AJUSTE DEL GOBIERNO DE ZAPATERO
Madrid sella su golpe a las clases bajas y pospone el de las altas
El Gobierno español dejó para «el momento oportuno» el posible aumento de impuestos paras las rentas más altas y ayer se limitó a aprobar el decreto con el que busca reducir el gasto público en 15.250 millones de euros con las medidas ya previstas de congelación de pensiones y reducción de salarios públicos. Los empleados públicos verán reducido sus sueldos entre el 0,56% y el 7%, según sus niveles.
GARA | MADRID
El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó ayer el decreto que congelará las pensiones en 2011 y reducirá los salarios de los empleados públicos en un 5% durante este año y los congelará el que viene, pero no abordó ninguna modificación de los impuestos que pagan las rentas más altas. Al término del Consejo, de cuatro horas y media de duración, tanto la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, como la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado insistieron en que sólo se abordaron las medidas que ya habían presentado ante la Comisión Europea y que habían sido anunciadas por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, referidas exclusivamente a la reducción del gasto.
A pesar de las insinuaciones de varios ministros en los últimos días e incluso de filtraciones sobre los detalles del supuesto aumento, ambas ministras subrayaron que Rodríguez Zapatero dijo que el «esfuerzo de las rentas más altas» a la reducción del déficit público se abordaría en «el momento oportuno» sin especificar cuál sería ese momento. Salgado aclaró que Zapatero no dijo que fuera una medida «inminente».
«Otro día hablaremos de los ingresos, hoy hemos hablado del gasto público», insistió Salgado, quien, pese a la insistencia de los periodistas, rehusó aclarar el «momento oportuno» ni en torno a qué impuestos giraría. Subrayaron que el Gobierno pide «un esfuerzo colectivo y equitativo a toda la ciudadanía» y que toda su política recoge la filosofía de que las rentas más altas contribuyan más, pero de momento, la reducción del gasto público en 15.250 millones en dos años queda a cargo de pensionistas, empleados públicos y ciudadanos en general a través de diversos gastos sociales.
Pensiones
Así, recordaron que la congelación de las pensiones contributivas en 2011 supondrá un ahorro de 1.400 millones de euros en el Régimen General de la Seguridad Social y de 130 millones en el de clases pasivas. No se modificarán las no contributivas y las mínimas. A finales de este año se mantendrá la aplicación del mecanismo de revalorización según el incremento del IPC. Salgado también indicó que la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial conllevará un ahorro de 250 millones en 2010 y de 150 millones en 2011.
En cuanto al recorte salarial del 5% para los empleados públicos la vicepresidenta afirmó que el ahorro para la Administración del Estado será de 535 millones de euros en 2010 y 1.035 millones en 2011, mientras que para las administraciones territoriales será de 1.765 millones este año y 3.465 millones el próximo.
Empleados públicos
Como novedad, informó del baremo que se aplicará dependiendo del nivel de cada trabajador y oscilará entre el 0,56% y el 7%. Se aplicará tanto al salario base como a la antigüedad a partir de la nómina de junio próximo.
Salgado explicó que la medida no tiene carácter retroactivo, por lo que la paga extraordinaria de junio no se verá afectada, dado que ya ha sido prácticamente devengada.
Del recorte total que se llevará a cabo en 2010, el 30% se restará de la paga extra de diciembre, en tanto que el 70% restante se repartirá entre las siete nóminas que se cobrarán entre junio y diciembre.
La rebaja salarial llegará al 8% en el caso de los directores generales, al 9% en el de los subsecretarios y al 10% para los secretarios de Estado, en tanto que los ministros, los vicepresidentes y el presidente del Gobierno se rebajarán su salario el 15%.
El recorte mínimo, del 0,56%, será para los trabajadores del grupo E, del 2,75% para el C2, del 4,5% para el C1, del 5,75% para el A2 y del 7% para el A1.
Asimismo, dentro de la Administración General del Estado tanto los complementos específicos como el de destino se reducirán en un 5%, menos en el caso del grupo E, para el que bajará sólo el 1%.
Para el personal laboral de las Administraciones Públicas se ha previsto una bajada media del 5%, aunque tendrá que negociarse «si se desea incorporar progresividad».
