Lanbide se quedará sin 125 trabajadores en mayo y se acumularán los retrasos
Colectivos sociales de Bizkaia denunciaron ayer en Lanbide que «las personas que deberían recibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) son las que pagan el colapso». En unas semanas será peor porque 125 trabajadores que gestionan este servicio terminan sus contratos.
Juanjo BASTERRA | BILBO
Lanbide sigue creando enorme confusión no sólo para quienes deben obtener sus prestaciones económicas de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o la Prestación Complementaria de Vivienda, sino también para los trabajadores. GARA ya informó del colapso en el que puede entrar a partir del 2 de mayo, aunque, si no se remedia, será unas semanas antes, porque a 125 trabajadores, a los que se contrató para atender precisamente la RGI, se les termina el contrato y «es imposible de prorrogar el contrato de acumulación de tareas, indebidamente utilizado en su día para la contratación de ese personal», según un documento al que ha tenido acceso este diario.
En este organismo se recuerda que ese tipo de contrataciones fueron realizadas «en fraude de ley, porque esas tareas son de continuidad y, para nada, nuevas». La dirección de Lanbide reconoció el pasado 8 de febrero que «son puestos estructurales, razón por la cual jamás deberían haber sido cubiertos mediante contratos de acumulación de tareas». Por ese motivo, miembros del Servicio Vasco de Empleo creen que «al ser una contratación fraudulenta, los 125 contratados deben pasar a ser indefinidos, no fijos de plantilla. Esto es, trabajadores que habrán de desempeñar sus funciones hasta que las plazas que ocupan, de carácter estructural, sean cubiertas mediante un proceso basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».
Para hoy está fijada una reunión en busca de una solución con el departamento de Función Pública del Ejecutivo de Gasteiz, al que algunos cargos importantes de Lanbide acusan de impedir una resolución al entuerto generado. Algunas fuentes, apuntan a que «la misma mano que firmó los contratos, indefinidos hasta cobertura de vacante, de orientadores, pudo hacer lo mismo con los administrativos de RGI (125)».
Los colectivos sociales, por su parte, denunciaron el atraso con que perciben las prestaciones, «por encima de seis meses» y lamentaron que «se esté jugando así con las personas que tienen extrema necesidad, y viven en la exclusión y en la pobreza» debido a la falta de empleo. Criticaron a Lanbide que «es un ejemplo de hacer mal las cosas» y a la Diputación de Bizkaia.
La izquierda abertzale considera que actos como el acaecido en la noche del domingo en la oficina de Lanbide de Agurain «están fuera de lugar». Según informó el Departamento de Interior, desconocidos lanzaron un petardo rociado con gasolina que causó «pequeños daños en el exterior en la oficina».
Según añadió la agencia Efe, tras el sabotaje no fue precisa la actuación de los bomberos y apenas causó daños materiales. Pese a que la Ertzaintza investiga a los posibles autores, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, dijo que fue «un acto de violencia callejera absolutamente grave». En un comunicado, la izquierda abertzale resaltó que los hechos que tuvieron lugar en Agurain «están fuera de lugar» y precisó que «este tipo de actos son incompatibles con la estrategia de la izquierda abertzale y obstaculizan la acumulación de fuerzas, que son necesarias en este contexto de grave crisis económica en la que la clase trabajadora esta sufriendo un constante recorte de derechos».
Así, indica que «la huelga general del 29 de marzo supone una gran oportunidad para articular una respuesta popular, masiva y contundente». GARA
Al parecer, hoy habrá una reunión para buscar una solución «a los contratos en fraude de ley» realizados a los administrativos de la RGI, pero desde Lanbide se acusa a Función Pública de poner trabas a la resolución de este problema que incide en los más necesitados.
