Nadie debe extrañarse de que, vulnerando las propias normas del Congreso, el Partido Popular le haya negado al grupo mixto su derecho a contar con un representante en la Comisión de Gastos Reservados.

En esa comisión, en la que se hacinan los más sórdidos secretos oficiales a buen resguardo de la curiosidad pública y de la acción de la justicia, no se acepta a cualquiera y, especialmente, cuando esa comisión oculta «temas de gran sensibilidad para el Estado que no pueden estar en conocimiento de grupos en sintonía con Amaiur». De ahí el veto a que Alfred Bosch, representante catalán de Esquerra Republicana, formara parte de esa comisión. Como apuntara Garzón «todo es ETA», también Esquerra Republicana de Catalunya, por más legítima y legal que sea su presencia en el Congreso.

Obviamente, legislar, aprobar leyes, reformar, incluso, la Constitución del Estado, no son temas sensibles, todavía, que requieran la exclusión de ciertos representantes del poder popular en sintonía con ETA y que, en cualquier caso, siguen a la espera de que prosperen las demandas de Rosa Díez para que sean ilegalizados, pero de ahí a consentir, sea contraviniendo las disposiciones del propio Congreso, que pueda el entorno terrorista asomarse y, tal vez, hasta divulgar esos secretos oficiales en que se archivan las identidades de tantos impunes asesinos, crímenes encubiertos, malversaciones autorizadas, con los que el Estado se garantiza el derecho a protegerse del Estado de derecho, hay un trecho inaceptable.

«La calle es nuestra» bramaba Fraga, las cloacas también.