Reconocimiento a las víctimas de la violencia estatal
Lakua ultima el primer decreto para la reparación integral de víctimas de la violencia estatal
Lakua tiene ultimado el decreto para hacer efectivo el «derecho a la reparación, la verdad, la justicia y dignidad» de las víctimas de la violencia estatal habidas entre 1968 y 1978. Debe también redactar otro para el periodo que va desde 1979 hasta la actualidad. El texto, al que ha tenido acceso GARA, contempla la creación de una comisión de valoración, que «se regirá por los principios de colaboración y eficacia». El trabajo ha sido liderado por Manuela Carmena.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El equipo que lidera la exmagistrada Manuela Carmena tiene ya ultimado el decreto de «declaración y reparación» de las víctimas que la violencia estatal produjo en la CAV entre 1968 y 1978. Otro decreto fijará las condiciones para las víctimas habidas desde la aprobación de la Constitución española hasta la actualidad.
El borrador del decreto, que adelanta hoy GARA, reconoce a estas víctimas de la violencia estatal el derecho a una reparación económica, al conocimiento privado y público de la verdad sobre las vulneraciones padecidas, a la posibilidad de acudir a los tribunales y a la rehabilitación, atención y satisfacción moral.
Una comisión de valoración se encargará de evaluar las peticiones que se le presenten. El borrador de decreto contempla que su trabajo «se regirá por los principios de colaboración y eficacia», lo que significa que su labor debe ir orientada a ayudar a las víctimas que quieran que se estudie su caso tratando de salvar las trabas administrativas que pudieran alargar el proceso.
La comisión estará presidida por la Dirección de Derechos Humanos y formada por dos expertos reconocidos designados por esta Dirección, otros dos que representen al Parlamento de Gasteiz, un miembro de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo y una persona «nombrada en representación de la sociedad civil».
Sufrimientos injustos
Podrán acceder a los derechos reconocidos en este decreto aquellas personas que entre 1968 y 1978 padecieran «sufrimientos injustos» como «consecuencia de acciones indebidas, directas o indirectas, dolosas o culposas, por parte de agentes de las fuerzas de seguridad, otros funcionarios públicos, tanto fuera como dentro del ejercicio de sus funciones, así como por colaboradores externos, que no formaban parte de la Administración Publica, en sus diversos estamentos».
Se repararán los caso de muerte, gran invalidez, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial y otras lesiones permanentes que puedan ser «debidamente acreditadas».
Tendrán derecho también las personas que en su día iniciaron acciones legales contra los funcionarios causantes de sus daños y hubieran visto rechazada su petición. Y también quienes sufrieran la vulneración de sus derechos en causas que en aquellos tiempos dictatoriales se consideraba delictivas.
Quedan excluidas del decreto las personas que padecieran los daños cuando practicaban o pretendían realizar «cualquier actividad violenta de motivación política».
Un millón de presupuesto
Las compensaciones económicas previstas son de 135.000 euros para los familiares de los fallecidos y cantidades que van desde los 35.000 a los 390.000 euros para los distintos grados de invalidez. Las cifras son muy similares a las recogidas en la Ley de Víctimas del Terrorismo de 1999, pero es preciso señalar que éstas se han incrementado notablemente en la nueva ley de setiembre de 2011.
En los presupuestos de la CAV de 2012 aparece consignada una partida de un millón de euros para ayudas a «víctimas de abusos policiales», que habrá de ser ampliada a medida que la comisión de valoración vaya acreditando casos.
Los trabajos de elaboración de este decreto y del que abarcará desde 1979 hasta la actualidad están dirigidos por la exmagistrada Manuela Carmena, que fue contratada en setiembre de 2011 como asesora con rango de viceconsejera por el Gobierno de Patxi López. Carmena ha mostrado siempre un gran compromiso social.
El periodo temporal de la efectividad del decreto de reparación de las víctimas de la violencia estatal se retrotrae hasta el 1 de enero de 1.968. Aunque en el borrador no se da explicación de esta fecha, en los trabajos adelantados por el Gobierno de Lakua en esta materia se recoge que «la fecha inicial se fija en correspondencia con la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999».
