Aalgunos la fotografía de ayer les habrá recordado a la del 12 de setiembre de 1998 en la Casa de Fray Diego de Lizarra. Los paralelismos son claros por los firmantes y por los objetivos, pero el acuerdo de Gernika es otra cosa muy distinta. Entre otras cosas, porque en estos doce años han pasado muchas cosas. Tras Lizarra-Garazi llegó el pacto de Estado PP-PSOE que cambió las reglas del juego; tras la ilegalización y el consiguiente bloqueo político vino Anoeta, una nueva metodología para la solución; tras Anoeta, el proceso negociador de 2005-2007 que dejó lecciones en todos los terrenos y herencias positivas como la disposición internacional a implicarse; y tras ese intento frustrado se ha producido la definición de una nueva estrategia por parte de la izquierda abertzale y su desarrollo, el llamado proceso democrático. Este recorrido llega efectivamente, como un bucle, has- ta una imagen similar a la de 1998: el acuerdo de mínimos entre los partidarios de la solución al conflicto. En Gernika nació y se retrató ayer el «frente del sí», pero con bases y contenidos novedosos y un arsenal argumental capaz de enfrentarse a cualquier resistencia, por muy grande que sea.

La primera consecuencia, y la más obvia, de este acuerdo de Gernika es que se ha roto el cerco con el que el Estado español intentó ahogar, por inanición política, a la izquierda abertzale. Una táctica que se inició con la ilegalización allá por 2002, pero que no ha dejado de extremarse desde entonces. No hay más que recordar que hace apenas un año, en verano pasado, Alfredo Pérez Rubalcaba citó a PNV, Aralar y otros agentes vascos para pedirles que hicieran el vacío a la izquierda abertzale y despreciaran su nueva ofensiva política, con esa filosofía que hoy se resume en el lema de «que no nos enreden».

El pacto de Gernika constata que esta estrategia hace aguas. La izquierda abertzale ha roto el cerco, en primer lugar porque ha movido ficha en el contexto más adverso posible y con una determinación tan contundente que deja claro que no se trata de un paso atrás, como el Estado quisiera vender, sino de un salto adelante.

Pero si tantos partidos, sindicatos y agentes vascos se han «enredado» es también porque las mentiras del Ejecutivo español abren los ojos en Euskal Herria a cualquiera que quiera ver la realidad. A día de hoy, todo el mundo sabe por qué y para qué hizo detener el Gobierno español a Arnaldo Otegi y sus compañeros, líderes de esa iniciativa política, y sabe también por qué y para qué insistió en alertar de atentados de ETA cuando sabía que había decidido no hacer tal cosa hace ya seis meses. Su único objetivo es sabotear cualquier avance hacia la solución al conflicto. Por eso estos agentes vascos han dado un paso adelante. Y la de ayer es otra pésima noticia para Madrid.

Pero este logro no es un objetivo en sí mismo. Romper el cerco sólo supone un primer paso necesario para avanzar. Y ese objetivo requería sobre todo que los partidarios de la solución unieran sus fuerzas en un esfuerzo de síntesis. Lo han hecho. En 1998 la inspiración llegó de Irlanda; ahora es más vasca que nunca, tanto que se remarca que «el proceso de negociación para la obtención de acuerdos políticos será patrimonio exclusivo de los agentes políticos, sindicales y sociales».

No es el único contenido novedoso del acuerdo, porque lógicamente Lizarra, el pacto PP-PSOE, Anoeta, Loiola o la última negociación Gobierno-ETA no han pasado en balde. Quien lea el documento no tardará en percibirlo. A muchos quizás les llame la atención el primer punto, por el detalle con que se propone «la declaración de ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su acti- vidad armada». Pero no hay que olvidar que ya en mayo de 2007, en el último intento del anterior proceso, la organización armada vasca puso sobre la mesa su disposición a desmantelar sus estructuras militares si se alcanzaba un acuerdo global.

Muy concreta es también la unidad de acción en torno a la cuestión de los presos políticos vascos. Nadie podrá decir que los firmantes se hayan quedado en generalidades o en pasos intermedios cuando apuestan no sólo por la repatriación, la liberación de los presos enfermos o la concesión de libertades provisionales y condicionales, sino también por «la aplicación sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos». Es un listado que se sitúa como «primer paso del camino hacia la amnistía», lo que confirma que este acuerdo de Gernika mira decididamente a la superación del conflicto armado y violento para poner en marcha la fase del diálogo y la negociación política.

Y aquí se vuelven a hallar novedades y, sobre todo, concreción al máximo: asunción de los principios Mitchell y aceptación de que el diálogo político «buscará un acuerdo incluyente entre todas las culturas del país, sobre el reconocimiento tanto de la realidad nacional vasca como del derecho a decidir, y el respeto a la voluntad popular democrática sobre el modelo jurídico-institucional interno y sobre el tipo de relación con los estados. Incluida la independencia». El legado de las conversaciones de Loiola queda de manifiesto en esta coletilla final. Es sabido que la mención expresa a la independencia fue una de las enmiendas finales rechazadas por PSE y PNV y que precipitaron el fin del diálogo.

A partir de este texto, todo el mundo está obligado a posicionarse. Ha nacido un «frente del sí» y hace mucho que existe un «frente del no», ése del que hablaba Basagoiti en su mensaje a López. No hay más. La concreción del texto de Gernika es tanta que no deja sitio para equidistancias ni ambigüedades. Quien no quiera estar en esa fotografía tendrá que explicar con qué punto exactamente no está de acuerdo: ¿Con un alto el fuego permanente, unilateral y verificable de ETA? ¿Con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos? ¿Con la desaparición de amenazas, detenciones y torturas? ¿Con un diálogo político basado en los «principios Mitchell»? ¿Con un acuerdo incluyente? No hacen falta grandes esfuerzos para imaginar que si esta plataforma de mínimos democráticos fuera sometida a referéndum entre la ciudadanía vasca, el sí ganaría de modo aplastante. Y por eso mismo es previsible que en los próximos días y semanas sean muchos más quienes se apunten a este carro del que hay que tirar, no basta con subirse a él.

Sin embargo, en Euskal Herria se sabe hace mucho tiempo que no hay inercias que valgan, que la razón, el sentido común y la adhesión social mayoritaria se han quedado muchas veces insuficientes frente a la sinrazón, los conformismos y el bloqueo, y que el papel lo aguanta todo pero las declaraciones necesitan hechos. Se puede vaticinar que si el Estado no quiere -o no puede- enfrentarse directamente con esta plataforma de mínimos tan razonable, recurrirá a cualquier sabotaje chusco o multiplicará las artimañas para ganar tiempo al menos. Intentará taponar las vías de desarrollo de este acuerdo, es decir, la política, el diálogo, la movilización, empezando seguramente por tratar de impedir el regreso de la izquierda abertzale al campo de juego legal, algo que resulta vital.

Por eso es básico que el acuerdo de ayer siga en expansión, no sólo cuantitativa (más gente) sino sobre todo cualitativa (más implicación). Lizarra despertó tanta ilusión al principio como frustración al final. Ahora no hay excusas para que, de una vez, el sí gane al no.