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El estudio sobre la ayuda de la diplomacia alemana en el exterminio de los judíos acaba con un mito

La RFA supuso, a muchos niveles, una continuidad respecto al nazismo que se ha tratado de ocultar por todos los medios, pero que la historiografía está sacando a la luz. Y no es una cuestión histórica. El devenir alemán y europeo de los últimos años no se entiende sin un proceso previo de desmitificación de la historia.
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Ingo NIEBEL

Desde la fundación de la República Federal de Alemania en 1949, su Ministerio de Exteriores ha mantenido que durante el nazismo (1933-1945) había sido un nido de la resistencia antifascista. Como ejemplo se citaron los nombres de aquellos diplomáticos que fueron ejecutados en 1944 por su relación con el fracasado «golpe de los coroneles» contra Hitler.

«Fueron personas aisladas» aclara una comisión de cuatro historiadores que durante un lustro ha investigado por encargo del Ministerio su historia durante el régimen nazi. Concluye que, salvo las muy contadas excepciones, toda la jerarquía de dicha institución apoyó la política antisemita del partido nazi y de su führer. Su identificación con la misma era tal que ni siquiera intentó disimular que a partir de 1941 se procedía a matar a las personas de religión judía. Una de las muchas pruebas que los científicos encontraron en el Archivo Político del Ministerio de Exteriores (PAAA) era la factura que el diplomático Franz Rademacher presentó a la administración para saldar los gastos de un viaje a Belgrado. Como motivo de su traslado apuntó «liquidación de judíos». Otro de los hallazgos revela que el secretario de Estado, Ernst von Weizsäcker, aprobó que se le retirase la nacionalidad alemana al premio Nobel de literatura Thomas Mann por supuesta «propaganda hóstil contra el Reich».

Estas son algunas de las perlas que Eckart Conze y Norbert Frei, Peter Hayes y Moshe Zimmermann, han reunido en las 880 páginas de su obra «El Ministerio y su pasado. Diplomáticos alemanes en el Tercer Reich y en la República Federal». Tal y como indica el título, su trabajo abarca tanto el nazismo como el «reciclaje político» promovido por el primer canciller de la RFA, Konrad Adenauer, que sus diplomáticos han vivido hasta ahora. Por eso relata también por qué y cómo el ministro de Exteriores, el verde Joseph Martín Fischer, ideó esa labor investigadora después de haber decretado en 2003 que ningún diplomático que hubiera sido miembro del partido nazi o de las SS podría recibir homenaje alguno. Con ello, el político verde provocó un fuerte rechazo por parte de los afectados y de la derecha, que recordaron el pasado izquierdista de Fisher.

El debate sigue pero desde otros ángulos. Desde los ámbitos del PAAA, que es autónomo del Archivo Federal, se rechaza la afirmación de la Comisión investigadora de que se retenían ciertos documentos. Como excusa se esgrime el hecho de que los archiveros dependen de las órdenes que le vienen desde el Ministerio. Justamente por eso, hay voces que exigen la integración del PAAA en la estructura del Archivo Federal.

En su contra se argumenta que en el Bundesarchiv se suelen destruir las facturas de los viajes, que en el presente caso han probado la implicación de los diplomáticos en los crímenes nazis. Aparte de eso, los defensores de la reputación del Ministerio echan una cortina de humo, restando importancia a la investigación indicando que el estadounidense Christopher Browning trató el mismo tema ya en 1978 en una obra que está siendo traducida al alemán. También destaca el trabajo de Hans-Jürgen Döscher sobre «Las SS y el Ministerio de Exterior en el Tercer Reich» que en 1991 trazó la «diplomacia a la sombra de la solución final»

Finanzas y Gernika

Más allá de esta discusión, se ha pedido que otros ministerios como el de Finanzas se sometan a una investigación similar. Dicha institución era responsable primero de expropiar completamente a los judíos antes de que éstos subieran a los trenes que les llevaron a los campos de exterminio. Después de la guerra, los mismos burócratas hicieron todo lo posible para denegar indemnizaciones a los supervivientes. Esa fatal mentalidad también la vivió el político vasco Jesús María de Leizaola en 1965.

En su calidad de lehendakari del Gobierno de Euzkadi en el exilio, Leizaola solicitó al Gobierno alemán que se indemnizara a las villas de Durango y Gernika, afectadas por los bombardeos de la Legión Cóndor y a las personas que más tarde sufrieron la persecución nazi en territorio galo. El ministro de Finanzas rechazó la petición por razones legales, ignorando no sólo el cargo oficial que ostentaba Leizaola sino incluso la existencia del pueblo vasco, empezando su epístola así: «Incluso si las reivindicaciones de los «vascos» o del «Gobierno Vasco» pudieran estar razonadas por la actuación de las Fuerzas Alemanas(...)» Siguiendo esta línea, la respuesta no va dirigida al lehendakari sino sólo al Herr (señor) Leizaola.

El problema que se encuentra detrás de estos sucesos es que los burócratas alemanes no han cesado de operar de esta manera. Otro ejemplo lo ofrece Ulli Simon en sus recuerdos sobre el golpe militar de Pinochet (1973) en cuyo transcurso su padre fue desaparecido. Al final lograron sacarle del barco prisión y refugiarse con él clandestinamente en el recinto de la Embajada de la RFA, gracias a que un cura alemán les ayudó a superar todos los obstáculos que habían impuesto tanto el cónsul general como el embajador para no tener que ayudarles.

Ante este fondo es de esperar que la obra de los cuatro historiadores tendrá su continuación aclarando qué posiciones tomó la diplomacia alemana ante los vuelos secretos de la CIA y otras vulneraciones de los derechos humanos en la actualidad.

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