Ha dejado de existir el Congreso español de los Diputados para convertirse en algo parecido a un Museo de los Diputados de Cera. Los debates serán inútiles para la creación política, que vendrá determinada por una dictadura constitucional. El mejor símbolo de todo ello puede encontrarse en la asistencia de José María Aznar, que representa a la ultraderecha del PP, al primer comité de su partido tras las elecciones. Aznar va a fijar, creo, los límites a un supuesto y tímido liberalismo de Rajoy. La época va a ser acre. A Alemania, que es la protagonista de esta época, no le interesa España como nación sino como herramienta para afirmar su dominación económica. Alemania necesita colonias para mantener su producción y el comercio correspondiente. De ello van a enterarse pronto los españoles que decidieron la victoria absoluta del Partido Popular.

La fecha del 20N será recordada de alguna forma como el triunfo reaccionario en las elecciones que abrieron la puerta a Gil Robles y Calvo Sotelo en 1933. De aquellas elecciones surgió la planta carnívora de la guerra del 36, que destruyó una República en cuya Constitución figuraba la frase esperanzadora: «España es una República democrática de trabajadores de toda clase». Hoy la derecha ya no necesita embrazar arma alguna para aplastar cualquier esperanza popular de renacimiento. Se limitará a aplicar la guadaña europea que manejan la canciller Merkel y el presidente Sarkozy y a aprovechar la tierra quemada por los socialistas.

De momento y como avance de lo que espera a los españoles que han izado su bandera de combate por la sagrada unidad española -¡Madrid está en peligro; acudamos a salvarle!- contamos con la primera media afirmación de Rajoy de proceder a la reforma de la Constitución para dejar atado y bien atado el futuro derechista de España. Dos cosas, al menos, van a ser talladas a cincel en la Constitución: unos principios sobre los posibles límites operativos de los Gobiernos en el terreno económico -que es lo mismo que decir en el terreno social- y unas barreras para contener las esperanzas de libertad de vascos y catalanes. Para lo primero va a contar con el poder de la Banca española y extranjera, es decir con toda la estructura de la dominación internacional. Para lo segundo podría tener incluso el apoyo de fuerzas autodenominadas nacionalistas, tal, en Catalunya, por ejemplo, Convergencia i Unió.

Si los «populares» no hubieran alcanzado la rotunda mayoría absoluta que tienen en las manos nada se hubiera opuesto a ver a Durán Lleida en un ministerio madrileño, como un pequeño Cambó. Pero Aznar vigilará para que no suceda esta maniobra que podría constituir, bajo capa de un generoso propósito, un profundo quebrantamiento del nacionalismo catalán. Aznar aspira a una gobernación rotunda y gloriosa. Ante el cogollo internacional en que se ha introducido necesita que la ofrenda sea soberbia.

Empezará, pues, la labor profunda de este Gobierno con una reforma constitucional. Mediante ella asuntos de carácter circunstancial, o sea variables de contenido, por importantes que sean, como la redacción del Presupuesto, serán ahormados por un mandato de la Constitución que producirá dos notables efectos: imponer restricciones a la justicia social sin dar mayor explicación a la ciudadanía y soslayar la responsabilidad del Gabinete sub specie de que está obligado por el mandato de la Carta Magna. La reforma constitucional equivaldrá en este sentido a un paradójico revolving mediante el cual el Ejecutivo impone un principio que impedirá al Ejecutivo atender a las peticiones de la calle. Curiosa inmunidad política.

Este mandato exigirá asimismo una solidaridad -el término es sumamente peligroso de acuerdo con el empleo que se le dé- de las diversas administraciones, entre ellas las de Catalunya y Euskadi, que verán destruída cualquier pretensión de elaborar una política propia de carácter económico-social, con lo que los Estatutos o regímenes especiales en estas naciones pasarán a ser normas de segundo orden encargadas de una pura acción subsidiaria. El Sr. Rajoy ya apunta hacia ese objetivo cuando de sus consultas políticas con las diversas representaciones parlamentarias ha eliminado a Amaiur pese a tener grupo parlamentario propio con siete diputados. Esta eliminación desvela, como en una preocupante radiografía, el estilo político que imperará en este cuatrienio, en el que el Parlamento, si la realidad no pudre antes la maniobra, se limitará a actuar como Cámara de registro, que es la función que realizaban las Cortes Españolas del Extinto.

De todas formas hay algo muy importante que no podrá acometer el nuevo jefe del Gobierno español: la restauración de un mínimo bienestar social. La destrucción interna de la Banca, con extensión a todos los brazos financieros, exigirá que los Gobiernos sigan inyectando dinero a raudales a una estructura que está radicalmente aíslada de la economía real. La máquina bancaria es claramente especulativa y sabe que su proyección a la economía de las cosas, tal como funciona, puede resultarle ruinosa. La producción en el marco del neocapitalismo ha entrado en varias contradicciones que pueden resumirse en un panorama en que cada vez menos agentes pueden producir más cosas de las que la sociedad actual puede consumir. Esto afecta a las posibilidades de la producción, incluyendo de modo llamativo la producción de bienes de capital. O lo que es igual, la sociedad de consumo está enflaqueciendo a pasos agigantados, con lo que el empleo pierde elasticidad y se empobrece. El remedio de todo esto ya no consiste en manipular ciertos resortes financieros sino en cambiar de modelo de sociedad. Como es obvio no es precisamente el Sr. Rajoy, al frente del Partido Popular, el que pueda protagonizar una empresa semejante. De ser así, quo vadis, domine?.

Y queda por desollar el rabo del toro. Las elecciones que acaban de realizarse demuestran con claridad, entre otras cosas importantes, que la presencia soberanista por parte de las naciones amanilladas por el Estado español ha cobrado una presencia en el Parlamento de Madrid que irá creciendo rápidamente, especialmente la presencia de Euskal Herria, de no procederse contra ellas al margen de toda regla democrática y mediante un ataque brutal a sus libertades.

Ahora bien ¿es posible proceder con brutalidad ante la voluntad de autodeterminación en una Europa que todos los días hace su oración democrática ante las masas y ha procedido al reconocimiento de la independencia de una serie de naciones? ¿Qué argumento se va a emplear por el Sr. Rajoy y los suyos para prohibir a los vascos la consulta sobre sí mismos? España no puede seguir siendo una potencia pequeño-colonial como si no hubiera salido del siglo XIX. Sobre todo cuando es ella misma la que está colonizada escandalosamente por sus estados vecinos más poderosos.

España no puede disimular su sumisión reduciendo a sumisión a naciones largamente oprimidas en su interior.

Curiosamente cuando las banderas poblaban el frontis de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, para celebrar la aplastante victoria «popular», las pancartas que se agitaban y los eslóganes que se coreaban no eran de esperanza en la mejora económica o social sino que se referían a la grandeza de la unidad española frente a quienes pretenden recuperar su propia patria. ¡Ah, juventud rica y vacía de toda razón intelectualmente reconocible! No estaban allí los parados para recordar su miseria, ni los pequeños empresarios destruídos, ni los pensionistas aterrados; estaban allí la gente bien o, mejor aún, los hijos de la gente bien que acababa de ganar unas elecciones regaladas por los socialistas ¡País ciego...!