El esfuerzo que el actual Gobierno israelí está realizando por institucionalizar la discriminación contra los ciudadanos no judíos en general y contra los palestinos en particular merece ser analizado. Dada la terrible historia de violaciones de derechos y de actos de guerra perpetrados por los sucesivos gobiernos de Tel Aviv contra la población palestina, es difícil sostener que el grado de crueldad de este Ejecutivo supera al de los ante- riores. Sin embargo, su agenda política destaca por buscar que la segregación sea aún más estructural, que esté recogida en leyes especiales dirigidas contra segmentos concretos de la población, contra ciudadanos y sectores que dificultan el proyecto de un Estado sionista en su peor sentido.

Sin desdeñar que esta política obstaculiza los procesos de negociación al conseguir ventajas sobre el objeto de las conversaciones cuando éstas se están desarrollando en uno y otro nivel, el objetivo no se limita a entorpecer una resolución justa y duradera al conflicto entre árabes e israelíes, sino que busca garantizar que incluso en el caso de verse obligados a llegar a alguna clase de acuerdo político con la otra parte los judíos fundamentalistas tendrán asideros legales suficientes para mantener su hegemonía sobre el resto de la población y sobre sus vecinos.

La razón de estas reformas legales tiene al menos dos vertientes. Tiene que ver, en primer lugar, con la condescendencia de los aliados de Israel, que le permiten aprobar leyes claramente totalitarias, racistas y contrarias a los derechos humanos sin coste diplomático alguno. Por otro lado, paradójicamente, tiene que ver con el aislacionismo al que está llegando Israel. Cada vez resulta más difícil defender su postura, incluso para esos aliados, lo que está empujando a sus dirigentes a tomar conciencia de los problemas a los que se enfrenta su proyecto a medio plazo. De ahí la necesidad de institucionalizar la segregación. En ese contexto, no es aceptable que la OCDE pretenda homologar la posición de Israel en la comunidad internacional. Hay países en ese organismo que deberían bloquear esa pretensión.