No te pongas enfermo», avisa un gran cartel a la entrada del Hospital de Bellvitge, uno de los más grandes del área metropolitana de Barcelona. Los propios trabajadores advierten del peligro de los recortes, que han provocado el cierre de una de cada cuatro camas hospitalarias. Son las consecuencias de un tijeretazo sanitario sin precedentes en Catalunya. Los primeros presupuestos de CiU tras siete años de tripartit han reducido un 10% el gasto en sanidad. En total, dicen que se ahorrarán 1.000 millones de euros sólo durante este año, aunque, para lograrlo, el 25% de las camas permanezcan cerradas durante el verano, mientras que muchos ambulatorios, urgencias y centros de atención continuada ven reducida su actividad. En algunos casos, hasta la clausura definitiva.

Los gestores de la Generalitat aseguran que se trata de una medida temporal. «Están degradando la sanidad pública a niveles que nunca habíamos conocido», asegura por contra Paloma De Lacalle, de la Confederación General del Trabajo (CGT) del hospital Bellvitge. La gran pregunta sigue siendo qué ocurrirá a partir de octubre. No se puede olvidar que el Ejecutivo de Artur Mas logró sacar adelante las cuentas gracias a la abstención del PP, en aquella sesión del 15 de junio en la que algunos parlamentarios (entre ellos el president) terminaron accediendo a la cámara en helicóptero por las protestas.

Catalunya ha sido la primera. Pero se ha extendido la sospecha de que la operación podría repetirse a la inversa, en caso de que Mariano Rajoy necesite el apoyo de los convergentes tras las elecciones españolas del próximo mes de noviembre.

De Lacalle pasea muda por las quince plantas cerradas de Bellvitge. Desde la ventana de un pasillo desierto observa unas obras y explica que están construyendo quirófanos nuevos. «Los está construyendo la Generalitat, pero luego lo gestionará una empresa privada», explica. Al mismo tiempo, varios quirófanos permanecen cerrados ahí mismo por culpa de los recortes.

Ante esta situación, los trabajadores del Bellvitge llevan 21 semanas cortando la Gran Vía cada miércoles. De Lacalle asegura que padecen un déficit de «entre 25 y 40 camas cada día, lo que hace que las urgencias -también recortadas- estén saturadas día sí y día también». Solo en este hospital hay 300 camas inutilizadas. Y la imagen se repite en muchos centros de todo el Principat.

Consejero de la Patronal

«La crisis es una excusa. Se quieren cargar la sanidad pública y que todos tengamos que ir a la mutua privada», dice De Lacalle. Puede parecer una exageración, pero el consejero de Sanidad, Boi Ruiz, no ayuda a desmentirlo. En una de sus primeras declaraciones públicas, declaró sin tapujos: «Evidentemente, creo que una mutua privada es una solución para el sistema de salud pública». Ruiz era el jefe de la patronal de la sanidad privada antes de acceder a su cargo actual.

Desde el mismo departamento, el secretario de Estrategia y Coordinación, Francesc Sancho, explica a GARA que las «reformas» se están aplicando en tres sentidos. «Por un lado, como se hace cada verano, hemos cerrado camas, ya que en este periodo la afluencia a los hospitales disminuye. Por otro, concentramos las operaciones delicadas en lugares concretos». Por ejemplo, los hospitales que atienden patologías como el Código Ictus han pasado de seis a dos. Según explica Lacalle, uno de ellos es el de Bellvitge, en el que las unidades de neurología y neurocirugía, en los que se trata el Código Ictus, se han recortado en un 33%. A los sanitarios les llegarán más pacientes, pero tendrán menos recursos. «Por último, hemos cerrado o disminuido la actividad en algunos Centros de Atención Primaria (CAP) y en otros de atención continuada», cierra Sancho. «En la mayoría de esos centros, la media de visitantes era de 0,4 a 2 personas».

Cabría preguntarse qué son 0,4 personas. Pili y su marido, Pedro, que depende de una silla de ruedas para moverse, no lo saben. Ellos son dos. Están sentados en el barrio de Sant Feliu, en Hospitalet, delante del ambulatorio al que han acudido toda la vida y que permanece cerrado desde hace algunos días. Un batallón de octogenarios ocupó el centro durante una semana para protestar por su cierre, aunque no consiguieron más que despertar la curiosidad de los medios de comunicación durante algunos días.

Ahora, para ir al médico, Pili tiene que esperar un autobús que pasa cada 25 minutos y, cuando llegue el transporte, confiar en que tenga una rampa para las sillas de ruedas. En caso contrario, le toca esperar otros 25 minutos, a ver si con el siguiente autobús hay más suerte. «Es un drama, no tenemos edad para aguantar estas cosas», declara Pili, con gesto cansado.

Hospitales concertados con ERE

Uno de los principales miedos que afectan, tanto a trabajadores como a usuarios, es el riesgo de que estos cierres, supuestamente temporales, continúen más allá de la fecha prevista: el 3 de octubre. Desde la Generalitat, Sancho admite que, en algunos casos, las clausuras son definitivas, pero insiste en reafirmar su voluntad de reabrir el resto «según lo previsto».

Desde Bellvitge, la CGT no se fía. De Lacalle destaca que la empresa de limpieza subcontratada ya ha presentado un Expediente de Regulación para dos años. «Eso pasa porque ya saben que a partir de octubre habrá menos salas para limpiar», declara. Los trabajadores temen también despidos a partir del próximo otoño. De momento, la mayoría de sindicatos denuncia un «ERE encubierto» que afecta a los trabajadores temporales. «En Bellvitge 700 eventuales están ya en la calle», denuncia De Lacalle, quien añade que el desempleo en el sector «se sitúa en un 40%». UGT y CCOO estiman que los recortes amenazan con dejar en el paro a más de 7.000 profesionales de aquí a fin de año.

Sancho tranquiliza asegurando que en los hospitales públicos no habrá despidos de los trabajadores en plantilla, pero advierte que en los concertados (privados con acuerdos con la administración), que abundan en el Principat, «serán los gerentes los que tendrán que ver como se adaptan a los recortes presupuestarios». Juan Antonio Vázquez, de la Federación de Sanidad de CCOO de Catalunya, asegura que «la Generalitat se lava las manos con las concertadas», denunciando que «la administración deja en manos de gestores privados las medidas a tomar pese a que muchas son de propiedad pública». Al final, «quien paga los platos rotos es el trabajador, al que le bajaron el sueldo como a todos los empleados públicos y que ahora está con un ERE y con la amenaza de ser despedido, porque en realidad no es un funcionario», denuncia el sindicalista.

CGT proyecta protestas a partir de septiembre. También los usuarios han salido a la calle, ocupando centros de atención primaria por todo el Principat. Otras centrales, como CCOO, se muestran más tibias. En lo que todos coinciden es en predecir un otoño triste y complicado, y también en advertir de que esto sólo es el principio. «Los presupuestos aquí se aprobaron gracias al PP; ya veréis a partir de noviembre», acaba Paloma. La llegada de Rajoy a La Moncloa podría extender la tijera a todo el Estado español.