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REPORTAJE | tras el 22-m

La política carcelaria también perdió en las urnas

La del domingo fue noche de expectación añadida para los 705 miembros de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa, obligados a seguir el recuento electoral con la escasa información que llega a cientos de kilómetros, desde una celda y sin contacto fácil con los «kides». Así que los teléfonos han echado humo entre semana. Mientras, el nuevo mapa propicia que la cuestión penitenciaria entre en las agendas institucionales.

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Ramón SOLA I

AManu Ugartemendia las noticias le llegaron antes que a nadie: Bildu había ganado por sorpresa en su localidad, Orereta, logrando un concejal más y 1.331 votos más que el PSE. Su caso es especial: se encuentra en un centro de retención de París y resulta posible conversar con él telefónicamente. No fue mala manera de acabar un domingo muy duro. Ugartemendia estaba en huelga de hambre desde el 2 de mayo.; es decir, pasó toda la campaña electoral sin comer para plantar cara a la amenaza de expulsión al Estado español. Cerca de Orereta, en Oiartzun, lo habría celebrado Ander Errandonea, cuyo gesto de pedir el voto a Bildu a la salida de prisión agitó la campaña.

El resto de presos políticos vascos también siguió la jornada con expectación, auténtica avidez en muchos casos. Sólo los siete miembros de EPPK en prisión atenuada en sus casas y los nueve encarcelados en Euskal Herria tuvieron acceso directo a los medios vascos. A los otros 541 encerrados en prisiones del Estado español, a una media de casi 700 kilómetros, sólo les llegó la información genérica de los medios estatales. Menos aún tuvieron los 146 encarcelados en el Estado francés, y qué decir de Andoni Zengotitabengoa, preso en Monsanto (Lisboa) o de Fermin Vila, encerrado en Belfast.

Aunque evidentemente no todos votaron, bien por voluntad propia o por imposibilidad técnica, familiares coinciden en que el seguimiento de este 22-M en las prisiones fue grande. A la espera de la prensa escrita, que en muchos casos no habrá llegado hasta finales de esta semana, las llamadas telefónicas y los vis a vises han sido la fuente de obtención de datos. Números que convertir luego en análisis y debates en el patio.

Si los presos tuvieron muy presentes las elecciones, los votantes tampoco se olvidaron de los presos. Etxerat ha valorado positivamente el resultado de su llamamiento a acudir a las urnas con pegatinas con la repatriación, que lucieron también las prendas de muchos interventores.

¿Y ahora?

La iniciativa tenía dos objetivos: por un lado, mostrar la existencia de una mayoría social contra la política penitenciaria; por otro, interpelar a los partidos para que asuman esta realidad y adopten compromisos. Etxerat considera que es pronto para valorar si este 22-M puede suponer un punto de inflexión en este sentido. Lo medirá en próximos contactos. Pero hay un dato objetivo: desde el domingo, existen mayorías políticas en favor de los derechos de los presos políticos vascos en muchas más instituciones que antes.

La irrupción de Bildu garantiza de entrada que la cuestión penitenciaria entre en las agendas de ayuntamientos, juntas y Parlamento navarro, en los que el tema ha brillado por su ausencia o ha tenido una plasmación muy puntual y discontinua en estos últimos años. Bildu ha avanzado además que sus casi 1.200 electos tendrán como misión prioritaria impulsar una mesa de diálogo multipartito que aborde, sin exclusiones de agentes ni de temas, la pacificación y la normalización política. De modo paralelo, es sabido que el Acuerdo de Gernika aprobó entablar contactos con EPPK, a petición del Colectivo, mediante una interlocución que está integrada precisamente por las tres sensibilidades políticas que confluyen en Bildu: Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB; Oskar Matute, portavoz de Alternatiba, y Maider Karrere, secretaria general de Gazte Abertzaleak.

El «tirón» de Bildu contribuye además a que dirigentes de otros partidos empiecen a abrir sus discursos en esta materia. El caso más claro es el del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que admitió el jueves que «este Parlamento [de Gasteiz] se tiene que pronunciar sobre los presos, probablemente también sobre la llamada Comisión de Verificación y sobre otras cosas».

PSOE y PNV

En realidad, Eguiguren lleva varios meses lanzando mensajes a su partido de que la cuestión penitenciaria debe ser abordada ya junto a la de la legalización. Por el momento, sin respuesta. El presidente del PSE cree que esta actitud les ha pasado factura en las urnas: «Algunas cosas que había que hacer no se han hecho», se queja. En cualquier caso, prevé también que «con la situación que hay en Madrid, será difícil». La decisión confirmada ayer por el PSOE de dar todo el poder a Alfredo Pérez Rubalcaba no parece favorable. Pero queda por ver si el PSE toma una posición más autónoma respecto a Madrid en este terreno. Ayer mismo Odón Elorza, ya fuera de la puja por la Alcaldía de Donostia y reconocido como un «verso libre» dentro del PSOE, se ofrecía a su partido como promotor de «ideas frescas» para avanzar hacia la pacificación.

Por lo que respecta al PNV, a mitad de campaña, cuando ya se intuía una poderosa irrupción de la coalición independentista y de izquierdas, los candidatos jelkides presentaron una serie de compromisos para su labor en las instituciones, bajo el título ``Convivencia en paz en nuestros pueblos''. Se trata de un documento de tres folios que promete que sus electos intentarán «asentar la paz con hechos» a partir de los ayuntamientos. Se esbozan ámbitos como las «víctimas», los derechos humanos en genérico o el campo educativo, pero no hay alusiones a los presos.

De momento, por parte del PNV predomina la ambigüedad o el intento de ganar tiempo en discursos como el de Markel Olano, que no renuncia a continuar como diputado general en Gipuzkoa. Así, en campaña defendió en una mesa redonda en ETB que «hay que llegar a un acuerdo, también con los presos», pero en GARA admitió que «hasta el momento no hemos entrado en esta cuestión» y que el PNV sólo lo hará «en la medida en que el proceso se vaya consolidando y que haya propuestas concretas».

Hernani, un caso simbólico

Con voluntad política, hay opciones de implicar a las instituciones en la cuestión carcelaria. Un ejemplo es el de Hernani, donde esta pasada legislatura la mayoría municipal de la izquierda abertzale creó una comisión informativa sobre los presos, para analizar su situación y tomar medidas.

La decisión levantó la habitual polvareda mediática en Madrid y fue recurrida por la Abogacía del Estado. Pero hace aproximadamente un año, el Juzgado de Donostia dio la razón al Ayuntamiento de Hernani, y muy recientemente su dictamen lo ha refrendado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El TSJPV aclara que no hay conflicto competencial entre el Consistorio y el Gobierno español, sino que la comisión «se inserta en el libre margen de autonomía e iniciativa interna» del Ayuntamiento.

Para cuando ha llegado este fallo judicial, la persecución estatal ya había dejado una consecuencia colateral irreparable: la comisión se usó también para ilegalizar a ANV. R.S.

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