Una vez más ha sido el juez del tribunal especial de Madrid Fernando Grande-Marlaska quien rubricó la orden de detención de nueve militantes independentistas y ordenó a la Guardia Civil el grueso del operativo, que en todo momento se llevó a cabo junto a la colaboración de la Ertzaintza y una cobertura mediática in situ. El Ministerio del Interior español acusa a los nueve arrestados de pertenecer a la dirección de la organización Ekin, y todos se encuentran incomunicados. Añadió que empleó a 300 guardias civiles para llevar a cabo las detenciones de ayer.

El operativo policial, que arrancó de madrugada, se llevó a cabo en los cuatro herrialdes del sur del país -un arresto se practicó en Aragón y otro en Noja-, con un saldo de nueve personas detenidas y al menos 28 registros. Así, tal y como confirmó el movimiento pro amnistía, en Gasteiz fue detenido el joven de Otxandio Egoitz Garmendia. En Gipuzkoa, por su parte, fue arrestado Ugaitz Elizaran, en su domicilio donostiarra de Intxaurrondo, y Urko Aierbe, quien fue detenido en el barrio de Egia. La joven de Eibar Aniaiz Ariznabarreta, por su parte, fue arrestada en la localidad cántabra de Noja. El movimiento pro amnistía, además, denunció que su compañero fue golpeado por dos guardias civiles y que pincharon las ruedas de su vehículo.

En Etxarri Aranatz los policías del instituto armado arrestaron a Joxe Aldasoro, después de que irrumpieran sin orden judicial en el domicilio de sus padres primero, y en el de su hermano Juan Kruz después, quien, tras un altercado con los guardias civiles que pretendían registrar su vivienda sin orden alguna, fue detenido, acusado de desordenes públicos. Además, otro de los hermanos Aldasoro fue rociado con gas lacrimógeno cuando los guardias civiles abandonaban la localidad con su hermano arrestado.

También en Nafarroa, en su capital, fue detenida Rosa Iriarte, y el también iruindarra Eneko Compains, por su parte, lo apresaron en el interior de un autobús cuando regresaba de Aragón y fue trasladado inmediatamente a Iruñea.

En Bizkaia, fue detenida la joven bilbaina Sandra Barrenetxea, quien ya padeció la incomunicación de la Guardia Civil hace ya varios años. Y en Erandio, a su vez, fue detenida la joven de Leioa Erika Bilbao.

«Columna vertebral»

Desde primeras horas de la mañana de ayer, el Ministerio español del Interior insistía en que con este operativo policial se da por desmantelada la dirección de la organización Ekin, y enmarca a los detenidos en responsabilidades de dinamizadores de los respectivos herrialdes en los que fueron detenidos.

Aunque todavía se desconocen las acusaciones concretas que el juez Grande-Marlaska vierte contra los nueve detenidos, los medios españoles -que escudándose en fuentes de «la lucha antiterrorista» apostillaron que el operativo continuaba abierto- acusa a los nueve militantes vascos de ser los «comisarios de ETA» para dinamizar los diferentes organismos de la izquierda abertzale «bajo las directrices» de la organización armada. A ojos del Ministerio español del Interior, Ekin es sinónimo de la «columna vertebral» del movimiento independentista de izquierdas.

Además de los arrestos, la Guardia Civil registró al menos 28 locales, entre domicilios, garajes, herriko tabernas como en Intxaurrondo y Leioa, el Gazteleku de Egia y, entre otros, el bar Derry de Etxarri Aranatz, donde trabaja uno de los detenidos.

Por su parte, el movimiento pro amnistía denunció el operativo ordenado por el juez instructor del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional española y alertó sobre el riesgo que corren los nueve detenidos de padecer torturas y malos tratos durante el periodo de incomunicación. Así, en la nota emitida, recordó que en los operativos ordenados por Grande-Marlaska y ejecutados por el Instituto Armado se han repetido las denuncias de haber sufrido duros episodios de tortura.

Acto seguido, el movimiento pro amnistía enmarcó esta nueva razzia como un intento de abortar la apertura de un nuevo ciclo político que se está viendo ya en Euskal Herria, además de recordar los movimientos políticos de los últimos meses y la declaración realizada recientemente por ETA, «poniendo en marcha un proceso político».

«Entre las reacciones habidas la semana pasada, el Gobierno español anunció más represión; represión para que el proceso democrático que está floreciendo en Euskal Herria no siga adelante. Y esta nueva oleada represiva no muestra más que el nerviosismo del Gobierno español, porque son conscientes de que en este país se están llevando a cabo pasos irreversibles en el camino hacia una verdadera situación democrática», añadió.

Desde el movimiento pro amnistía quisieron subrayar que la represión no tiene fin y que se pude prever que en los próximos meses se puedan repetir envites represivos de este calibre. «Ante esta situación será necesario articular la respuesta y salir a la calle. La represión tiene por objeto impedir la democracia, y en el camino hacia la democracia nos será indispensable impedir la represión», prosiguió el movimiento pro amnistía, a la par que emplazó a la ciudadanía a secundar las movilizaciones de protesta que se repetirán durante estos días, sobre todo mientras los detenidos sigan incomunicados.

Las movilizaciones en solidaridad con los arrestados no se hicieron esperar y aún menos en sus localidades natales. De este modo, 240 personas se manifestaron en Eibar, de donde es natural Ariznabarreta, 350 en Leioa y 80 en Erandio, por Bilbao. En Otxandio, municipio de Garmendia, fueron 125 vecinos los que se manifestaron donde también han presentado una moción que tratarán en el pleno del jueves. En Ansoain, pueblo de Iriarte, se concentraron 200 y en Urritza 20. En el barrio iruindarra de Iturrama fueron 100 los vecinos que denunciaron los arrestos, en especial el de su vecino Compains. La Policía española identificó a todos ellos y cargó. En Zumaia y Orduña también denunciaron los arrestos, donde participaron 40 y 31 vecinos, respectivamente.

TAT recuerda las torturas

Por su parte, Torturaren Aurkako Taldea recordó que de las 38 detenciones practicadas en 2010 por las FSE, 33 han denunciado torturas, y alertaron sobre el trato que puedan estar recibiendo en los cuarteles de la Guardia Civil. Añadieron que tanto Compains como Barrenetxea ya denunciaron haber sido torturados en anteriores detenciones.

TAT considera que la incomunicación «posibilita la existencia de la tortura», por lo que exigió que se apliquen las medidas que evitan su práctica, como la suspensión de la incomunicación, que los detenidos sean enviados inmediatamente ante el juez o que se grabe por video todo el periodo de detención.