En el caso de los empleados de comunidades autónomas y ayuntamientos, se bajará el 2% el salario base, mientras que el otro 3% se aplicará a las retribuciones complementarias que tendrán que aplicar las comunidades autónomas según su estructura salarial.
Por otra parte, habrá otros ámbitos del Estado, como el Consejo de Estado y los órganos superiores de Justicia, cuyos miembros se bajarán el salario entre el 7 y el 8%.
La eliminación del cheque-bebé, con el que se fomenta la natalidad, a partir del 1 de enero de 2011 conllevará una reducción de gasto de 1.250 millones de euros.
Respecto a la racionalización del gasto farmacéutico lo cifró en 275 millones este año y otros 125 millones en 2011.
El resto del ahorro se consigue en diferente partidas, entre las que se refirió a 2.125 millones en inversiones y 300 millones en ayuda al desarrollo.
Los dirigentes de los sindicatos españoles de la Función Pública UGT, CCOO y CSI-CSIF habían sido informados previamente de esta reducción pero con tal escasez de detalles que, a su salida, calificaron de «burla« la reunión, porque no se les había concretado a qué colectivos afectará el recorte y en qué medida.
El secretario general de la Federación para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, alertó del efecto contagio que esta medida está teniendo en el sector privado y ha asegurado que la patronal CEOE ya está reclamando recortes salariales similares en las empresas privadas.
Salgado reconoció que estas medidas afectarán al crecimiento económico, y rebajó la previsión para del PIB para 2011 del 1,8% al 1,3%. Aseguró que la previsión de un recorte del 0,3% del PIB para este año no variará.
Salgado explicó que el Ejecutivo, en su reunión de ayer, se centró en la aprobación del plan de ajuste para acelerar la reducción del déficit público, y apuntó que del techo de gasto sólo se hizo un «primer análisis».
Añadió que el Gobierno tiene que analizar este techo presupuestario con las comunidades autónomas antes de aprobarlo definitivamente.
Sin este límite de gasto tampoco se ha conoció el nuevo cuadro macroeconómico, por lo que la ministra tampoco quiso adelantar si han empeorado, con el ajuste, otras previsiones del Ejecutivo como la de la tasa de desempleo, que actualmente está en el 19% para este año y del 18,4% el que viene.
El Centro de Predicción Económica (CEPREDE), entidad que agrupa a distintas entidades públicas y privadas y celebra ayer y hoy en Gasteiz su 58 Junta Semestral, las medida que aprobó ayer el Gobierno español van a suponer una pérdida acumulada de unos 89.000 empleos.
En el informe que ha elaborado para estas jornadas, el Centro considera que las medidas aprobadas por el Gobierno recortarán la renta disponible de las familias en 1.440 millones de euros este año y casi en 3.350 millones para el próximo.
Además, indica que los ajustes podrían contribuir a reducir este año en medio punto el déficit público y en un punto en 2011, aunque también podrían disminuir el crecimiento de la economía real en algo menos de medio punto en cada año.
El mismo día en que el Gobierno aprobaba este decreto, el director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, afirmó que algunos países europeos deben tomarse en serio la reducción de sus déficit, pero considera que tampoco deben hacerlo «a marchas forzadas», porque podría afectar a sus niveles de crecimiento.
A la espera de cómo se concreta el recorte tremendo anunciado por Fomento, la comparecencia de José Blanco ha puesto en entredicho la viabilidad del TAV. Y ha hecho que el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz (PNV), revelara ayer algo desconocido hasta ahora: «Hay inversiones del TAV que ya se han paralizado, hay empresarios que en estos momentos no pueden seguir con las obras porque el Estado no tiene dinero para pagarles, y así se les ha trasladado».
El drástico pero inconcreto anuncio de Blanco deparó dos reacciones contradictorias. El más afectado en teoría, el presidente navarro Miguel Sanz, optó por ser prudente y afirmar que confía en que el Estado cumpla su compromiso de llevar el TAV hasta Castejón. En el Parlamento de Gasteiz, por contra, la alarma se tradujo en una iniciativa conjunta de PSE, PP y PNV que insta a Madrid a no paralizar ni posponer la «Y vasca». El consejo de Transportes de Lakua, Iñaki Arriola, dice confiar en ello.
