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Naciones organizadas y estados de desorden

Las jornadas internacionales sobre la autodeterminación realizadas en Donostia por Udalbiltza y Conseu concluyeron ayer con un acto en el que se escucharon un buen número de afirmaciones cargadas de optimismo. El presidente de la institución nacional vasca, Loren Arkotxa, se mostró seguro de que «vamos a ganar, es cuestión de tiempo». Para el presidente del CIEMEN, Aurelio Argemí, «vamos bien, vamos muy bien». El kurdo Rzigar Wan evocó el enorme valor del acuerdo de Irlanda, entre dos comunidades larga y sangrientamente enfrentadas. El bretón Yann Chouq constató la tendencia a un mayor reconocimiento de los pueblos, sobre todo en el marco europeo. Escocia, Catalunya o Groenlandia muestran efectivamente que el ejercicio del derecho a decidir es una realidad en el continente, no una mera teoría.

Efectivamente, este cuadro dibuja una realidad esperanzadora para naciones como Euskal Herria. Sin embargo, se pronunciaron en el marco de una sesión cuya segunda parte estuvo destinada a denunciar que nada menos que 22 representantes de la única institución nacional vasca de la era moderna -Udalbiltza- van a ser juzgados con enormes peticiones de cárcel. Un hecho tan real -cruda realidad en este caso- como que a pocos miles de kilómetros de este país siguen naciendo nuevos estados en pleno siglo XXI.

Ni los optimistas análisis de coyuntura internacional son motivo para echar las campanas al vuelo, ni las brutales operaciones de la Audiencia Nacional española -sin parangón en este entorno- deben inducir a la desesperanza. Si acaso, dan la medida de qué es lo que preocupa al Estado español: la organización popular, en este caso a través de los electos municipales, en torno a una hoja de ruta común y compartida, democrática y participativa. Madrid mostró entonces que frente a ello no tiene otra alternativa que «desorganizar» con abusos de leyes, jueces y policías. Y con ello desnudó aún más sus argumentos.

Reorganizar fuerzas abertzales es el camino. No para deslegitimar al Estado, triste consuelo, sino para llegar al objetivo final de materializar el derecho a decidir.

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