La sentencia de la Audiencia Nacional ha causado un hondo malestar en la sociedad vasca, pero también ha despreciado los llamamientos llegados desde la comunidad internacional para que los militantes abertzales quedaran libres. Tanto desde Europa como desde otros puntos del planeta fueron muchos los mensajes que llegaron durante el juicio expresando su solidaridad con imputados y reconociendo su trabajo por la paz.

De hecho, antes incluso de que comenzara la vista, importantes personalidades de la escena internacional habían exigido la libertad de Arnaldo Otegi y sus compañeros. Entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex fiscal general de Estados Unidos Ramsey Clark, quienes formaron parte de un listado de centenares de personas que fue presentado el 6 de noviembre de 2010 en Donostia. Todas esas personalidades denunciaron que Otegi es un preso político, una persona privada de libertad única y exclusivamente por las ideas políticas que profesa. Una declaración que llegaba a su vez del Foro de Sao Paulo de 2010, en la que fue igualmente apoyada.

Unos meses antes, en junio, Gerry Adams y otros dirigentes de Sinn Féin hicieron una declaración oficial reclamando la libertad de Otegi.

Apoyo desde Europa

Ya en el contexto del juicio, el parlamentario sueco y ex eurodiputado Jens Holm destacó la «dedicación personal y política de Arnaldo Otegi al desarrollo del proceso de paz», y valoraba que «su encarcelamiento resulta un obstáculo a este objetivo y es contrario a los estándares básicos de derechos humanos». También desde Suecia, Eva-Britt Svensson, eurodiputada y vicepresidenta del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, afirmó que «en nombre de la lucha contra el terrorismo no podemos justificar violaciones de nuestros derechos democráticos a organizarnos y expresar nuestra opinión».

En parecidos términos se expresaban la jurista y diputada en el Parlamento finlandés Elisabeth Naucler y la diputada noruega Ingrid Baltzersen.

Asimismo, Eric Defoort, presidente de la Alianza Libre Europea, que agrupa al SNP escocés, la N-VA flamenca, Plaid Cymru de Gales y a otros partidos de naciones sin estado, denunció que el «caso Bateragune» es «un desgraciado ejemplo de persecución política, un juicio antidemocrático que demuestra que prácticas del antiguo régimen siguen existiendo y son puestas en práctica al servicio del Estado y en defensa de lo que denominan interés nacional». Por su parte, Ulla Jelpke, diputada en el Bundestag alemán, opinó que «la nueva estrategia de la izquierda abertzale contribuirá, tanto a nivel del Estado español como a nivel europeo, a deslegitimar aún más el aparato de represión del Estado español».