Son economistas, sociólogos, politólogos y ambientalistas de Europa que critican el «desarrollo susten- table» y proponen renunciar al «consumismo desenfrenado». El movimiento abanderado por el economista francés Serge Latouche, la politóloga suiza Marie-Dominique Perrot, la asociación Climate Justice Action (CJA) y el mensual «La Décroissance» (El Decrecimiento), entre otros, señala, además, la necesidad de cambiar las formas de consumo, de redistribución de la riqueza y de transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo.

Alexis Passadakis, representante de la CJA en Berlín, explica a Tierramérica que «las metas de esta reestructuración de la economía son la conservación de los recursos naturales y la democratización de su utilización en favor de los pueblos que viven en las zonas de explotación, como el Amazonas o la cuenca del Congo».

Apunta, asimismo, que es necesario «romper con la lógica del mercado que caracteriza a los instrumentos actuales de la lucha contra el cambio climático, como el comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero».

El llamado comercio del carbono apunta a administrar y redistribuir las emisiones de gases contaminantes, cuando el objetivo central debería ser reducirlas desde su fuente, como el transporte o la generación de electricidad, tanto en el mundo industrializado como en los países pobres, añade.

La organización representada por Passadakis participará en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se realizará desde hoy al 22 de este mes en la ciudad boliviana de Cochabamba. Tendrá a su cargo el taller titulado «Construyendo Puentes entre Continentes con Movimientos de Base por la Justicia Climática».

La CJA es una federación de grupos ambientalistas y de activistas contra la globalización que se unieron en 2009 para coordinar sus acciones alrededor de los debates de la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-15), que tuvo lugar en diciembre en Copenhague.

Sus miembros comparten la crítica al «desarrollo sostenible» formulada por Perrot y la propuesta del decrecimiento económico selectivo de Latouche, quienes, a su vez, se basan en las consideraciones termodinámicas aplicadas al análisis ambiental de la economía global en los años 70 por el economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen.

Degradación irreversible

En su libro «La ley de la entropía y el proceso económico», publicado en 1971 y considerado el fundador de la economía del decrecimiento, Georgescu-Roegen utilizó el concepto de entropía y las leyes de la termodi- námica asociadas a él, para analizar la degradación ambiental irreversible provocada por el consumo de las materias primas.

Siguiendo su hilo argumentativo y tomando en cuenta el agravamiento de la crisis ecológica mundial, Latouche aboga por el decrecimiento económico como condición indispensable para la supervivencia de la humanidad. «La lógica del crecimiento económico aplicada desde el siglo XVIII nos ha llevado a superar de manera gigantesca la capacidad física del planeta», comentó a Tierramérica este profesor emérito de economía de la Universidad Paris-Sud 11.

Por ello, el decrecimiento se impone como única fórmula económica viable, no solamente en beneficio de la naturaleza sino también para «restaurar un mínimo de justicia social, sin la cual el mundo está condenado a la destrucción», asegura.

Paralelo al decrecimiento, Latouche promueve valores como la frugalidad, la sobriedad y la austeridad. En suma, la renuncia al consumismo desenfrenado de las sociedades capitalistas contemporáneas.

Común a todos los grupos promotores del decrecimiento es la admisión del derecho al desarrollo de los países emergentes, como China, India y Brasil. Pero también la crítica a muchas de las medidas que los gobiernos de esas naciones aplican para promover el crecimiento.

Passadakis incide en reducir el consumo de bienes importados para promover los productos regionales. «La CJA ha adoptado el programa de Vía Campesina de garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos mediante la promoción del consumo de lo que ellos mismos producen», afirma.

Sugiere que la acción de los movimientos alternativos se sitúe en dos planos. Por un lado, a nivel nacional, promover una visión ecologista y de decrecimiento económico, «por ejemplo, a través de la oposición a nuevas centrales carbo-eléctricas y en favor de la reducción del tiempo de trabajo para redistribuir el empleo y el ingreso».

En el plano internacional, enfatiza que, en el marco de las negociaciones hacia la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), «nuestra visión debe ser impedir lo peor». «Debemos convencer a los gobiernos que el Banco Mundial no tiene ningún papel que jugar en la lucha contra el cambio climático», indica.

Además, «la sociedad civil y los pueblos indígenas deben dejar claro que tampoco aceptarán que esa conferencia apruebe el plan REDD como otro instrumento de lógica de mercado supuestamente útil contra el recalentamiento global», puntualiza.

El REDD (Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, por sus siglas en inglés), busca calcular un valor monetario de las selvas tropicales para incorporarlas a los mecanismos de mercado, tales como los derechos de emisión de gases invernadero.