La Dirección General de Trabajo tumbó ayer desde Madrid las esperanzas que había puesto la plantilla de la planta de Gamesa en Altsasu y aceptó el cierre de la fábrica. El Ministerio hizo caso omiso al informe técnico que le fue remitido desde Nafarroa, a las alegaciones jurídicas que presentó el comité de empresa, e incluso a los argumentos que le expusieron los propios trabajadores en la reunión del pasado 20 de abril en Madrid.

El futuro de los 150 trabajadores de la planta está en entredicho. Sólo el 60% de ellos serán recolocados, lejos de Altsasu, en un durísimo golpe a la comarca de Sakana, una de las zonas de Euskal Herria donde la tasa de paro ya superaba el 20% antes de confirmarse esta noticia.

El presidente del comité de empresa de la fábrica, compuesto por seis delegados de ELA y dos de LAB, Ubaldo Sola, calificó de «política» la resolución tomada el jueves por el Ministerio de Trabajo y comunicada ayer. A su juicio, «el Gobierno se ha plegado a los intereses empresariales por encima de las personas y los puestos de trabajo».

Es, por otra parte, el Gobierno de Nafarroa quien ha mostrado una mayor debilidad ante la multinacional. El Ejecutivo que lidera Miguel Sanz cedió ante la estrategia de Gamesa de unir el expediente de extinción de contratos al de otras cuatro plantas del Estado, que sólo se enfrentaban a medidas de carácter temporal. De este modo, no reclamó sus competencias para tramitar la solicitud y dejó en manos de Madrid el futuro de la fábrica y, de paso, el de la propia comarca, que cuenta con 1.447 parados y tres mil afectados por ERE, como denunció ayer la plataforma Sakanan Bizi eta Lan.

El único apoyo que han recibido los trabajadores desde Iruñea ha sido el informe técnico, que tumbaba, punto por punto, las alegaciones que presentaba la empresa. El Gobierno de Nafarroa se limitó -de forma «hipócrita», según LAB- a apadrinar dicho informe de cara a Madrid, en lugar de utilizar esos datos para denegar la pretensión de Gamesa de cerrar una planta que lleva 14 años fabricando palas de molinos, a pesar de que la multinacional obtuvo 115 millones de beneficio en 2009.

El ERE es «inadmisible» e «inaceptable», remarcaron ayer desde el comité. Su capacidad de presión en Nafarroa ha sido importante, pero muy débil en Madrid. En Iruñea han presentado 15.000 firmas ante las instituciones y, según confirmaron a este periódico, ya van por las 20.000. Los 150 trabajadores -más de la mitad, mujeres- han protagonizado grandes protestas en la defensa de todos los puestos de trabajo. Esta actitud solidaria, según publicaba «Diario de Navarra», ha sentado mal en el Gobierno navarro, que la ha tachado de «errada», asegurando que el comité pretendió que el Ejecutivo de UPN «negociara por ellos».

Plataforma sin representación

La falta de determinación del Gobierno navarro dejó manos libres al Ministerio de Trabajo para aprobar el ERE conjunto con las cuatro empresas que se enfrentaban a suspensiones temporales. Sin embargo, es falso que se hayan tramitado todos estos expedientes de forma global. En las otras cuatro fábricas afectadas ha habido acuerdos concretos aceptados por ambas partes a través de una delegación sindical unitaria. El caso navarro es la excepción. Los trabajadores de Altsasu no participaron en esa delegación unitaria porque esta comisión de negociación contenía graves irregularidades, que destaca el informe técnico enviado por el Gobierno de Nafarroa. Las distintas plantas no pertenecen a una misma empresa, sino a un conglomerado, y sólo Altsasu se enfrentaba a un cierre. Además, el resto de plantas convino en que la plataforma no podía defender los intereses de Altsasu, ya que sus delegados pertenecían a UGT y CCOO, mientras que estos sindicatos no tienen ninguna representatividad en la fábrica de Sakana.

El cierre implicaría la puesta en marcha del «Plan de Empleo» que ofertó Gamesa: recolocación de 90 trabajadores en otras plantas y 60 despedidos. La multinacional no descarta ofertar algunos puestos de trabajo más, pero en el extranjero.