Sentencia absolutoria del Tribunal Supremo
El Supremo rechaza que la declaración en comisaría sea suficiente para condenar
La Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo que ratificara la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a ocho jóvenes de Lea-Artibaia a seis años de prisión por pertenecer a Segi, al creer que «estaba despejada» la objeción de la defensa que recoge que en comisaría declararon bajo tortura. Sin embargo, el Alto tribunal considera que las declaraciones en sede policial no son suficientes para condenar y absuelve a cuatro de ellos.
GARA | DONOSTIA
El Tribunal Supremo español notificó ayer su decisión de absolver a cuatro de los ocho jóvenes de Lea-Artibai acusados de formar parte de la organización juvenil Segi. El tribunal ha exculpado a Iban Etxebarria, a los hermanos Ainhoa y Urko Pagoaga y a Borja Oregi al considerar que las autoinculpaciones realizadas en comisaría no pueden ser consideradas como prueba de cargo. Aun así, ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Nacional de seis años de prisión para los otros cuatro, Estebe Gandiaga, Zaloa Zenarruzabeitia, Eneko Etxaburu y Eneko Ostolaza, ya que concluye que en este caso «sí existen prueba de cargo contra ellos».
La Fiscalía había pedido al Supremo que confirmase la condena impuesta por el tribunal especial el pasado octubre. La sentencia considera que «las declaraciones presentadas en sede policial no pueden considerarse en sí mismas pruebas de cargo», sino que deben ser valoradas por el tribunal y, a través de ella, «se podrían obtener datos que lleven a otras pruebas, éstas sí estrictamente procesales».
«Declaraciones bajo tortura»
Los ocho jóvenes, vecinos de la comarca de Lea-Artibai, fueron arrestados el 24 de enero de 2008 por la Policía española en una operación ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska. En el transcurso del operativo, los agentes registraron los domicilios de los detenidos, así como un local de la cuadrilla de los jóvenes detenidos, la herriko taberna y el gaztetxe de Markina, de donde se llevaron carteles y documentación política. Todos comparecieron incomunicados, sin la asistencia de sus abogados de confianza y los ocho denunciaron torturas ante el juez; seis de ellos ingresaron en prisión. El juez imputó, además de actos de kale borroka que no fueron precisados, ser miembros de Segi.
Durante la vista celebrada en junio para revisar la condena del tribunal especial la defensa alegó que las declaraciones de los condenados «fueron obtenidas bajo tortura». Así que los abogados pidieron la absolución de los ocho al entender que se vulneró el principio de presunción de inocencia, porque «no hay prueba procesal de cargo que la desvirtúe», ya que el tribunal basó su condena «exclusivamente en declaraciones policiales» de los acusados, que «no fueron corroboradas por ningún otro dato objetivo».
La sentencia del Supremo considera, además, que no todas las personas que ejecutan actos de kale borroka deben ser por ello miembros de Segi, «pues tales actos son cometidos por otros miembros de organizaciones o colectivos diferentes».
Durante la vista que se celebró en junio para revisar la condena, la defensa alegó que no se había respetado la presunción de inocencia, ya que el tribunal basó la resolución en decaraciones policiales.
Un tribunal de París ha denegado la petición emitida por la Audiencia Nacional española de entregar a Kizkitza Gil de San Vicente, que se encuentra en libertad desde el 1 de abril en el Estado francés. San Vicente fue detenida en junio del 2006 y cumplía en su totalidad la condena el pasado 22 de marzo. En la víspera la Audiencia española solicitó la entrega de la joven, hecho que retrasó su excarcelación. Ayer, el tribunal decidió que las pruebas presentadas por el tribunal español «son insuficientes».
Por otra parte, el movimiento pro amnistía informó ayer de que las huelgas de hambre han provocado traslados en las prisiones francesas. Especialmente mencionaron el caso de Arkaitz Agirregabiria, que permaneció sin ingerir alimento alguno 33 días, porque se encontraba aislado en la prisión de Bourg en Bresse; ahora está en Burdeos con otros presos vascos. Por su parte, Saioa Sánchez ha sido trasladada a Poitiers, y Maite Aranalde, Eñaut Aramendi y Mattin Olzomendi a Chateauroux. Mikel Karrera, por su parte, ha sido llevado a Poitiers Vivonne.
En defensa de los derechos de los presos políticos vascos el lunes por la tarde alrededor de 250 personas se manifestaron en Zornotza. Recorrieron las calles del municipio, velas en mano, y coreando gritos que exigían la repatriación de los presos. En un momento del recorrido prendieron fuego a una celda de cartón entre gritos de «espetxeak apurtu». En Bilbo 100 personas se concentraron ayer frente al Arriaga y en la herriko de Agurain la Ertzaintza retiró el lunes fotografías de cinco presos y un cartel. GARA
