La avalancha de documentos sobre la guerra de Irak publicados el viernes por Wikileaks puso de manifiesto que Estados Unidos dio su bendición a las torturas sistemáticas y ejecuciones extrajudiciales a iraquíes durante los seis de años de invasión.

Los archivos, compuestos por 391.000 documentos, revelan que la información referente a las torturas y abusos contra los iraquíes detenidos, incluidas electrocuciones e incluso ejecuciones sumarias, llegó a manos de los altos mandos del Ejército estadounidense, pero con notas adicionales que indicaban que no se hicieran investigaciones al respecto de estos casos, algo a lo que estaban obligados como potencia ocupante. Se trata de «la filtración más masiva de toda la historia del Ejército estadounidense», según Wikileaks.

Los «Iraq War Logs», como bautizó Wikileaks -wikifiltraciones, en inglés- a los documentos, reflejan a las claras la guerra y ocupación del país árabe desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2009, con excepción de un par de meses, todo ello según fuentes militares de EEUU mantenidas hasta ahora en secreto.

Un simple vistazo a las cifras basta para corroborar la masacre: 109.032 muertes, de ellas 66.081 civiles, 23.984 enemigos calificados por el Pentágono como «insurgentes», 15.196 militares iraquíes y 3.771 de los países de la coalición invasora.

Más de un 60% son víctimas civiles, lo que equivale a unos 31 civiles muertos cada día durante seis años en un conflicto enquistado para Estados Unidos y más mortífero de lo que ha sido hasta ahora la guerra en el cenagal afgano.

En un principio -como destacaba ayer Efe-, la Casa Blanca negó que llevara la cuenta de los muertos civiles, e incluso su anterior inquilino, George W. Bush, aseguró en su día que EEUU haría todo lo que estuviera en su mano para evitar este tipo de fallecimientos, algo que contradicen las cifras publicadas, que hablan además de 176.000 heridos.

En ese periodo de seis años, un total de 180.000 iraquíes, uno de cada cincuenta adultos varones, fueron además encarcelados, y Washington cerró los ojos ante las torturas e incluso ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad de ese país.

También se brindan indicaciones de la participación de Irán en el entrenamiento y entrega de armas a la insurgencia.

Wikileaks aseguró haber suprimido cuidadosamente los nombres de aquellas personas que pudieran llevar a que se produjeran represalias.

La verdad, primera víctima

La filtración fue adelantada la noche del viernes por la cadena Al-Jazzeera, y ayer compareció en Londres Julian Assange, fundador de Wikileaks, para indicar que la verdad fue «la primera víctima de la guerra», aludiendo a los motivos esgrimidos para derrocar a Saddam Hussein e invadir el país, a las informaciones facilitadas durante el conflicto y a los intentos actuales de silenciar a su organización.

«Los ataques contra la verdad comienzan antes de la guerra, continúan mientras dura y prosiguen una vez oficialmente acabada», agregó este australiano a quien Suecia ha denegado el permiso de residencia y de trabajo que había pedido.

El fundador de esta página web especializada en filtraciones de inteligencia justificó el rol de su organización porque «la verdad debería hacerse siempre pública», pero reconoció que «ése no es el mundo en el que vivimos», por lo que apuntó que, si otros no lo hacen, lo seguirán haciendo ellos.

Asimismo, denunció «las presiones» de Washington sobre Wikileaks y se refirió concretamente a la exigencia del Pentágono de que se destruyan los documentos sobre la guerra de Irak en su poder. Los papeles fueron entregados a los prestigiosos diarios «The New York Times», «The Guardian», «Le Monde» y «Der Spiegel», así como a la cadena qatarí Al-Jazzeera.

«Las presiones son explícitas», declaró Assange, según el cual la intención del Gobierno de EEUU es «activar la ley de espionaje para conseguir procesar a nuestros colaboradores».

En declaraciones a la BBC, dijo que «bajo el presidente [Barack] Obama ha habido más procesamientos por filtraciones que bajo todos los gobiernos anteriores de ese país juntos».

El pasado 7 de octubre, Obama promulgó una ley destinada a endurecer el control sobre las operaciones de espionaje, ley que, entre otras cosas, restringe el número de legisladores con acceso a informes secretos.

A la conferencia de prensa asistió el estadounidense Daniel Ellsberg, ex analista militar de la Rand Corporation que en 1971 filtró a la prensa los famosos papeles del Pentágono, un estudio ultrasecreto que reveló cómo el presidente Lyndon B. Johnson había mentido al Congreso y al pueblo de EEUU sobre la guerra de Vietnam.

Ellsberg felicitó a Assange e invitó a su organización a seguir su labor tras comparar lo que hace ésta ahora con lo que supuso en su día la filtración de los documentos del Pentágono al «New York Times».

Entonces, el Gobierno de Richard Nixon demandó al diario neoyorquino por poner en peligro la seguridad nacional y un tribunal de apelaciones ordenó detener su divulgación.

Ello no impidió que Ellsberg ofreciese los papeles del Pentágono a otros diarios, que siguieron publicando el contenido de las filtraciones.

Enfados y críticas

Wikileaks ya había difundido en julio los primeros 77.000 documentos sobre la guerra en Afganistán. Estos papeles, que revelaban detalles sobre víctimas civiles y supuestos vínculos entre Pakistán y los talibanes, hicieron enfurecer sobremanera a la Administración estadounidense.

El Pentágono había advertido el viernes, según recogía AFP, que las anticipadas nuevas revelaciones podrían representar «una amenaza para las tropas [estadounidenses] o los iraquíes que cooperan con EEUU».

Sin entrar en mayores deta-lles sobre las revelaciones, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, criticó la mayor filtración de documentos clasificados en la historia de este país norteamericano.

«Tengo la firme convicción de que debemos condenar en los términos más claros posibles la difusión de cualquier información por parte de individuos o asociaciones que ponga en peligro la vida de los soldados o civiles de EEUU y de sus aliados», apuntó Clinton. El presidente Obama guardó silencio.

El Ejecutivo británico, artífice junto a la Casa Blanca de la invasión de Irak, condenó la difusión de los archivos, estimando que «puede representar un riesgo para la vida de las tropas».

En la primera reacción oficial, el Ministerio iraquí de Derechos Humanos, por boca de su portavoz, Kamel al-Amin, dijo que los documentos «no han sido una sorpresa».

El jefe en funciones del empantanado Gobierno iraquí, Nouri al-Maliki, en un comunicado acusó a sus rivales de querer utilizar las revelaciones para llevar a cabo una campaña mediática en su contra.

Por su parte, Amnistía Internacional instó al Ejecutivo encabezado por Obama a investigar las acusaciones de crímenes de guerra, al igual que el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Manfred Nowak.