El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha condenado al Estado español por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de Arnaldo Otegi. Éste fue condenado a un año de prisión por un delito de «injurias al rey» por referirse a Juan Carlos de Borbón como «responsable de los torturadores».

La decisión fue tomada por una sala de la Sección Tercera del TEDH, presidida por el magistrado andorrano Josep Casadevall, y respalda los argumentos de Otegi, que alegaba en una demanda presentada en 2007 que la condena constituía un atentado injustificado contra su derecho a la libre expresión. Este mismo magistrado presidió el tribunal que ratificó la ilegalización de la izquierda abertzale en junio de 2009.

Con esta sentencia, es la segunda vez en menos de un mes que Estrasburgo condena al Estado español por un tema relacionado con las torturas. Concretamente, el 8 de marzo se emitió una sentencia condenatoria por no investigar la denuncia de maltratos efectuada por el detenido Aritz Beristain. El pasado setiembre ocurrió lo mismo por no indagar el caso del preso Mikel San Argimiro.

Con la sentencia que ayer se conoció, el Tribunal Europeo condena al Estado a pagar a Otegi, a quien se le impuso una pena «particularmente severa» y «desproporcionada», 20.000 euros por daños morales y los 3.000 que cuestan las costas del procedimiento.

«No atentaron contra el rey»

Los magistrados del Tribunal de Estrasburgo critican en su resolución que el monarca español cuente con un nivel de protección más elevado que el de otras personas: «El hecho de que el rey ocupe una posición de neutralidad en el debate político, una posición de árbitro y de símbolo de la unidad del Estado español, no puede ponerle al abrigo de todas las críticas en el ejercicio de sus funciones oficiales».

El tribunal explica que «una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos». La sentencia recuerda que las críticas del que fuera entonces portavoz de Batasuna «no atentaron contra la vida privada del rey o su honor personal, ni tampoco cuestionaron la forma en la que el monarca accedió a sus funciones oficiales, ni le atribuían responsabilidad individual en la comisión de una infracción penal concreta».

Torturas del «caso Egunkaria»

El 26 de febrero de 2006, cuando Otegi era parlamentario en Gasteiz, y en referencia a las torturas que los arrestados de «Egunkaria» habían denunciado, dijo ante la prensa: «¿Cómo es posible que [líderes políticos vascos] se fotografíen hoy en Bilbo con el rey de España cuando el rey de España es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y el que protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y la violencia?». Ese día, el rey español inauguró una central eléctrica en Bizkaia en compañía del entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe.

Tras estas declaraciones la Fiscalía se querelló contra el dirigente abertzale por «injurias graves al rey». El TSJPV sentenció primero a favor de Otegi indicando que «la crítica de una institución constitucional está amparada por el derecho a la libertad de expresión», aunque detalló a la vez que las declaraciones fueron «claramente ofensivas, impropias, injustas y ajenas a la realidad».

Aun así, tras el recurso planteado por el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo español condenó a Otegi a un año de prisión como autor de un «delito de injurias graves al rey» y el Tribunal Constitucional ni siquiera admitió el recurso de amparo presentado. Según esta institución las afirmaciones del portavoz de la izquierda abertzale sobre el monarca superaban de manera «patente», por su «carácter infame», el nivel de lo lícito. En enero de 2007, Otegi, defendido por los abogados Didier Rouget y Jone Goirizelaia, presentó su demanda.

En opinión del TEDH, el derecho a la libertad de expresión es «precioso» para todos, pero aún más para «un cargo elegido por el pueblo», como lo era entonces Arnaldo Otegi en calidad de parlamentario. Los jueces defienden que las manifestaciones realizadas por el portavoz constituían «un juicio de valor» que pueden enmarcarse «en un debate más amplio sobre la responsabilidad de las FSE en casos de malos tratos».

A pesar de admitir que el lenguaje utilizado por Otegi era «provocador», la Sección Tercera agrega que «a cualquier persona que participa en un debate público de interés general» debería permitírsele «una cierta dosis de exageración». La sentencia pone también de manifiesto que, a pesar de que las palabras de Otegi «pintan un cuadro negativo sobre el rey», no animan a la violencia.

«Que tomen nota»

Tras conocer la resolución, la izquierda abertzale pidió ayer al Gobierno español que tome «buena nota» de la sentencia. En una nota de prensa, los independientes explicaron que «hasta hace bien poco Madrid alardeaba de que Europa ratificaba su estrategia represiva» y añadieron que «ahora debería de tomar buena cuenta de los diversos pronunciamientos que se están dando a nivel internacional respecto a la situación creada en Euskal Herria».