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Crónica | Juicio contra Udalbiltza

Una mirada al futuro con esperanza desde el banquillo de los acusados

Ayer concluyó en la Audiencia Nacional española la vista oral contra los veinte imputados en la causa contra Udalbiltza. En la recta final, los imputados han recibido el apoyo de numerosos agentes políticos, sociales y sindicales, que se acercaron ayer hasta la capital española. A la salida del tribunal, la sensación general fue que «el juicio está ganado»; pero todavía queda la sentencia.

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Janire ARRONDO

«Udalbiltza no nació contra nada ni contra nadie; nació como un instrumento válido en esa búsqueda de la paz que todavía no ha terminado». De esta forma se pronunció la imputada Maribi Ugarteburu en nombre de todos sus compañeros aprovechando la oportunidad de intervenir por última vez. La sentencia se conocerá dentro de, al menos, un mes.

Esta última sesión comenzó pasadas las diez de la mañana. Representantes de diferentes organismos de Euskal Herria se trasladaron hasta Madrid para poder ver y oír en primera persona el juicio. Coincidiendo con que los jóvenes independentistas arrestados el pasado viernes pasaban por el despacho del juez Grande-Marlaska, decenas de familiares y allegados de éstos también estaban en el lugar. Un importante despliegue policial custodiaba los alrededores y muchos ciudadanos vascos fueron identificados en plena calle.

Allí estaban Patxi Urrutia y Marian Beitialarrangoitia, de la izquierda abertzale; Rebeka Ubera, de Aralar; Ander Rodríguez, de Alternatiba; representantes de los sindicatos ELA, LAB, EILAS, ESK e Hiru; Martxel Toledo, de ESAIT; Paul Bilbao, de Kontseilua; Mikel Luloaga, de Bai Euskal Herriari; al igual que integrantes de EHGAM, Hik Hasi, Iparra-Hegoa o de la comisión de trabajadores de CAF.

Falta de objetividad

Después de que el lunes los abogados de la defensa Kepa Manzisidor y Ángel Ruiz de Erenchun expusieran sus conclusiones, ayer fue el turno de Kepa Landa, Jone Goirizelaia y Javier Beramendi. En primer lugar, Landa quiso aclarar algunas apreciaciones hechas por el fiscal Juan Moral -que ayer no estuvo presente- en la sesión del lunes. Entre su intervención, desmontó esa idea que viene defendiendo el Ministerio Fiscal desde el principio de que «hubo dos Udalbiltzas».

Por otra parte, la defensa había expresado de antemano su desacuerdo con que los mismos policías que participaron en la instrucción del caso se presentaran en el juicio como peritos, por lo que habían impugnado su intervención. Ayer, Landa explicó que el ser policías no les hace parciales, sino que, al contrario, el haber participado en detenciones y registros hace que pierdan objetividad.

Asimismo, criticó la exposición hecha por la representante de Dignidad y Justicia, quien, en su opinión, leyó un informe elaborado con contenidos extraídos del atestado policial y las declaraciones de un perito. «Ha utilizado el `cortar y pegar'; se repiten incluso las faltas de ortografía», señaló.

Kepa Landa reprochó también a la acusación que no haya presentado testigos válidos para demostrar sus afirmaciones o, en general, su teoría sobre la causa: «La defensa no tiene demostrar; es la acusación quien tiene que hacerlo». Por todo ello, sostuvo que la acusación se basa completamente en lo que dice la Policía.

En lo que se refiere a la imputación de «malversación de caudales públicos», que retiró el Ministerio Público pero que mantiene la acusación popular, Landa dijo que «no hay elementos relevantes» que fundamenten esta teoría. Así que preguntó a la acusación popular sobre quién es el sujeto activo de este delito: «los ayuntamientos que destinaban dinero o Udalbiltza que lo recibía». El letrado dijo que tampoco se explica cómo se acusa de desviar fondos a cuatro integrantes de Udalbiltza y no a todos. «Es temerario sostener esto», concluyó.

Irregularidades

Jone Goirizelaia cogió el relevo para denunciar irregularidades en las intervenciones telefónicas, las cuáles son la base acusatoria del Ministerio Fiscal. Recordó al tribunal que «tiene que haber un auto, control judicial, transcripciones verificadas, traducciones...» y que todo eso «no existe» en este caso. En este sentido, se quejó de que durante el proceso se han utilizado transcripciones al castellano de llamadas hechas en euskara y que los letrados no han escuchado. En los informes policiales se recoge la necesidad de nombrar peritos traductores, pero no se hace.

La abogada también puso en duda la legalidad de las pruebas documentales, ya que «no se aportaron como es debido» y «no podemos darles validez». «¿Qué prueba hay en este procedimiento?», preguntó Goirizelaia finalmente al tribunal.

