El ex diputado foral de Administración Local de Araba, Alfredo de Miguel, se presentó ayer en el Parlamento de Gasteiz para comparecer ante la comisión que investiga el denominado «caso Miñano». Sin embargo, De Miguel no declaró ante los grupos parlamentarios, sino que se ciñó a manifestar su inocencia ante los medios de comunicación presentes en la Cámara.

Durante su intervención, el principal imputado en el también llamado «caso De Miguel», defendió su actuación en la Diputación de Araba y se mostró contrariado porque, según comentó, algunos parlamentarios ya le han considerado «culpable».

En su discurso, De Miguel destacó que la denunciante, Ainhoa Alberdi, la empresaria que destapó la presunta trama de corrupción, fue su abogada en distintas ocasiones, incluidas las que han llevado a su imputación.

Asimismo, el encausado afirmó que la denuncia por la que fue detenido tiene como motivación, precisamente, una deuda que Alberdi tenía contraída con Kataia Consulting, empresa en la que participaba De Miguel. Manifestó que «única y exclusivamente» se reclamó el pago de una deuda a Alberdi y «nunca» se le solicitó el pago de una comisión, tal y como afirmó ésta en su declaración ante los tribunales. «¿Qué sentido tiene que de buenas a primeras le pida una comisión a una persona con la que tenía una fluida relación y que me prestaba servicios como abogada?», cuestionó.

Además, De Miguel descartó cualquier vinculación con la adjudicación de contratos a la empresa Urbanorma Consulting, participada por Alberdi, en el Parque Tecnológico de Miñao.

A este respecto, el ex diputado foral dijo que las reuniones que mantuvo con Alfonso Arriola, ex director del Parque Tecnológico e imputado en la trama, y Alberdi, «se produjeron siempre en calidad de diputado y consejero».

Del mismo modo, rechazó las supuestas irregularidades acometidas por los imputados del «caso Miñano» en el Departamento de Cultura durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe, y señaló que la adjudicación de contratos se basó en las pautas marcadas por la ley.

El ex dirigente jeltzale también abordó su actuación en la recalificación de suelos acometida en la localidad de Zanbrana. Una actuación en la que, según explicaron en su día los técnicos forales durante su intervención ante la comisión de investigación que se creó con tal motivo en las Juntas Generales de Araba, no se produjo ninguna irregularidad.

Incompatibilidad

Por último, durante su alegato, Alfredo de Miguel aseguró que nunca ha incurrido en «incompatibilidad alguna» durante su etapa en el gobierno foral y puntualizó que, en el caso de haberse dado dicha situación, él hubiera renunciado a su cargo en la sociedad Landaburu Etxea, de la que era apoderado.

En cuanto a su relación con Kataia Consulting y Eskalmelo, alegó que la participación en las mismas figuraba en su declaración de bienes e intereses, «por lo que pretender que se trata de algo oculto es absurdo». «Si estaban declaradas, en ningún caso son, como pretenden algunos, empresas tapadera», añadió.

Tras finalizar las explicaciones sobre su actuación en las distintas ramificaciones del «caso Miñano», De Miguel cargó contra la propia comisión de investigación del Parlamento de Gasteiz, a la que acusó de no respetar su presunción de inocencia y de cuidar el derecho a la imagen de los comparecientes en función del nombre de los mismos.

Por su parte, el parlamentario del PSE Óscar Rodríguez acusó al PNV de intentar «desprestigiar» a la comisión de investigación, y denunció que los jeltzales dan «cobertura política» a los quince imputados en el presunto caso de corrupción. «La institución es mucho más importante que cualquier partido político», sentenció.