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Cada juez tramitó una media de 1.440 casos durante el año 2010 en Euskal Herria

Los 281 jueces de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa tramitaron 404.810 asuntos durante el año 2010, 1.440 casos anuales por magistrado. La media evidencia la saturación existente, según un informe.

GARA | GASTEIZ

Los tribunales existentes en Euskal Herria se declaran saturados por la carga de trabajo, al igual que afirman los del resto del Estado. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el año 2010 los 281 jueces presentes en los cuatro herrialdes situados al sur del Bidasoa tramitaron 404.810 asuntos, lo que supone una media de 1.440 casos anuales por titular.

Con la intención de poner fin a este sobreexceso de trabajo, que se mantiene por debajo de la media establecida por el CGPJ español teniendo en cuenta los datos recogidos en el resto de comunidades autónomas -1.877 casos por juez durante el año 2010-, el citado órgano de gobierno judicial presentó el pasado mes de diciembre un serie de propuestas al nuevo ministro de Justicia del recién formado Ejecutivo español, Alberto Ruiz-Gallardón, que precisamente hoy pasará por Gasteiz e Iruñea para la toma de posesión de los nuevos delegados españoles.

En la misiva, fechada el 29 de diciembre, el CGPJ advirtió al Ministerio de Justicia español de la necesidad de elaborar un plan donde se aborde la creación de nuevas unidades judiciales para los próximos tres años, de manera que de un lado «vayan absorbiéndose» las futuras incorporaciones a la carrera judicial, y por otro se atienda a las necesidades derivadas del exceso de carga de trabajo actualmente soportado por los diferentes órganos judiciales.

Asimismo, en el mismo texto, el CGPJ recordó que el exceso de tramites abiertos requiere un aumento en el número de jueces y magistrados, por ello solicitó la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso de más personas en la carrera judicial. Unas pruebas que, a su parecer, deben ir en consonancia con las conclusiones del estudio sobre la situación de los órganos unipersonales y colegiados asumido por el Pleno del CGPJ el pasado mes de junio.

Por último, en su carta, la Comisión Permanente exigió la creación de cincuenta unidades judiciales -repartidas por todo el Estado español - para poder dar un destino a los integrantes de la nueva promoción de la Escuela Judicial.

Sin embargo, teniendo en cuenta la inmediatez de dicha necesidad, y los problemas económicos vinculados a la crisis de deuda que atraviesan los estados situados en la zona sur de Europa, el CGPJ destacó que, a su entender, las cincuenta plazas anteriormente citadas deben ser creadas en órganos colegiados, ya que, de este modo «no generan un gasto añadido, más allá del sueldo a percibir por los titulares de las mismas».

Promesas desde Madrid

Por su parte, en el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos del Departamento de Justicia español, Ruiz-Gallardón se comprometió a revisar la paralización de la actividad procesal durante el mes de agosto con el objetivo de agilizar el trabajo de los profesionales vinculados a la institución judicial.

Asimismo, el titular de Justicia trató de quitar importancia a la saturación denunciada por el CGPJ, y recordó que, durante el citado año 2010, en el Estado español se tramitaron nueve millones de asuntos, mientras que en el Estado francés -con 15 millones más de habitantes- se dio respuesta a seis millones de temas.

Para Alberto Ruiz-Gallardón, el hecho de que en el Estado español se tramiten un 15% más de asuntos que en el Estado francés, donde hay un 30% más de ciudadanos, significa únicamente que las instituciones judiciales deben «avanzar en austeridad y eficiencia».

Faltas Leves

El pasado mes de noviembre el vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, propuso castigar con sanciones administrativas las faltas leves con el objetivo de solucionar la saturación de los tribunales.

9,3 millones

En el año 2010 los juzgados del Estado español tramitaron 9,3 millones de asuntos, un 2,2% menos que en el año 2009, cuando los tribunales implantados en las diferentes comunidades autónomas tuvieron que gestionar 9,5 millones de casos.

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