El Gobierno español solicitó este jueves al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la elaboración de un informe que justifique la prórroga de Garoña hasta el año 2019. La petición, confirmada ayer por el propio órgano de control, tiene por objeto revocar la orden ministerial aprobada por el anterior Ejecutivo del PSOE, que estableció el cierre de la planta energética en el curso 2013.

Tal como confirmó la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, la central burgalesa deberá realizar una serie de mejoras si quiere mantener la licencia de explotación. Entre las mismas figuran las deficiencias identificadas en el suministro alternativo de energía eléctrica. «Una incertidumbre importante» aflorada gracias a las pruebas de resistencia efectuadas el pasado año.

Martínez anunció también que la elaboración del informe requerido por el Gobierno de Mariano Rajoy se puede demorar durante los próximos meses. «Este informe es grande; al final no sé cuánto vamos a tardar, pero no será inmediato», puntualizó.

Esta incertidumbre en el tiempo despertó el enfado de Nuclenor, encargada de la gestión de la planta. Según subrayaron los responsables de la empresa, propiedad de Endesa e Iberdrola, esta «necesita un horizonte despejado con cierta antelación» para poder planificar el futuro de la central nuclear.

Polémica en Araba

Por otra parte, los grupos junteros de Bildu y PNV presentaron ayer sendas iniciativas dirigidas a acabar con la ambigüedad mostrada por el diputado general de Araba, Javier De Andrés (PP), que no se ha posicionado de una manera clara sobre el futuro de Garoña.

La coalición abertzale y la formación jeltzale tramitaron dos interpelaciones de cara al próximo pleno de control, previsto para el 6 de febrero. Dos preguntas para conocer la opinión del diputado general respecto a Garoña.