La vista judicial que se sigue en la Audiencia Provincial de Bizkaia por el escándalo de la Hacienda vizcaina contó ayer con la declaración del ex director general Javier Muguruza y del ex diputado foral de ese área Javier Urizarbarrena, además de varios inspectores fiscales. Entre los elementos que quedaron demostrados se encuentra el trato de favor que reciben determinados empresarios de este país para no dar cuenta de sus ganancias y, por otro lado, ocultarlas del conducto de la tributación.

Se esperaban ambas declaraciones, puesto que en la sesión inicial del 17 de enero, el principal imputado -el ex subdirector de la Inspección Fiscal, Juan Ramón Ibarra-, trasmitió la idea de que no podía mover un solo dedo, sin que sus superiores inmediatos, como Fernando Renedo y Javier Muguruza, lo conocieran. El ex director general de Hacienda, que señaló que fue íntimo amigo del principal acusado, dijo desconocer los entresijos en los que andaba Ibarra, y añadió que el 16 de octubre de 2002 se enteró del listado de beneficiarios y mandó destruirlo de manera fulminante, aunque Juan Ramón Ibarra le desobedeció, según dijo.

Muguruza, que fue director de Hacienda entre 1999 y 2003, explicó que se topó con esa lista el 16 de octubre ante «la resistencia reiterada a incluir a un contribuyente -asesor fiscal- Fernando Gómez en los planes de inspección, porque estaba en la lista de Ibarra, como me explicó el jefe de la Inspección, Fernando Renedo». Más tarde reconoció que ese asesor recibió «trato de favor» por parte de Ibarra y admitió que los listados que reclamó sobre el conjunto de supuestos beneficiarios «vinieron cortados, faltaban en torno a 23 contribuyentes, que aparecieron cuando «se intervinie- ron las copias de seguridad que guarda el sistema informático, una vez que intervino la Fiscalía Anticorrupción de Madrid».

No quedó claro en la vista qué pasó con quienes estaban en el listado de beneficiarios, una vez que se conoció. Lo que sí explicó con detalle fueron los «errores aritméticos» del asesor fiscal Fernando Gómez que acumulaban una deuda con la Hacienda vizcaina de 9 millones de euros. Denunció que el asesor recurrió y alargó el proceso durante años. En este caso, recordó que Gómez presentó, tras el proceso de quiebra de Mecapeña, unos honorarios de 170 millones de pesetas en 1999. En 2001 «otros honorarios importantes quiebra de Uribitarte» o «la actividad atípica de su esposa, que decía tener un negocio de fotocopias, que se reducía a una sola fotocopiadora por la que se le pagaba más de 100.000 pesetas cada mes y que estaba en el despacho de Gómez».

Señaló que en otros procedimientos irregulares figuraron el asesor Iñaki González y diversas sociedades que compartía. Mencionó a contribuyentes y empresas como Llantada Aguinaga, Talleres La Casilla, Laminados y Derivados, High Tecnology, en los que estaban Pedro María Abásolo, presidente de Tubos Reunidos, y Jesús Lobo.

Filtración

En relación a Iñaki González desveló que cinco personas de Hacienda decidieron abrirle un plan de inspección y «al día siguiente de tomada la decisión, presentó una declaración complementaria para evitar que se le investigara». Dijo que «siempre sospeché de que Ibarra le había comentado eso». Más tarde incluyó a otras inspeccionadas «lejos del control de Ibarra» y «no tengo conocimiento de que se hubiera filtrado nada».

Urizarbarrena dijo desconocer el método de trabajo pero explicó que «mantener una lista ponía al descubierto a esos contribuyentes que presentaban de- claraciones confidenciales alegando amenazas». Muguruza destacó, después de la intervención del abogado de Ibarra, que González estuvo en el listado confidencial -«según dijo por estar amenazado por ETA»- pero «a mí me dijo que eran unos matones los que le seguían hasta el autobús de su hijo».