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Defensa de los derechos de las presas y presos políticos

«A los presos enfermos se les niegan unos derechos que contempla la ley»

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Mati Iturralde

Médica

Mati Iturralde ha atendido durante años a presas y presos políticos vascos enfermos. Su labor le ha permitido conocer de primera mano la situación sanitaria a la que se enfrentan los represaliados en las prisiones españolas y francesas. Ahora, a través del colectivo Jaiki Hadi, compuesto por médicos solidarios, vigila, desde la distancia, el estado de salud de diez personas enfermas que continúan encarceladas pese a padecer diversas patologías «graves e incurables».

Ion SALGADO | GASTEIZ

Usted conoce bien el sistema médico de las prisiones españolas, ¿cómo funciona?

En principio, las personas que están en prisión tienen un servicio sanitario compuesto por médicos, enfermeros y enfermeras. Cuando un preso tiene algún síntoma que le preocupa, tiene que hacer una instancia y apuntarse para acudir a la consulta médica. En esas consultas, que ahora empiezan a tener algo más de dotación, se valora el caso y se toman decisiones sobre el tratamiento o sobre las pruebas que haya que realizar.

La mayoría de las pruebas terapéuticas, o pruebas diagnósticas, se realizan en los hospitales de referencia de la cárcel, porque en las prisiones no hay aparato de rayos, ni analíticas... Además, la mayoría de los presos y presas vascas mantienen una distancia bastante prudente con los servicios médicos de la cárcel porque desconfían de su capacidad y, sobretodo, desconfían de la eficacia de sus tratamientos. Por eso, mediante la familia, intentan contactar con nosotros para valorar los síntomas o ver qué se puede hacer.

¿Existen diferencias entre el trato a un preso político y a un preso social?

Todas las personas que permanecen en prisión durante un tiempo prolongado sufren enfermedades que la propia cárcel produce. Sin embargo, en el caso de los presos políticos vascos se suma un castigo añadido, porque se les niega cualquier derecho aunque este tenga un objetivo humanitario. Me refiero a la puesta en libertad condicional, la posibilidad de realizar tratamientos a través de médicos de confianza... A los presos políticos se les impide el uso de todas esas posibilidades que contempla la ley.

¿Cómo se encuentran los presos políticos enfermos en la actualidad?

En este momento hay diez presos políticos en una situación preocupante. Los dos últimos que han padecido graves problemas de salud han sido José Mari Pérez, Txuri, e Iñaki Erro. Todos ellos padecen enfermedades graves incurables.

Enfermedades graves incurables... ¿Qué tipo de patologías imperan en la prisión?

Las enfermedades incurables, en un principio, estaban relacionadas con el cáncer, pero ahora se comienzan a ver un incremento en el número de enfermedades crónicas degenerativas. Esto ocurre porque muchos presos enfermos llevan más de veinte años en prisión.

En cuanto a las patologías, en este momento hay cuatro personas con cardiopatía isquémica, con riesgo severo de sufrir un infarto; también está Txus Martín con un problema siquiátrico grave; y hay otras dos personas con esquizofrenia, una patología con un pronóstico muy malo en prisión. Asimismo, Gotzone López de Luzuriaga padece un cáncer de mama y José Ángel Viguri tiene cáncer de vejiga.

Cuando se les notifica una enfermedad, ¿cómo se ponen en contacto con el preso?

Ninguno de los médicos que participamos en el seguimiento de presos enfermos tenemos permiso para acudir como médicos de confianza. Instituciones Penitenciarias nos denegó las autorizaciones y ahora ninguno podemos acudir. El control de la enfermedad lo hacemos mediante la familia, que nos cuentan qué síntomas ha tenido, qué diagnósticos le han hecho y cuál ha sido el tratamiento, tanto en prisión como en el hospital. A partir de hay tratamos de ponernos en contacto con los médicos que les atienden en los hospitales de las cárceles donde estén y con los directores médicos de las propias prisiones. En algunas ocasiones hay una mínima colaboración y en otras, ninguna.

De todas maneras sí que intentamos estar un poco encima para que se hagan las cosas como se deben hacer. En los casos más graves intentamos por todos los medios acercar a los presos a Euskal Herria para poder realizar el tratamiento en la red de hospitales de Osakidetza o de Osasunbidea.

¿Qué relación tienen con el personal médico de las prisiones?

En este momento estamos en un momento de transición. Con los médicos de Langraiz, Martutene y Basauri mantenemos una relación normalizada. Con el resto la relación es muy complicada porque no acceden a ponerse en contacto con nosotros, ya que consideran que ellos son los médicos responsables de las personas presas.

¿Existen discrepancias entre los médicos de Jaiki Hadi y los sanitarios de las cárceles a la hora de tratar a un preso?