También Javier Beramendi, en representación de Leire Idoiaga, incidió en la falta de fundamento de las pruebas documentales, por lo que dijo que hay un «vacío probatorio».

De esta forma, una a una, la defensa fue desmontando los argumentos de la acusación, como hizo con la teoría que mantiene que Udalbiltza coordinó las plataformas electorales de 2003 o la supuesta relación de algunos imputados con Ekin (el Ministerio Fiscal afirma que Ibon Arbulu ejercía de conexión entre Ekin y Udalbiltza). Goirizelaia le tuvo que recordar que Arbulu fue investigado en el «caso Ekin» y que no fue juzgado

Goirizelaia se refirió, además, al tipo penal de «integración en banda armada». Explicó que al hablar de un delito se diferencian dos partes, el objetivo y el subjetivo. Así, entendiendo que acreditar lo segundo «es difícil», dijo que en este caso no lo es: por un lado, señaló las declaraciones de los imputados, que negaron cualquier relación con ETA, y, en segundo lugar, está la declaración de los policías peritos, quienes admitieron durante la vista que «no hay evidencias que muestren la relación ETA-Udalbiltza». Y destacó que «no se individualizan las acusaciones».

«A todas estas personas, esta Sala les tiene que devolver lo que la ilegalización les ha quitado. Les han quitado un proyecto, un proyecto de vida y un proyecto político», dijo la letrada, que recordó que los imputados han sido alcaldes, ediles y personas relevantes de diferentes ámbitos, reconocidos por su trabajo. «Sin son culpables de algo, lo son de un mismo delito: de querer a su país y querer construirlo a través de una institución», concluyó.

Frente a estas peticiones de absolución, el fiscal solicita diez años de cárcel para cada uno de los procesados por «integración» en ETA, mientras que la petición definitiva de DyJ oscila entre 14 y 22 años.

La última palabra

Joseba Garmendia y Maribi Ugarteburu tomaron la palabra al final de la sesión en nombre de todos los procesados, y también lo hizo Larraitz Sanzberro para quejarse de que el fiscal manipuló sus declaraciones y pedir que «salga la verdad a la luz».

Tras recordar que han estado a la espera de este juicio más de siete años, el que fuera edil de Urretxu reclamó que, «en el nuevo escenario que se está abriendo, no se pongan límites a los instrumentos que sirven para profundizar en la democracia y la paz». Como un instrumento para alcanzar esos objetivos situó Garmendia a Udalbiltza, la institución nacional que agrupó a electos municipales de toda Euskal Herria elegidos democráticamente.

Siguiendo ese hilo, dijo que el proyecto de construcción nacional de Euskal Herria «no es patrimonio de ETA» y que la actuación de Udalbiltza «nunca siguió directrices de la organización armada. «¿Éramos de ETA sin saberlo?», preguntó ante el tribunal. Se mostró «orgulloso» del trabajo realizado y acusó a la Audiencia Nacional de «criminalizar» los planteamientos y actividades políticas independentistas.

Ugarteburu, que fue alcaldesa de Amoroto, presentó Udalbiltza como «un instrumento de solución, de aglutinación y de ejercicio de derechos democráticos». Así se dirigió a los magistrados: «Rogamos que no sea este tribunal quien cierre las puertas a un futuro que se vislumbra mejor para todos y para todas aquí y allá».

Reivindicó que la institución nacional nació para reivindicar a Euskal Herria como nación. «No nos los ordenó nadie, nos favoreció una coyuntura política tras el pacto de Lizarra-Garazi, que fue paso importante de cara a la solución pactada y democrática para solucionar un conflicto doloroso y sangrante».

«SU ÚNICO DELITO»

Jone Goirizelaia, al igual que los demás abogados de la defensa, pidió una sentencia absolutoria para los imputados. «Si son culpables de algo, se trata de un mismo delito: de querer a su país y querer construirlo», comentó ante el tribunal.

SIN RELACIÓN

Las defensas exigieron la libre absolución argumentando que no hay pruebas. «No se puede establecer relación con ETA sólo porque coincidan con los deseos de ésta en sus postulados», señaló el abogado Kepa Landa.

PUERTAS AL FUTURO

«Rogamos que no sea este tribunal quien cierre las puertas a un futuro que se vislumbra mejor para todos y para todas aquí y allá», señaló durante Maribi Ugarteburu, que puntualizó que Udalbiltza «no nació contra nada ni contra nadie».

CONSTRUCCIÓN NACIONAL

Joseba Garmendia, ex concejal de Urretxu, utilizó su última palabra para explicar que el proyecto de construcción nacional de Euskal Herria no es patrimonio de ETA. «¿Éramos de ETA sin saberlo? ¿cómo podemos serlo sin saberlo?», preguntó.

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