El primer aniversario de la demanda conjunta que la asociación Anadir presentó el 27 de enero de 2011 en la Fiscalía General del Estado español, denunciando la existencia de 261 casos de bebés robados -40 de ellos localizados en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa-, fue la fecha elegida por las asociaciones de las familias afectadas, como la ya citada Anadir y SOS Bebés Robados, para llevar a cabo ayer una concentración extraordinaria en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz, al margen de las que llevan a cabo cada mes. La iniciativa se llevó a cabo paralelamente en varias ciudades del Estado español, como Cádiz, Huelva y Barcelona, donde las víctimas exigieron la verdad.

Con sonajeros de bebé en la mano, en la capital alavesa se reunieron alrededor de 200 personas procedentes de distintos puntos de Euskal Herria. Muchas de ellas estaban visiblemente emocionadas y a falta de fuerzas para poder expresar el dolor, optaron por sostener pequeños carteles con la fecha y el lugar donde perdieron de vista a sus hijas e hijos.

Entre la multitud, madres, padres o hermanos que buscan a sus familiares, como la navarra Karmele Jauregi, nacida en 1952. Mostraba su rostro ante las cámaras, ya que intenta localizar a su hermana gemela. También acudieron hijas e hijos que sospechan haber sido adoptados de manera irregular.

Las pancartas que sostenían lucían diferentes lemas, como «Tenemos derecho a la verdad», «Robar niñ@s sale gratis» o «¿Quien encubre a l@s ladron@s?». No obstante, entre todos ellos, había uno que recogía uno de los principales objetivos que persiguen las y los afectados por la trama: «No queremos caer en el olvido».

Más que un mensaje se trataba de una denuncia ante la escasa atención institucional que afirman haber sentido, según han criticado en reiteradas ocasiones.

Desde que realizaran las primeras denuncias en enero pasado, Idoia Mendia, consejera de Justicia y Administración Pública de Lakua, recibió a Anadir al mes siguiente. Además del encuentro que el lehendakari Patxi López mantuvo con la asociación en julio, fue ayer, casi un año después de la primera cita, cuando representantes de los departamentos de Justicia, Sanidad e Interior de Lakua recibieron a Leire Fernández de Labastida, desde Anadir, y a Flor Díaz desde SOS Bebés Robados. Mientras tanto, en ese período, las denuncias siguen mutiplicándose sin cesar. Actualmente, y solo en Gipuzkoa, hay más de 320 denuncias y 1.500 en el Estado español -hace un año eran 261-. A pesar de que las familias tienen en su haber informes médicos con nombres y apellidos de los facultativos, por ahora no hay ninguna persona imputada.

La reunión de ayer se celebró en Gasteiz, después de que la víspera Lakua confirmara la creación de «una comisión interdepartamental para avanzar en el esclarecimiento de la supuesta trama de las adopciones irregulares».

El nuevo grupo de trabajo, coordinado por la Dirección de Derechos Humanos que dirige Inés Ibáñez de Maeztu, pretende reforzar el trabajo conjunto entre los departamentos del Gobierno de Gasteiz y entre este y los estamentos del Poder Judicial. Se reunirán con los representantes de las víctimas cada seis meses. «A partir de ahora la respuesta será más rápida», declaró Mendia, dejando entrever que hasta ahora la capacidad de reacción no ha sido tal.

El sentirse «escuchados o al menos más amparados» les ayuda mucho, según indicó tras la reunión Flor Díaz, presidenta de SOS Bebés Robados Euskadi. «Era horrible sentirte desplazada, no nos hacían caso», declaró.

Armarse de paciencia

Los casos denunciados siguen incrementándose, sobre todo a raíz de que en las tres exhumaciones practicadas en Euskal Herria -Itsasondo, Derio y Donostia- no se hallaran restos biológicos en los féretros en los que supuestamente fueron enterrados los recién nacidos.

A este respecto se refirió Díaz, asegurando que a raíz de estos sucesos se ha creado una especie de «psicosis» que ha supuesto que «muchísima gente asustada» se haya puesto en contacto con la asociación para informarse sobre cómo deben actuar para confirmar que sus hijos se encuentran enterrados.

Desde Gasteiz pidió «paciencia porque contestamos todas las llamadas». Además, invitó a quienes sospechan de ser víctima de una situación similar que se pongan en contacto con ellos, esto es, a «quienes tenían a sus hijos enterrados, y dan por hecho que están muertos».

Este es un paso importantísimo, aunque reconoció que muy «difícil» porque se remueven muchos sentimientos y el tiempo transcurrido juega en contra de las familias porque cada vez es más complicado encontrar pruebas de las supuestas irregularidades.