Sí. Lo cierto es que hemos tenido bastantes discrepancias a la hora de hacer diagnósticos y seguimientos. En la cárcel un diagnóstico se dilata en el tiempo. Desde que un preso nota un síntoma y lo tramita al servicio médico de la cárcel, hasta que se comienza a hacerle pruebas y tiene un diagnóstico puede pasar meses e incluso años. Los tratamientos se dilatan en el tiempo por traslados continuos, porque se pierden expedientes médicos...

¿Cómo vivió esas discrepancias en los casos de Ibon Iparragirre y Txus Martín?

La enfermedad de Ibon Iparragirre prácticamente llegó al límite durante su estancia en la cárcel, y por eso decidieron aplicarle la prisión atenuada, porque existía un riesgo inminente de muerte. Por otro lado, en el caso de Txus Martín estamos pidiendo desde hace ya muchos meses que se le haga una serie de pruebas nuevas, pero Instituciones Penitenciarias no permite realizarlas.

El miércoles Herrira denunció la incidencia de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la salud de los presos. ¿Cómo repercute?

La sola aplicación de la doctrina ya supone una fractura sicológica muy importante, porque supone romper con la expectativa que toda persona en prisión tiene, que es la del día de la libertad. Pero además, la forma con la que se aplica es absolutamente cruel, porque se espera hasta el último momento para comunicar a la persona que no va a salir, sino que se prolonga su condena durante años.

Además, para las personas enfermas la doctrina del TS supone posponer un tratamiento digno y una convivencia digna con la enfermedad. Me acuerdo por ejemplo el caso de Jon Agirre Agiriano, «Elurtxuri», al que se le prolongó la condena aún sabiendo que tenía una enfermedad grave e incurable.

Herrira alerta ante los hospitales de «la grave situación» que se vive en las cárceles

Herrira organizó ayer cuatro protestas simultáneas frente a los hospitales de las capitales de Hego Euskal Herria para exigir la liberación de las presas y presos con enfermedades graves. El movimiento justificó su demanda en argumentos humanitarios, puesto que los presos tienen un precario acceso al sistema sanitario y las condiciones en las que se encuentran no cumplen con los requisitos mínimos para un tratamiento adecuado. Herrira emprendió esta protesta «alertada por las situaciones que se están viviendo en las cárceles, con presos que sufren patologías graves, que llevan encerrados 15, 20, 25 años y que, en muchos de los casos, ya han cumplido toda su condena». El movimiento habló de «personas con graves cuadros sicológicos, operadas del corazón, casos de cáncer» y de un preso que podría quedarse ciego.

De entre todas estas situaciones límite, Herrira quiso destacar ayer la del recluso de Basauri Txus Martín, afectado por una enfermedad de tipo sicológico. «Hasta ahora ha estado acompañado de otro preso vasco, pero acabamos de saber que a este segundo preso lo van a trasladar», informó Jon Garai en Donostia.

Herrira denunció que la situación que viven estas personas muestra que no se practica «una política penitenciaria individualizada», sino una política «de castigo colectivo, con medidas de excepción que se aplican de manera colectiva a los presos». Garai sostuvo que «se está intentando poner precio a los derechos más elementales de las personas presas y eso, en ningún caso, ayuda a avanzar hacia un escenario de paz».

Herrira arremetió contra el papel que están jugando los gobiernos de los estados español y francés con respecto a los presos políticos. «Están instalados en el no, en el inmovilismo, en las políticas de venganza. Y mientras, el reloj de esta cruel política penitenciaria sigue marcando las horas, los kilómetros, los presos en el quirófano, los accidentes...».

Para este colectivo, la dispersión supone un castigo suplementario al que se somete a los presos. Por ello, acusó a los gobiernos de recrearse «en el dolor de miles de personas, porque la dispersión sigue generando sufrimiento cada semana, y se puede cobrar otra víctima en cualquier momento».

Frente a esta situación de inmovilismo, Herrira anima a la sociedad vasca a organizarse y a «salir a la calle cuanto antes para acabar con esta ruleta rusa». El principal aval de que la política penitenciaria se puede cambiar reside, precisamente, en esta mayoría social, según expresó Garai.

Mientras, en la protesta de Iruñea, el responsable de LAB en Osasunbidea, Dabid Mendaza, anunció el inicio de una recogida de firmas entre el personal sanitario para demandar la libertad de los presos navarros afectados por enfermedades graves: Iñaki Erro, Jesús María Mendinueta, Iñaki Etxeberria y Josetxo Arizkuren.

Esa recogida de firmas está orientada a una petición «como sanitarios» para excarcelar a los presos, ya que su encarcelamiento «puede contribuir, y ya lo está haciendo, a que estas patologías se agraven y puedan llegar a ser irreversibles». Aritz INTXUSTA

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