Los 50 trabajadores de las empresas Talleres Jaulice (calderería) y Pigran Ugao (pintura industrial) sitas en la localidad vizcaína de Ugao Miraballes y propiedad las dos del mismo empresario (Juan Antonio Jauregui) se encuentran desde hace ocho meses en una situación en la que nunca se imaginaron que pudieran llegar a estar. La última nómina la cobraron en mayo, y era la de marzo.

En aquella época las dos empresas trabajaban a ritmo vertiginoso debido a la gran carga de trabajo que había, pero las nóminas se retrasaban hasta el punto de que dejaron de ser ingresadas. La empresa en aquel momento realiza diferentes propuestas a los trabajadores. Primero propone un ERE de suspensión de empleo al 50% durante un año que los trabajadores no entienden, ya que 25 trabajadores no podrían afrontar todo el trabajo que estaba realizándose por 50.

Ante el rechazo de los representantes de los trabajadores a esa primera propuesta la empresa les propone crear una cooperativa. El trato pasaba por asumir las deudas generadas por los anteriores propietarios con la Seguridad Social y con otra empresa (de la cual el hijo del jefe era el dueño) y además aceptar que el dueño de la empresa siguiera en su cargo como socio de la cooperativa. Los trabajadores la tachan de inadmisible y no la aceptan.

Proceso judicial para cerrar

A finales de julio, sin nóminas cobradas y sin acuerdos, los trabajadores decidieron de forma unilateral paralizar la producción, aún habiendo pedidos en proceso. El ahogo económico empezaba a ser insostenible y los empleados aceptaron la propuesta de la empresa de acabar los pedidos en curso y utilizar el dinero generado por éstos para cerrar la empresa, cobrar las indemnizaciones e ir todos al paro. La propuesta no fue más que un engaño ya que, sin saberlo los trabajadores, se encontraba en situación de preconcurso de acreedores (una cobertura legal que permite al empresario manejar a su gusto los ingresos que genere durante los tres meses que dura el concurso) y sólo sirvió para engordar mas aún las arcas del empresario.

A finales de julio, mediante carta certificada los trabajadores reciben permiso de vacaciones indefinidas y retribuidas por parte de la empresa, en lo que denominan «un claro intento de calmar al personal y dividir a los trabajadores».

Desde agosto, inmersa en concurso de acreedores, la empresa ha pasado a ser supervisada por administradores designados por el juzgado de Bilbo aunque, según los trabajadores, «por la oficina siguen campando a sus anchas tanto el hijo del jefe como el resto de la familia Jáuregui». Las últimas noticias apuntan a que los administradores han solicitado un ERE de extinción acogiéndose a la nueva normativa, que plantea una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de una anualidad. Además la plantilla ha presentado una demanda contra las sociedades. El 19 de octubre estaba previsto el juicio, pero los abogados de la empresa presentaron un recurso alegando que los cargos no estaban claros y pedían una revisión. Asimismo alegaron el embarazo de una de las abogadas de la defensa para retrasar el juicio. El juez antepuso estas razones a la situación de los trabajadores.

Los trabajadores lo tienen claro. «La crisis y la falta de trabajo no son la razón por la que estamos en esta situación. Estas empresas han tenido gran actividad y los propietarios tendrán que explicar el origen del plan premeditado para cerrar Talleres Jaulice y Pigran Ugao».

Ocho meses después sigue habiendo 50 trabajadores sin nóminas cobradas. Ocho meses después la vida de 50 familias se ve afectada por una situación de extrema gravedad en la que el futuro se ve cada vez más oscuro y se ha perdido la esperanza de recuperar los puestos de trabajo.

Protestas

Después de meses de manifestaciones en Okondo (localidad donde reside la familia Jáuregui Urruticocechea) y Ugao, repartir propaganda, pegar carteles y de hacer todo lo posible para hacer pública la situación los trabajadores ven cómo «las fuerzas se van agotando mientras contemplamos cómo la justicia protege a los corruptos y se olvida de los más perjudicados».

La situación es kafkiana: Sin cobrar, sin poder trabajar, sin poder buscar un nuevo trabajo y sin poder solicitar el paro. «Sólo pedimos justicia para cobrar los retrasos y lograr la mayor indemnización posible, porque estamos en la calle de una forma injusta y fraudulenta» dice uno de los trabajadores.

Fruto de esta desesperación y de falta de soluciones los trabajadores han tomado la decisión de acampar indefinidamente a las puertas de la empresa, situada al pie de la carretera Bilbo-Burgos. «Lo mas importante que tenemos ahora es la unión entre todo el colectivo de trabajadores y aunque estemos flaqueando y pasando auténticos dramas económicos, seguiremos adelante».