Una de las piedras de bóveda de cualquier sistema democrático medianamente normal es que los cuerpos policiales se encargan de cumplir y hacer cumplir la ley (que ésta sea justa e injusta es otro debate). Pero no está claro que un principio tan de cajón rija hoy día en el Estado español. Este periódico reproducía ayer las declaraciones del jefe de la Policía Municipal de Iruñea, Simón Santamaria, afirmando que «el Estado no ha cumplido» y que la legalización de Bildu «ha sido un error». En cualquier país de este entorno, Santamaría habría sido destituido al momento y sus responsables políticos deberían dar algunas expli- caciones por su nombramiento; en el Estado español, por contra, sus frases ni siquiera serán noticia. Pero la pregunta queda sobre la mesa: ¿Qué Estado es ése en que hasta el mando de una policía local se sitúa a sí mismo por encima de su máximo tribunal?

Quizás alguien crea que se trata de una excepción. Pues no. El mismo domingo, otros dos portavoces policiales censuraron al TC y, por ende, al Gobierno español por no vetar a Bildu. El secretario de organización de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebreda, ligó primero con ETA la manifestación celebrada el sábado en Donostia por los derechos civiles y exigió después que Bildu no esté en las elecciones del 20-N porque antes «alguien ponga algo de cordura ante esta situación». Por su parte, el presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), José Angel Fuentes, afirmó que «el Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad ante la reiteración de manifestaciones». Policías que dan las órdenes a gobiernos. El mundo al revés.

Pero Santamaría, Nebreda, Fuentes y toda su larga tropa tendrán respuesta fácil si algún superior político, como sería lógico, les llama a su despacho. Al fin y al cabo, sólo horas antes el portavoz del Gobierno español, José Blanco, había afirmado por enésima vez que Bildu «está siendo vigilado» y que «en el momento que no se cumpla con la ley, se le someterá a ella». Gasolina para que grupúsculos como Manos Limpias corran a prender fuego; poco después trasladaba a la Fiscalía 54 «pruebas», para que ata- que ya a la coalición y a sus 314.000 votantes.

Así las cosas, son los dirigentes del PSE quienes tienen que sacar la manguera. Desde su retiro vacacional, Patxi López salía a escena ayer en ``El País'' para dejar claro que no se cuestiona la legalidad de Bildu, «sino su actitud». Y para indicar a las víctimas de ETA, a las que muchos aprovechateguis intentan convertir en puntas de lanza contra Bildu, que «lo que hay en las instituciones es una coalición legal, avalada por el Constitucional; no deberíamos confundir los términos». Su sustituta, Isabel Celaá, también había aparecido algo apurada en ``El Diario Vasco'': «Sé que el PP está planteando la posibilidad de ilegalizarlos, pero yo no quiero ponerme de ninguna manera en esa tesitura».

Ni siquiera Alfredo Pérez Rubalcaba camina con soltura por esa cuerda floja. Mientras intenta presionar a Bildu un día sí y otro también, precisa al mismo tiempo que sólo quiere decir que la actuación de la coalición «no me gusta» pero que acepta que la decisión del TC «abre otra fase». Sin embargo, estos matices pocas veces llegan a los titulares en Madrid, con muchos medios ultras ávidos de leña para reavivar hogueras que se van apagando, con un PP en busca de contradicciones que explotar para llegar a La Moncloa, y con policías que advierten barra libre hasta para cuestionar las leyes, sus leyes.

El episodio es un síntoma más del descontrol existente en el Estado español a la hora de afrontar los nuevos tiempos en Euskal Herria. Es el desconcierto lógico tras años de irresponsabilidad en los discursos políticos, de tergiversación en los medios, de impunidad en los cuarteles, las comisarías y las cárceles, de incoherencias e injusticias en los tribunales. Resulta desolador que a estas alturas el candidato del PSOE em- piece a intentar hacer pedagogía entre la misma opinión pública embrutecida durante años, y que aún esté por la primera lección: «Hay independentistas».

Pero es lo que hay. Un Estado dividido y descabezado que, paradójicamente, amenaza con convertirse en un problema para los vascos, que no saben si su necesario interlocutor futuro vivirá en La Moncloa o si tendrá que consultar primero a algún sargento chusquero.