Sin embargo, una vez iniciados los trabajos a los que se refiere este decreto, las Cortes españolas redactaron una nueva ley relativa a las víctimas del terrorismo, que entró en vigor el pasado 23 de setiembre y en cuyo artículo 7 se recoge que «las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a los hechos que se hubieran cometido desde el 1 de enero de 1960». Se trataba de que el nuevo texto incluyera a los familiares de Begoña Urroz, muerta en una explosión reivindicada por el DRIL.
La aplicación de esta ampliación a las víctimas de la violencia estatal supondría el reconocimiento a otras siete personas, muertas entre 1960 y 1966. Se trata de José Rey, Javier Batarrita, Lorenzo Sarasola, José Álvarez, María Mercedes Antxeta, Vicente Lertxundi y Manuel Thomas.
Según un primer recuento realizado por este diario, entre los datos de víctimas de la violencia estatal publicados por Euskal Memoria Fundazioa y el listado publicado por el propio Gobierno de Lakua cuando Jon Mirena Landa era su director de Derechos Humanos, las personas fallecidas que podrían cumplir los requisitos que se contemplan en este borrador de decreto serían al menos 62. Sus nombres pueden leerse al pie de esta página.
Todos ellos son civiles -el decreto no contempla la posibilidad de resarcir a militantes de organizaciones armadas-, muertos en la Comunidad Autónoma del País Vasco o vecinos de la misma. Muchos fallecieron como consecuencia de los disparos de las FSE en controles de carretera o en el transcurso de manifestaciones violentamente disueltas.
También se recogen otros casos como, por ejemplo, el de Koldo Arriola, joven de 18 años de Ondarroa que según los testigos, profesores y alumnos de COU había acudido a una cena en el Venecia de Saturraran para celebrar el final de los exámenes. A la salida iban cantando canciones vascas por las calles de Ondarroa, cuando, al pasar por delante del cuartel de la Guardia Civil, un agente de vigilancia ordenó a tres de ellos que se acercaran, mandando a Arriola a que entrara dentro del recinto, mientras éste gritaba «yo no he hecho nada, yo no he hecho nada». Luego se oyó un tiro. El autor del disparo fue el guardia civil Pedro Rodríguez.
Kepa Tolosa Goikoetxea, de Beasain, tenía 28 años y se encontraba con su novia en el coche cuando vieron que se acercaba alguien. Temiendo que quisieran robarles, pusieron en marcha el motor para alejarse del lugar, lo que fue seguido de los disparos de dos miembros de la Guardia Civil de paisano. Los agentes alegaron que habían dado el «alto», pero la novia testificó que no habían oído nada.
Al pasaitarra Alberto Soliño Mazas, de 33 años y músico de profesión, lo mató un guardia civil de paisano a la salida del Certamen de Canción Vasca celebrado en el Jai Alai de Eibar. Según el historiador Iñaki Egaña, su familia fue obligada a poner en la esquela «muerto en accidente».
En Asua, el 2 de febrero de 1975, el coche que conducía Mariano Heredia Escudero y en el que viajaban con él los niños José y Adela Santos Etxebarria (de 7 y 3 años) y Mari Carmen y Encarna Aranda Hernández (5 y 3 años) es tiroteado por la Guardia Civil en lo que se presentó como una persecución por un robo de ganado. Hirieron de bala mortalmente a Mariano, cayendo el coche al río y muriendo ahogados los cuatro niños. La prensa del momento insistió en que se trataba de gitanos.
Entre las personas que pueden solicitar que se evalúen sus casos se encuentran también, claro está, las víctimas de la brutal actuación policial del 3 de Marzo en Gasteiz. Tanto los familiares de los entonces fallecidos como los heridos que siguen padeciendo las consecuencias de la intervención de la Policía.
La Dirección de Derechos Humanos cuenta también con un listado de personas que arrastran lesiones permanentes por las torturas sufridas en distintas dependencias policiales durante el periodo al que hace referencia este decreto que prepara el Ejecutivo de Patxi López. I. IRIONDO
