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Eli Laburu y Gema Mendieta (*) Ex alcaldesas de Astigarraga y de Aulesti, respectivamente

Udalbiltza, en perspectiva

No se trata sólo de justicia y solidaridad (a cualquier concejal partícipe le podría haber tocado vivir este drama). Se trata de respeto a esta institución, a nuestros alcaldes y concejales

Hoy se cumplen siete años desde que policías armados irrumpieran en las sedes de Udalbiltza y en los domicilios de cargos electos municipales y trabajadores de esta institución nacional. Estando a las puertas del juicio donde se piden entre 10 y 23 años de cárcel, cabría pensar que lo suyo sería centrarse en denunciar la injusticia. Es fácil desmontar los argumentos de las acusaciones. Pero creemos que resulta de gran utilidad reflexionar sobre la aportación innovadora que la experiencia de Udalbiltza supuso.

La ONU mediante su Comité de Derechos Humanos ya apunta la conculcación de derechos fundamentales. Lo dice con mayor claridad la sentencia del caso «Egunkaria». No hay actividades delictivas, a menos que canalizar subvenciones a proyectos educativos, de desarrollo económico local, meteorológicos y similares lo sea. Y no existe ninguna prueba de que se actuase bajo las órdenes de algún agente externo. La realidad es bien distinta. Una intensa labor participativa entre las distintas sensibilidades partidistas consensuó en el año 2000 un Plan de Gestión. Ese Plan fue la hoja de ruta hasta la llegada de la Policía española en el año 2003. Una hoja de ruta definida entre todos los participes, y no por ningún agente externo. La Fiscalía dice: «Udalbiltza surge como estructura de ETA durante la tregua entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999». Ello equivale a criminalizar a los 1.700 concejales de la Asamblea Fundacional, independientemente de su filiación política.

El nacimiento de Udalbiltza despertó la ilusión, el respeto y la legitimidad de una grandísima parte de esta sociedad y de los agentes que lo articulan. Y no obstante, ¿Quién la añora? ¿Quién la defiende? Es obvio que la ruptura de los acuerdos entre fuerzas abertzales, el cambio de escenario político, y la conformación de experiencias divergentes dentro de Udalbiltza, ha rebajado en legitimidad a Udalbiltza, a toda Udalbiltza. Se ha difundido un discurso de dos udalbiltzas. Pese a no ser la intención de los mil electos (no sólo de la izquierda abertzale) que en febrero de 2001 llamaron a la asamblea de Kursaal para reactivar una iniciativa paralizada, no es menos cierto que en el imaginario colectivo ha quedado grabada esa división.

Una imagen, un prejuicio, que hay que comenzar a matizar y a superar de cara al futuro. Porque la experiencia de Udalbiltza muestra nuevos parámetros, nuevos caminos, que son plenamente válidos en las nuevas estrategias políticas que comienzan a asomar. Ejemplaricemos algunas características reseñables:

El trabajo cooperativo entre culturas políticas diferentes del primer periodo, vislumbró el potencial que posee la unidad en su vertiente simbólica y en resultados tangibles. Pero incluso en el segundo periodo se tuvo la conciencia de no patrimonializar, y el mensaje clave fue convergente: «no existen dos udalbiltzas, todos somos Udalbiltza, aunque en estos momentos tenga dos expresiones». A más de uno sorprenderá saber que las invitaciones a las asambleas convocadas se distribuían entre todos los concejales y alcaldes de Euskal Herria. Sin vanos sectarismos se anteponía la responsabilidad de pertenecer a una Institución nacional sobre la filiación partidista.

El auzolan fue otras de las claves. La colaboración entre los ayuntamientos cobró fuerza. Se abrieron nuevos caminos que aún se transitan. Una colaboración municipalista que desde instancias europeas se está impulsando en regiones fronterizas. Paradoja: la Audiencia Nacional dinamita lo que el Gobierno español acuerda en la Unión Europea.

Fructífera resultó la colaboración entre lo institucional y las entidades y agentes sociales. Se desarrollaron múltiples proyectos que aún continúan su andadura. Aun con el límite de la financiación, esta articulación pública-popular descubrió nuevas vías para sortear las limitaciones que la colaboración puramente institucional presenta, por ejemplo, en el trabajo conjunto a ambos lados de la muga. Como muestra, la experiencia de Zuberoa Garatzen.

Y por último, cabe subrayar que ante todo fue un eficaz ejercicio práctico para la construcción nacional. Sin desdeñar la reflexión teórica, Udalbiltza fue eminentemente práctico en el desarrollo de los cinco principios acordados en la Asamblea Fundacional de Euskalduna. Con sus limitaciones y sus errores, Udalbiltza nos dejó la lección de cómo articular un trabajo tangible, encuadrado en los siete territorios, con un estilo convergente hacia la colaboración entre diferentes, bajo la guía de cinco principios para la construcción nacional que hoy día resultan válidos.

No se trata sólo de justicia y solidaridad (a cualquier concejal partícipe le podría haber tocado vivir este drama). Se trata de respeto a esta institución, a nuestros alcaldes y concejales. Al igual que Ibarretxe, encausados por ser cargos institucionales elegidos por la ciudadanía, miembros del órgano ejecutivo por decisión soberana de cientos de electos, encausados por cumplir con la labor refrendada en cientos de ayuntamientos. Porque defender Udalbiltza es defender el respeto al derecho que todo pueblo tiene por erigir democráticamente sus instituciones. Porque además de reivindicar ideas, debemos comprometernos en levantar instrumentos que las materialicen.

(*) Firman también este artículo los ex alcaldes de Altsasu y Arrasate, Camino Mendiluze y Xabier Zubizarreta.

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