Barcina regresó de sus vacaciones con un discurso duro, inflexible, para perseguir los gestos de solidaridad con los presos políticos. «Frente a la provocación, nosotros utilizamos la Ley», proclamó ante las cámaras. Pero eso es una gran mentira. Ni ella como alcaldesa de Iruñea, ni los presidentes de su formación anteriores, ni UPN en los pueblos donde gobierna, ha trabajado en serio porque no se produzca una exaltación del gran terror que vivió Nafarroa, el que se desató en 1936.

Hoy día, los símbolos de homenaje al franquismo perviven en Nafarroa y, de hecho, Barcina ha dado nombres franquistas a instalaciones públicas décadas después de que el Generalísimo reposara bajo tierra. De todos modos, la mejor definición de la política de UPN para la eliminación de los símbolos franquistas la ofreció Amelia Salanueva hace un par de años. La entonces consejera de Administración local se negaba a aplicar la ley porque no tenía funcionarios suficientes para iniciar «una caza de brujas por todas las calles navarras».

Con permiso de Salanueva, ha sido la propia Barcina la gran protagonista de las polémicas de la simbología franquista de los últimos años. El caso de la Txantrea está tan fresco que aún quedan cabos por atar.

Todo empezó con la primera Ley de Símbolos, en 2003. Entonces, una plataforma ciudadana exigió que se cambiaran las placas franquistas de las calles de la Txantrea, el barrio con más calles dedicadas a los «cruzados». En total, hasta veinte personas vinculadas al alzamiento militar eran homenajeadas con una calle. Esto se debe a que los nombres fueron impuestos por el Patronato Francisco Franco, que fue el promotor de estas viviendas. Los concejales abertzales de Iruñea Berria exigieron a la alcaldesa Barcina que cumpliera la ley, pero ella se negó. Es más, presentó un recurso y les llevó a juicio. Barcina alegó que el nombre de una calle no es un símbolo y añadió que aquellos hombres eran desconocidos para gran parte de la ciudadanía. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Nafarroa falló a favor de los vecinos, por lo que los nombres franquistas acabaron por desterrarse. Barcina los cambió por localidades cercanas, y sólo rotuló las placas en castellano, saltándose la normativa que exige que sean bilingües. Los txantreanos tuvieron que protestar de nuevo y, hoy día, todavía hay placas escritas en una sola lengua.

Este caso puede parecer una mera anécdota si lo comparamos con lo ocurrido en el Monumento a los Caídos y en la Plaza Conde de Rodezno. La actuación de Barcina en este caso rozó lo delictivo e incluso uno de sus más fieles colaboradores -el hoy consejero Juan Luis Sánchez de Muniáin- discrepó con la presidenta. El mausoleo que guarda los restos de los golpistas Mola y Sanjurjo se encuentra al final de la Avenida Carlos III de Iruñea. Era propiedad de la Iglesia, pero el Arzobispado prefirió entregarle parte de la propiedad al Ayuntamiento, cuando el deterioro del edificio requería una reforma.

Joxe Abaurrea, concejal entonces de Iruñea Berria en el Ayuntamiento, lo recuerda bien. «El edificio se reaprovechó para hacer con él una sala de exposiciones y Yolanda Barcina la bautizó como sala Conde de Rodezno», recuerda el ex concejal. Obviamente, la decisión de utilizar el nombre del golpista que firmó 50.000 condenas de muerte durante su mandato como Ministro de Justicia del Bando Nacional (entre el 36 y el 39) tuvo una fuerte contestación. Es ahí donde se produjo la pequeña disociación entre Barcina y Sánchez de Muniáin. Al final, al segundo le parecía más cabal ponerle a la sala el nombre de Carlos III. Sin embargo, la actual presidenta es una mujer de ideas fijas porque la sala de exposiciones se llama Conde de Rodezno, al igual que la plaza, al menos, hasta que alguien consiga que se aplique la Ley de Símbolos con seriedad. El nombre de Monumento a los Caídos simplemente se ha tapado con una lona publicitaria.

Con estos precedentes, la declaración de Barcina de que no habrá «espacios para la impunidad» para quienes cometan alguna «exaltación del terrorismo» suena a otra mentira. A no ser que la presidenta lance piedras contra su propio tejado y acabe con los espacios de impunidad que a ella le han permitido hacer oídos sordos y desatender la Ley. Tampoco puede resultar absolutamente sincera su preocupación por las víctimas. La asociación cultural Altafaylla ha contabilizado las víctimas (tan sólo las mortales) que el golpe de Estado dejó en Nafarroa. El resultado arrojó una cifra cercana a los 3.000 muertos.

Pero no se puede culpabilizar a Barcina (solo a ella) de la pervivencia de símbolos franquistas en Nafarroa. A fin de cuentas, se le puede «conceder la gracia» de que ella no es de aquí, de que no sabe lo que supone que, en un pueblo pequeño, los hijos de los franquistas erijan monolitos a quienes cometieron las sacas, mientras que las víctimas caen en el olvido. En eso destacan los de Buñuel, cuyo monolito en favor de «los caídos» en la «Santa Cruzada» tiene esculpido en el corazón el escudo del pueblo. Aún hoy, son mal vistos quienes tuvieron la desgracia de quedar huérfanos.

La frase de Salanueva, en la que decía que no había suficientes funcionarios como para perseguir símbolos por las calles y plazas, tiene muy poco sentido. Al final, las placas de una calle dedicada a Mola o a Franco (como las que pervivían en Caparroso hasta que gobernó el PSN) no van a huir. De hecho, llevan allí casi 80 años, bien lustrosas y sin moverse. No obstante, la expresión que utilizó para no censurar la simbología franquista, «caza de brujas», puede ser casi premonitoria. La definición literal de la expresión «caza de brujas» según el diccionario de la RAE es: «Persecución debida a prejuicios sociales o políticos». Es de esperar que Barcina se refiriera a eso esta semana.