Cuando desde las instituciones hablan de reformas para hacer frente a la grave situación, los trabajadores no pueden esperar sino recortes en sus derechos, lo mismo que con la anunciada reforma del sistema de pensiones, con la reforma del mercado laboral, por encima de discursos espurios. Más precariedad, más flexibilidad, menos calidad en el empleo, lo que, entre otras cosas, conlleva una menor inversión en salud laboral. Eso entiende la patronal por afrontar la crisis, del mismo modo que la buena marcha de la economía la entiende en términos de cada vez mayores beneficios... para ellos. Y eso mismo hacen los gobiernos ante la crisis, políticas a la medida de la patronal. Una de las consecuencias más dramáticas de ello está a la vista. Cuando existen más parados que nunca, los accidentes laborales mantienen inalterable su siniestra estadística; las enfermedades profesionales van en aumento, no así su reconocimiento; especialmente en tiempos de crisis, debido a la mayor precariedad laboral, se disparan los casos de enfermedades psicosociales. Sin embargo esos alarmantes datos no parecen ser suficientes como para que la salud laboral ocupe un lugar prioritario en la agenda de los políticos. De ahí la necesidad de generar la presión suficiente para que ocupe ese lugar por encima de intereses inconfesables, para que las políticas públicas tomen esa dirección.