Amaiur pide justicia transicional y Gallardón se aferra a la de excepción
El senador de Amaiur Urko Aiartza emplazó ayer al ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a adecuar los tribunales al nuevo tiempo abierto en Euskal Herria. El electo independentista defendió que, con «voluntad política» y sin modificar por ahora las normativas, puede aplicarse ya una justicia transicional que ayude en la «reconciliación». El miembro del Ejecutivo del PP se refugió en el inmovilismo apelando a la «defensa» del Estado.
Alberto PRADILLA | MADRID
«No es lo mismo la Justicia en tiempos de violencia que en tiempos de transición hacia escenarios de paz y normalización política». Urko Aiartza, senador de Amaiur, instó ayer al ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a aplicar la legislación de un modo acorde con el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria tras el cese decretado por ETA. «No se trata de crear excepcionalidades, sino de desandar la excepcionalidad», indicó el electo abertzale, que insistió en que medidas encaminadas a promover la reconciliación pueden adoptarse «desde ya» sin necesidad de «modificaciones legales».
La mano tendida de Amaiur no encontró respuesta en el titular de Justicia. Gallardón se aferró a la normativa de excepción vigente argumentando que «el Estado tiene que seguir defendiéndose» hasta que ETA «deje de existir».
En su intervención, el senador soberanista puso sobre la mesa una cuestión que la izquierda abertzale ya había aportado al debate con la declaración del Kursaal: la necesidad de una justicia transicional que acompañe el proceso. En este sentido, Aiartza abogó por leyes y tribunales que «ayuden en la reconciliación» desde la óptica del «reconocimiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas».
Para ello, el electo independentista señaló que, en primera instancia, ni siquiera sería necesario modificar las leyes, sino «desandar la excepcionalidad». Según indicó, bastaría con la «voluntad política de responder a las posiciones de la mayoría de la sociedad vasca». Eso sí, Aiartza recordó que para «volver a la plena normalidad» sí que serán necesarios los cambios en las normativas.
Durante su intervención, el senador independentista recordó que diversas instancias internacionales han interpelado al Gobierno español para que acabe con la incomunicación de los detenidos y con la dispersión de los presos políticos vascos, rememorando las condenas al Estado por parte de instituciones como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
«El Estado no se va a debilitar»
Ante estos emplazamientos, el ministro español de Justicia se refugió en la cuestión de Estado. Gallardón aseguró que Madrid «no se va a debilitar» y descartó renunciar a instrumentos «desgraciadamente necesarios para combatir el que ha supuesto el mayor ataque a la convivencia», en referencia a la actividad de ETA. «El Estado tiene que seguir defendiéndose», argumentó el titular de Justicia, retomando el discurso del Ejecutivo sobre que la organización armada «no ha desaparecido».
A pesar de todo, Aiartza recogió la oferta inicial de Gallardón de «diálogo» a todos los grupos y le tendió la mano para avanzar en la «solución definitiva».
El senador de Amaiur Urko Aiartza recordó que el Tribunal Constitucional español todavía tiene pendientes los recursos sobre Sortu y la denominada «doctrina Parot», que afectan a «derechos fundamentales».
El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ofreció más detalles sobre algunas de las iniciativas que marcarán su paquete de reformas: la «prisión permanente revisable», que es como se ha bautizado desde el Ejecutivo del PP a la cadena perpetua, y el Estatuto de las Víctimas, una nueva normativa que les otorga un papel relevante a la hora de valorar posibles redenciones penitenciarias.
El estatuto estará listo para junio y, según aseguró Gallardón, tiene como objetivo regular los derechos de las víctimas, «especialmente las del terrorismo». Esta normativa permitirá a miembros de este colectivo tener información de primera mano sobre la situación legal del «autor del delito». Además, le permitirá pronunciarse sobre posibles beneficios penitenciarios.
Otra de las medidas anunciadas por Gallardón, la cadena perpetua, se pondrá en marcha con la reforma del Código Penal en el mes de junio y podría estar lista para otoño. El titular de Justicia aseguró que se trata de una medida «excepcional», pero no ocultó que estará enfocada también a los presos políticos vascos. Todos los grupos representados en el Senado, salvo el PP, mostraron su rechazo a esta última propuesta y Amaiur le recordó que el sistema carcelario español es ya «el más duro» de Europa, con penas de 30 y 40 años. A.P.
