hizo público un comunicado en el que aseguraba desconocer totalmente las causas que habían provocado las detenciones de algunos destacados militantes de su partido. El presidente del PNV en Araba, Iñaki Gerenabarrena, dio lectura al breve comunicado aprobado en una reunión de este órgano del partido. La formación jeltzale defendió «la presunción de inocencia» y «el más rápido y absoluto esclarecimiento de los hechos».

Gerenabarrena subrayó también en el comunicado «el absoluto compromiso con la honestidad y limpieza de actuación del partido a lo largo de sus 115 años de historia, por lo que de producirse cualquier actuación contraria a la misma será inmediatamente depurada».

La detención de De Miguel y otras personas vinculadas con el PNV provocó la reacción de todas las formaciones políticas exigiendo a la Diputación de Araba una investigación exhaustiva.

La izquierda abertzale recordó que lleva décadas denunciando la «política del maletín» con la que gestiona el PNV las instituciones vascas. Según criticaron, De Miguel es el «hombre clave» de la formación jeltzale en Araba y quien manejaba los «resortes y dineros de la Diputación y la Vital». Por ello, exigieron al diputado general que si se confirmaran las imputaciones debería dimitir porque se pondría «bajo sospecha» toda la gestión foral.

La portavoz de Lakua, Idoia Mendia, también reclamó al PNV que asuma «responsabilidades políticas» y dijo que si un juez autoriza las detenciones «es que hay base suficiente». El lehendakari Patxi López añadió que la Diputación de Araba debe preservar su credibilidad.

Por su parte, el PSE rechazó hacer «juicios paralelos» y, tras defender la presunción de inocencia de los detenidos, apeló a esperar a que se pronuncie la Justicia. El líder del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, pidió que se aclare la detención de Alfredo de Miguel y que se depuren responsabilidades en caso de que se demuestren. Aralar reivindicó la «tolerancia cero» ante la corrupción, mientras UPyD afirmó que el PNV debería aclarar qué responsabilidad tienen sus dirigentes y expulsar «de forma inmediata» a los implicados.