Una empresa podrá acogerse al despido objetivo, -el más barato para las empresas con una indemnización de 20 días por año trabajado- cuando de su evolución económica «resulten o puedan resultar pérdidas actuales o previsibles en un futuro próximo», según la propuesta que ha presentado el grupo parlamentario del PNV en el Congreso de Madrid, durante el trámite de enmiendas parciales al proyecto de ley de la reforma laboral.

Con este texto, no se trata ya de que la empresa pueda despedir a un empleado de la forma más barata cuando tenga pérdidas en la actualidad, sino que le basta con presentar unas cuentas de las que se deduzcan pérdidas «previsibles en un futuro próximo». El grupo del PNV en el Congreso español ya valoró los cambios en el decreto aprobado respecto al borrador inicial que elaboró el Gobierno.

En aquél se requería demostrar pérdidas e incluso se exigía que las pérdidas deberían ser «continuadas en el tiempo» para poder recurrir al despido barato. El decreto ley finalmente cambió este texto por la ambigua frase de «acreditar una situación económica negativa». Ahora el PNV, aunque recupera la palabra «pérdidas», las remite a las que puedan producirse en un futuro.

Hasta ahora, con críticas, el PNV ha abierto la puerta al abaratamiento del despido que recoge la reforma laboral. En su día, se unió a la abstención que permitió su aprobación en la Cámara española y consideró la reforma «insuficiente» y «mal concretada». La semana pasada rechazó las enmiendas a la totalidad que presentaron ERC-IU-ICV y el BNG al proyecto de ley de la reforma. Esta actitud contrasta con la crítica que desde los propios diputados jeltzales se ha lanzado hacia el texto, afirmando que «opta por el despido como el camino más fácil», según el diputado Emilio Olabarria

Olabarria, en la justificación de sus enmiendas asegura que «lo que buscamos, en definitiva, es que el despido sea la última opción», así como «reforzar los derechos laborales».

El Gobierno, dispuesto

Las causas del despido objetivo son precisamente uno de los aspectos en los que el Gobierno español se ha mostrado dispuesto a negociar con la oposición. El ministro español de Trabajo, Celestino corbacho indicó que «probablemente» durante el debate de enmiendas al articulado en la Comisión de Trabajo e Inmigración «la ley deberá ajustar más y mejor esas causas», y se mostró convencido de que el texto será enmendado. No obstante, se preguntó cuál debe ser el límite y apostó por que haya garantías jurídicas para que «no sea una puerta falsa por donde se pueda despedir a los trabajadores».

Para el ministro de Trabajo estas circunstancias objetivas se dan con claridad cuando una empresa necesita hacer un ajuste de plantilla porque lo que está en peligro es su continuidad.

En total el PNV ha registrado 26 enmiendas, entre las que destaca también la modificación del texto que actualmente limita la concatenación de trabajos temporales en una empresa y prevé que, tras dos años, el empleado se convierta en fijo.

Olabarria sostiene que se trata de un «sinsentido, aún mayor cuando se incluyen grupos de empresas en las que la diferencias de las actividades a desarrollar puede y suele ser radical», afirma Olabarria.

En su lugar, propone que, para adquirir la condición de fijo, el trabajador temporal debe desempeñar «idéntica actividad y en el mismo puesto de trabajo» durante esos dos años. De esta forma, podría cambiar de puesto en la misma empresa indefinidamente bajo un contrato temporal.

Excepción

Además, introduce la excepción para poder utilizar contratos por obra o servicios por consustancial de la producción durante más de tres años y con un límite de cinco, a empresas que acrediten que no utilizan la temporalidad en más de un 10%. De esta forma, asegura, «trata de atender los requerimientos de empresas de carácter multinacional, y vinculadas a los requerimientos de sedes sociales en el extranjero, que por razones de productividad y competencia puedan exigir la utilización de estos contratos».

Por otro lado, plantea que, cuando la empresa modifique de forma sustancial las condiciones de trabajo, y la plantilla carezca de representación legal, puedan nombrar una representación «ad hoc» para negociar, es decir, sin intervención sindical. El decreto prevé que intervengan representantes de los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca. El PNV cree que el negociador sectorial «suele ser ajeno» a la marcha de la empresa.

El PNV defiende bonificar las cuotas empresariales con un 50% para todos los contratos temporales se conviertan en fijos, y lo hacen durante el primer año de vigencia de la ley, que la bonificación sea del 100%.

En cuanto a los ERE, el grupo jeltzale apoya que, cuando haya acuerdo entre empresarios y trabajadores, no se precise autorización administrativa.

Otras de las modificaciones que defiende el PNV van dirigidas a evitar los «fraudes en los contratos en prácticas», de tal forma que se conviertan «automáticamente» en fijos si se demuestra un «abuso del mismo».

Olabarria, en su justificación, señala que se trata de adaptar la reforma a la economía vasca, «más avanzada, con claro acento industrial y tecnológico, en la que el valor añadido tiene un importante peso».

El diputado Josu Erkoreka, en un artículo sobre la reforma laboral en su blog, también insinúa que no es lo mismo facilitar el despido en una economía en el que la mano de obra presenta una baja cualificación -con lo que es fácilmente sustituible- que cuando ésta aporta un alto valor añadido, como sería el caso de la vasca, y en el que el empresario no se dedicaría, a su juicio, «ni con un coste cero» a desprenderse sistemáticamente de los trabajadores.