El mes de agosto empezaba con caídas en las bolsas y una subida sin precedentes de la prima de riesgo del Estado español e Italia que obligaban al jefe del ejecutivo español a suspender sus vacaciones en Doñana. Y el mes de agosto termina con una reforma constitucional pergeñada entre bastidores por el PSOE y el PP antes de que se pudiera organizar cualquier tipo de rechazo a la misma. Mucho se ha hablado sobre los aspectos democráticos del procedimiento, menos sobre el alcance económico de la reforma.

A falta de conocer el texto definitivo, la reforma plantea modificar el artículo 135 de la Constitución para introducir un apartado que obligue a todas las administraciones públicas a partir del año 2020 a que sus presupuestos no tengan déficit, es decir, que los gastos que se presupuesten sean iguales a los ingresos que se esperen recibir. A primera vista parece una propuesta razonable para el buen gobierno de la cosa pública, de la misma manera que es un buen criterio para el gobierno de la economía doméstica. Sin embargo, tanto en un hogar como en un Estado, hay momentos en los que se decide gastar más de lo que se ingresa, como por ejemplo para comprar una vivienda, para amueblar la habitación de los hijos o de las hijas o por cualquier otra razón de similar índole. Así que se trata de un criterio razonable pero que es necesario manejar con cierta flexibilidad, en caso contrario, es posible que sólo podamos cambiar la habitación de los hijos cuando éstos se hayan marchado ya de casa, lo que ciertamente no puede considerarse razonable; eso sí, siempre y cuando no sea éste el fin buscado: que se vayan cuanto antes.

Visto lo anterior no parece que un criterio que es necesario seguir para el buen gobierno de la economía, pero que debe ser considerado con cierta flexibilidad, se introduzca nada menos que en la ley de leyes y se le dé el rango de principio fundamental para la gestión de los dineros públicos. Se dice que de este modo se cierra la puerta a las políticas anticíclicas auspiciadas por Keynes que básicamente consistían en que el Estado gastará más de lo que se ingresaba en los tiempos de crisis para reactivar la economía y después ahorrar en tiempos de bonanza económica cuando la intervención del Estado no era necesaria. Esta segunda parte, la de ahorrar, no se solía cumplir; a los políticos se les olvidaba fácilmente en qué parte del ciclo estábamos y preferían gastar más y que los siguientes se arreglasen con las deudas. En la actualidad estas políticas tienen poco recorrido porque vivimos en un mundo globalizado que prácticamente no tiene fronteras para las mercancías y el capital. Si un país, para reactivar su economía, decide gastar más de lo que ingresa, es posible que no consiga estimular la economía local sino la economía de otros países que producen precisamente lo que la gente necesita, con lo que el efecto estimulante de un mayor gasto se produce efectivamente, pero en otra parte del mundo.

Así pues, parece que la introducción de este principio en la Constitución es una victoria de los políticos y economistas neoliberales en su lucha contra las políticas de corte más social- demócrata basadas en la idea de Keynes de estimular el ciclo económico. Y para conseguir ese déficit cero, posiblemente lo que se recorte no sea ni el gasto militar, ni el gasto en «seguridad», ni los gastos de la casa real, sino los gastos sociales. A mi juicio, la victoria de los neoliberales está precisamente en crear un problema allí donde no lo había para desviar la atención de lo que realmente les importa: los impuestos. Porque como es bien sabido, un presupuesto tiene dos partes: los gastos y los ingresos. Estos últimos, como por arte de magia, desaparecen de la ecuación. Todo se reduce a algunas apelaciones a los más ricos para que también contribuyan con una pequeña parte de sus inmensas fortunas.

El millonario y especulador Warren E. Buffett explica claramente la cuestión de los impuestos en un artículo publicado en «The New York Times» el 14 de agosto. Según dice, él pagó casi 7.000.000 de dólares en impuestos el año pasado. Puede parecer mucho, pero es sólo el 17,4% de lo que ganó ese año. Y continúa diciendo: «Si usáis el dinero para ganar dinero, como hacen algunos de mis amigos super ricos, puede que vuestro porcentaje resulte menor que el mío. Pero si ganáis dinero de vuestro trabajo, lo más seguro es que vuestro porcentaje supere al mío, probablemente en mucho». Para terminar, desmonta el argumento de que las subidas de impuestos frenan la inversión. «Llevo más de sesenta años trabajando con inversores y aún no he visto a nadie -incluso cuando las plusvalías se gravaban al 39,9% en 1976-1977- dejar pasar una inversión sensata simplemente por el tipo de impuesto por el que se gravaría la plusvalía potencial. La gente invierte para ganar dinero y nunca se ha asustado por los posibles impuestos», escribe.

A pesar de estas afirmaciones, los neoliberales no quieren que se modifique el actual sistema de impuestos, que por otra parte, es a todas luces inconstitucional. Dice la Constitución española en su artículo 31 que «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Pues bien, ninguna de las reformas que se han hecho estos últimos 20 años respetan no ya el principio de progresividad que viene a ser que el que más tenga contribuya en una proporción mayor, sino el principio de igualdad que no es otra cosa que a misma renta, mismos impuestos, que es precisamente lo que explica Warren E. Buffett en su artículo. En la actualidad, si la renta viene del trabajo, paga más impuestos que si proviene de la especulación financiera. Eso sí, después se quejarán de los mercados. Para estas cosas, ya se sabe, no hay guardianes de la letra y el espíritu constitucional.

Visto el alcance que tienen los preceptos constitucionales referidos a cuestiones económicas, la introducción de este cambio en la Constitución a última hora, deprisa y corriendo, y organizando un tremendo lío, sólo puede responder a un intento desesperado de capear el temporal que se avecina en los meses de otoño en plena batalla electoral. Definitivamente, las cosas están mucho peor de lo que dicen.