Mientras, AHT Gelditu! Elkarlana criticó con dureza una propuesta de Aralar presentada en varias instituciones para buscar fórmulas de «paliar las afecciones de las obras del TAV». La coordinadora estima que «supone aceptar la tramposa política de hechos consumados de los gobiernos de Lakua, Iruñea y Madrid».
El presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, afirmó que irá a la reunión con el lehendakari, Patxi López, a escucha lo que tiene que decir sobre las medidas de ajuste, pero advirtió de que pedirán que las medidas se adecúen a la realidad de Euskadi».
Ante 1.500 delegados en el frontón Labrit de Iruñea, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, exigió a la clase política vasca que diga «radicalmente no» al atraco a mano armada que se pretende contra los derechos laborales y sociales».
La presidenta del Parlamento de Gasteiz, Arantza Quiroga, dijo ayer que el trabajo de los parlamentarios «debe ser remunerado justamente» por lo que pidió abordar una posible reducción de sus ingresos de forma «racional y meditada».
La izquierda abertzale presentó ayer en Donostia el documento titulado «A favor de otro modelo económico, palabra y decisión para Euskal Herria» donde la formación ha recogido los contenidos y áreas para impulsar el cambio social en Euskal Herria. A juicio de la izquierda abertzale la clave fundamental para superar la actual coyuntura de crisis en Euskal Herria es recuperar la soberanía.
La concejal independentista en el Ayuntamiento de Hondarribia, Miren Legorburu, afirmó que en Hego Euskal Herria el Estado español impone a la fuerza su modelo económico, político y social, un modelo que «siempre ha sido débil y dependiente».
También señaló que en las últimas décadas la clase empresarial española, «al amparo del Estado», no ha hecho más que especular. Una actuación que ha derivado en el desplome de la economía, el aumento del paro y la acumulación de deuda. Por todo ello, a día de hoy «el Estado español ha quebrado económicamente», afirmó. Por tanto, la izquierda abertzale valora que para la ciudadanía de Euskal Herria «es imprescindible romper las ataduras que nos impone el Estado español», recuperar la soberanía política y «empezar a hacer nuestro propio camino».
No obstante, critica que las políticas económicas de las administraciones forales y autonómicas de Hego Euskal Herria apuestan también por un modelo liberal que no da respuesta a las necesidades de la mayoría de la población, por lo que exige un cambio radical en dichas instituciones.
Ante la apuesta de las administraciones y de la clase empresarial para echar sobre las espaldas de la ciudadanía todo el peso de la crisis, los electos de la izquierda abertzale opinaron que el elemento central para llevar a cabo dichas intenciones es el «actual injusto sistema» para recaudar los impuestos y repartir después el dinero. Ya que afirmaron que, a través de este sistema, el dinero de los contribuyentes se dirige hacia arriba dejando en última instancia a las entidades locales.
A pesar de ello, la izquierda abertzale constata que el reparto de las competencias va en dirección contraria ya que los ayuntamientos tienen cada vez más competencias. Además, critica que el dinero que se acumula en las arcas de las administraciones autonómicas y forales se utiliza para seguir especulando con el suelo y grandes infraestructuras.
Pero «hay otro camino para salir de la crisis y reactivar la economía» afirmó Legorburu, y « in duda el camino es aumentar el gasto social», añadió. Por ello la izquierda abertzale exige que todo el dinero que las administraciones pretenden dirigir a los macroproyectos sea destinado a las entidades locales para que éstas «puedan sufragar los servicios sociales necesarios».
Asimismo, los independentistas consideran fundamental crear un sector público vasco que trasforme la realidad socio-económica ya que, «la gestión de lo público es una herramienta básica para conseguir la identidad nacional y la trasformación social».
Por todo ello, y con la defensa de unos presupuestos públicos de izquierdas, abertzales y participativos; la reivindicación de una financiación municipal justa; el rechazo a la privatización de los servicios sociales y la apuesta por el reparto de la riqueza por medio de una política fiscal progresiva, el programa socio-económico de la izquierda abertzale buscará poner los medios de las instituciones al servicio del cambio social, según explicó Legorburu. Ya que, «cada avance social alimenta el cambio político». Amaia ZURUTUZA
El Gobierno anunció que el recorte de la ayuda oficial al desarrollo será de 800 millones de euros y no de 600 millones como previamente había señalado. Concretamente, será de 300 millones este año y 500 millones en 2011.
