La última década ha sido fatídica en lo que a recortes de libertades y derechos se refiere. Los códigos penales de la gran mayoría de países del mundo han sido reformados una y otra vez para endurecer las penas y flexibilizar las garantías judiciales. Al mismo tiempo, se ha desarrollado e institucionalizado un discurso de extrema dureza que antepone la seguridad al resto de valores. En términos represivos, lo que antes era excepcional se ha convertido en común. Lo peor de todo es que ese discurso ha calado en las respectivas sociedades. El retroceso, por lo tanto, no sólo ha sido real y efectivo en lo que a restricción de derechos y libertades se refiere, sino que además ha tenido una vertiente ideológica que en gran medida ha logrado subvertir la escala de valores de muchas personas. Paradójicamente, ese discurso tiene gran penetración en los sectores sociales más desfavorecidos, que son a su vez quienes han engrosado las listas de detenidos y encarcelados hasta índices que, al menos en los países más desarrollados, no tienen correlación alguna con la realidad social.

Por eso es una buena noticia que, a pesar de no entrar al fondo de la cuestión y dejando de lado las detenciones bajo jurisdicción excepcional, el Consejo Constitucional francés haya declarado la ley de detención ilegal. El Consejo ha declarado que los límites puestos en esa ley a la asistencia por parte de los abogados implican indefensión. No obstante, resulta incomprensible que el Consejo haya dado al Gobierno una moratoria de un año para introducir las reformas necesarias para garantizar la defensa de las personas arrestadas. Pero, en todo caso, es positivo en tanto en cuanto revierte la tendencia instalada de endurecer las condiciones de detención dentro de la Unión Europea.

Es significativo que la declaración de inconstitucionalidad se haya logrado a raíz de la labor de denuncia de un grupo de juristas. En un momento en el que los poderes legislativo y judicial están abonados a las doctrinas más retrógradas del Derecho, es importante marcar y desarrollar una agenda que revierta esa tendencia y ahonde en la conquista de una mayor libertad.