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Facultativos asisten a represaliados vascos en la asociación Jaiki Hadi

Médicos, sicólogos y ex presos políticos comparecieron ayer en Bilbo para presentar de manera pública la asociación Jaiki Hadi, que lleva trabajando en silencio desde hace dos años, asistiendo a personas que sufren la violencia política de los Estados español y francés. Ahora han dado la cara para reivindicar las necesidades asistenciales de una parte afectada por el conflicto que las instituciones invisibilizan.

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Joseba VIVANCO | BILBO

El proceso de solución del conflicto vasco que se está anclando en Euskal Herria ayuda, pero la sociedad vasca debe comprometerse aún más. Y ayer le hicieron ese emplazamiento. Las personas que en las últimas décadas se han visto afectadas en uno u otro lado son muchas, demasiadas. Pero como suele ocurrir, las instituciones públicas vuelcan su atención en una parte, mientras olvidan de manera consciente la otra. Ésta última es la que conforman «aquellos afectados por la violencia política del Estado, a quienes no sólo no se les proporciona ninguna asistencia, sino que además se les intenta convertir en un colectivo invisible».

Es la denuncia y a la vez el llamamiento que lanzaron ayer en Bilbo los integrantes de la asociación Jaiki Hadi, que se presentó en público -lo hizo en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia- para reclamar, ahora con más fuerza si cabe, «el respeto a todos los derechos de toda la ciudadanía», especialmente en este caso la de aquella parte que no es reconocida desde las administraciones en una actitud tomada «con el único ánimo de criminalizarla».

«Extender el respeto»

Profesionales de la salud, entre ellos sicólogos, siquiatras y médicos, así como personas ex presas, conforman esta red que se viene tejiendo en silencio desde hace un par de años y cuyo objetivo ha sido prestar asistencia a cualquiera que haya sufrido o sufra la violencia política en Euskal Herria por parte de los estados español y francés. Es una labor a la que ahora quieren sumar más apoyos desde todos los ámbitos, porque esa parte humana del conflicto que suele ser silenciada desde los poderes públicos se enfrenta cada día a no pocas trabas y problemas, tanto dentro como fuera de las cárceles.

«Es el momento de extender este respeto», insistieron quienes actuaron ayer como portavoces de esta asociación, el facultativo Xabier Onaindia y la ex presa Anabel Prieto. «No puede seguir manteniéndose en la invisibilidad y la criminalización a un colectivo social fundamental en Euskal Herria», reiteró el primero de ellos. Jaiki Hadi no hizo en su día sino recoger el testigo de aquellos profesionales que venían prestando ya su asistencia médica y sicoterapéutica a quienes habían sido víctimas de la represión policial.

Sólo en el año 2010, de los 82 detenidos, 78 denunciaron haber sufrido malos tratos. Ésa la realidad del tránsito por comisarías y cuarteles, a la que hay que sumar el paso por prisión y el no menos problemático y a menudo olvidado contacto con la vida en libertad.

Prestar ayuda y asistencia en cada uno de esos momentos es el trabajo silencioso y ahora público de Jaiki Hadi. «Son muchas las consecuencias físicas, síquicas y sociales derivadas de estas situaciones», puso sobre la mesa Anabel Prieto. «Y nuestro trabajo no es fácil, porque continuamente encontramos trabas de todo tipo», añadió.

Sin asistencia directa al preso

El `protoloco Garzón' para evitar las torturas, denuncia Jaiki Hadi, «resulta insuficiente», a lo que se suma la «nula colaboración» de forenses de la Audiencia Nacional y la «actitud obstruccionista de la custodia policial». La situación, por tanto, «dista mucho de garantizar la prevención de los maltratos».

Pero las trabas se trasladan a la propia cárcel. Es misión casi imposible que la persona presa puede recibir la asistencia sicológica que precise, y cuando se obtiene autorización, «se nos imponen condiciones que vulneran los propios principios de la terapia», expuso Onaindia.

«Desde hace más de diez años, además, se nos impide la asistencia directa a nuestros pacientes presos, a pesar de estar contemplado como derecho en la legislación penitenciaria», subrayó. Se impide la intervención médica externa, al tiempo que, acusó, «la atención penitenciaria raya la negligencia». No es de extrañar, manifestaron, que la salud del colectivo preso «se haya ido deteriorando con el paso de los años».

Cuando llega la libertad

Incomunicaciones, impunidad ante los malos tratos, incertidumbre familiar ante interminables jornadas en comisaría, dispersión, peregrinaje carcelario, alargamiento de penas... Pero desde Jaiki Hadi no olvidan tampoco el día en que la condena finaliza. Para ello, un grupo de ex presos, integrados en Harrera Taldea, trata de aportar su experiencia y ayuda a quienes recobran la libertad tras años alejados de su entorno familiar y de la realidad social y laboral.

«En la mayoría de los casos, se encuentran institucional y socialmente desprotegidos», recuerdan. Buscar una vivienda, lograr una cobertura sanitaria, obtener el subsidio de excarcelación... se convierten en «problemas insalvables» y que requieren de ayuda. El objetivo último lo refleja su propio nombre: Jaiki Hadi (Levántate).

red social

Los integrantes de Jaiki Hadi no olvidan a quienes recobran la libertad tras años de largas condenas de cárcel y apuestan por la ayuda colectiva para establecer, dicen, «una red social de protección para estas personas ex-presas»

Ser atendido por un médico de confianza

Quienes integran Jaiki Hadi hicieron una exposición de cuál es su labor y las dificultades con las que se topan, ya sea cuando alguien es detenido como cuando pasa a prisión o cuando queda en libertad tras una larga condena. A partir de ahí, su emplazamiento a la sociedad vasca se fijó en dos sentidos. Por un lado, fue un llamamiento a recabar adhesiones individuales y colectivas en base a tres mínimos que creen «imprescindibles».

De una parte, la defensa de que toda persona presa «tiene derecho efectivo a ser asistida por un médico o sicólogo de su confianza en prisión». Una exigencia que, reiteran, «debe llevarse a cabo en condiciones de confidencialidad y accesibilidad». De la misma forma, esgrimen que debe ser eliminado el régimen de incomunicación de las personas detenidas, «pues en sí mismo es una forma de maltrato». Y un tercer consenso básico sería la concesión de ayudas y protección social a los excarcelados. «Han de adoptarse las medidas necesarias para garantizarse el derecho a la asistencia sanitaria, así como el acceso a la vivienda y trabajo de las personas salidas de prisión».

Finalmente, el otro «mínimo imprescindible» que propone Jaiki Hadi es el de pedir la implicación de profesionales sanitarios, agentes empresariales y responsables institucionales para que favorezcan la «atención integral de las personas objeto de esta declaración, que también han sufrido y sufren los efectos de conflicto político que vive Euskal Herria». J.V.

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