La Asociación Río Aragón y la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) han advertido de que el recrecimiento del pantano de Esa podría provocar deslizamientos de las laderas y filtraciones en las estribaciones del lado derecho. A esta conclusión han llegado tras analizar el «Proyecto para la mejora de la estabilidad de las laderas de Yesa», un informe que, al igual que el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza), venían reclamando desde hace meses.

Según informó el presidente de Río Aragón, Luis Solana, este informe debería haberse entregado en enero de 2009, pero lo más grave es que «no formó parte de la documentación que salió a información pública del proyecto de recrecimiento», a pesar de que era un informe que se exigía dentro del propio proyecto de ampliación de Esa.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al recrecimiento se publicó el pasado 4 de agosto, pero el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no remitieron dicho informe a la Asociación Río Aragón hasta dos semanas después. Ello significa, según Solana, que ha habido «una ocultación deliberada que deslegitima la Declaración de Impacto Ambiental».

Tras un primer análisis, el propio Solana ha detectado que el nivel de actuación que se plantea en el recrecimiento de Esa «no resuelve los problemas de fondo sobre deslizamientos y filtraciones».

Teniendo en cuenta que se trata de «un aspecto clave» y que resulta «imprescindible para la posterior toma de decisiones», el presidente de Río Aragón considera que este estudio pone de manifiesto el «disparate» de recrecer el embalse, tanto desde el punto de vista económico como geológico.

«Un agujero sin fondo»

En el aspecto económico, Solana recuerda que hace dos meses el Consejo de Ministros autorizó 24 millones de euros para obras complementarias de seguridad que afectan a la consolidación de laderas y taludes, cantidad que se suma a los 113 millones del proyecto para recrecer el embalse hasta una capacidad de 1.500 hectómetros cúbicos.

A la vista de ello, afirma que este proyecto «es un agujero sin fondo en el que se sigue invirtiendo, pero sin resolver los problemas de fondo».

Tras subrayar que el coste total puede superar los 300 millones de euros, adelantó que están estudiando emprender accciones ante las instituciones europeas para detener el proyecto.