La condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español por imponer a Arnaldo Otegi un año de prisión a causa de unas declaraciones realizadas cuando era parlamentario es, en primer lugar, una buena noticia, en tanto que sale en defensa de la libertad de expresión, tantas veces pisoteada por ese mismo estado. A este respecto, resulta significativa la afirmación del tribunal de que nada puede justificar la imposición de una pena como la soportada por el dirigente abertzale en el contexto de un debate de interés público legítimo. Menos aún, cuando se trata de las declaraciones efectuadas por un cargo elegido por el pueblo, tal como se recuerda en el fallo.

La sentencia constituye, asimismo, el tercer revés que las instituciones españolas sufren en Estrasburgo en menos de seis meses, tras las condenas por no investigar las denuncias de tortura de Mikel San Argimiro y Aritz Beristain, esta última conocida hace apenas una semana. Un toque de atención -«auténtico correctivo» según el diputado de ERC Joan Ridao- para un estado acostumbrado a actuar de forma impune en el «tema vasco» y al que ahora se le estrecha el terreno de actuación. El interés internacional por los movimientos producidos en Euskal Herria y los llamamientos a Madrid desde diversas instancias para que responda adecuadamente a los mismos acentúan esa sensación.

Por otra parte, la condena de la Sala Tercera del TEDH por el «caso Otegi Mondragon contra España» vuelve a llevar al plano internacional y coloca ante la opinión pública la situación del principal interlocutor de la izquierda abertzale, en prisión desde hace casi año y medio por poner los cimientos de ese nuevo escenario político del que habla media Europa y del que se hace eco todo el mundo. En este contexto, del mismo modo en que Estrasburgo recuerda ahora que el derecho a la libertad de expresión es «precioso», no está demás decir que Otegi debería estar en libertad para ejercer plenamente y sin limitaciones ese precioso derecho.