Los once magistrados que integran el Pleno del Tribunal Constitucional español dieron ayer por cerrada la sesión en la que estudiaban dieciséis recursos de amparo presentados por otros tantos prisioneros contra la aplicación de la denominada «doctrina Parot». Esa interpretación, puesta en vigor con un claro impulso político, conlleva que el cómputo de las redenciones que se aplican a una persona condenada se realice sobre el total de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años.

El Pleno del Constitucional concluyó la reunión sin fijar nueva fecha para retomar la cuestión, por lo que es probable que el acuerdo final no se produzca hasta setiembre, según informado fuentes judiciales a Europa Press.