Las valoraciones de la mayor huelga en décadas en Nafarroa han vuelto a abrir un cisma. Los sindicatos abertzales ELA y LAB se felicitaron por el seguimiento «masivo» de la misma y critican la «desproporcionada represión policial». LAB incluso solicita la dimisión de la nueva delegada del Gobierno, Carmen Alba, por las continuas cargas policiales en El Corte Inglés. En el otro lado, se encuentra UPN que considera que todo quedó «muy ensombrecido por el altísimo grado de violencia». Por su parte, el consejero de Interior y líder del PSN, Roberto Jiménez, dibujó un panorama de buenos y malos, en el que culpabiliza a los sindicatos abertzales de las acciones de los «incontrolados».

Igor Arroyo, de LAB, sostiene que la manifestación que congregó a entre 30.000 y 40.000 personas ha dejado claro que «el sindicalismo abertzale es un actor decisivo en Nafarroa». En consecuencia, asegura que la movilización del jueves debe servir para enterrar la etapa en la que la mayoría sindical vasca era «denostada y marginada por UPN, PSN, la patronal, UGT y CCOO». Asimismo, aseguró que la presidenta Yolanda Barcina no tiene por qué sorprenderse de que se gritara «independencia» en la manifestación, puesto que «cuanto mayores y más graves sean las imposiciones de Madrid, habrá más independentistas en Nafarroa».

Mitxel Lakuntza, de ELA, aseguró que «la gente salió masivamente a ejercer un derecho democrático, que es trasladar al poder político que no está de acuerdo con las decisiones que está tomando». Para Lakuntza, la movilización fue «histórica» y eso nada lo puede «empañar».

Jiménez, UGT y CCOO

El vicepresidente, Roberto Jiménez, al igual que los sindicatos CCOO y UGT, realizan una lectura agridulce de la huelga. UGT «condena» los ataques a los comercios y «critica» las coacciones que los empresarios ejercieron sobre sus trabajadores para que no secundaran la jornada de protesta. Además, UGT censura que las grandes empresas contaran con un blindaje policial y que el pequeño comercio se encontrara desprotegido.

CCOO mostró un rechazo «total» a la acción violenta de los huelguistas y cuestionó la actuación policial. Sin embargo, también cuestionó la postura de UPN y PP de «tratar de empañar el éxito de la huelga por actos realizados por movimientos ajenos a los sindicatos convocantes». A su juicio, esto equivale a no reconocer «la alta participación de hombres y mujeres en todos los actos del día».

Jiménez criminalizó a los sindicatos abertzales de los incidentes. Según el vicepresidente, de las manifestaciones de la mayoría sindical «salieron jóvenes, algunos menores, que protagonizaron los actos vandálicos», mientras que en las marchas de UGT y CCOO «no hubo incidentes reseñables».

La valoración de los daños en los comercios fue realizada por la gerente de la Federación de Comercios de Navarra, Elísabeth Azcárate, quien aseguró que la mitad de los comercios de Alde Zaharra y el Ensanche sufrieron daños. Azcárate dice tener constancia de más de 300 comercios con daños. Además, asegura que en todo momento han sentido «el apoyo incondicional de todos los organismos del Gobierno navarro». Ahora, ruega apoyo para costear esos daños.

Por parte de UPN hablaron Barcina y el portavoz en el Parlamento, Carlos García Adanero. Este segundo, sostuvo que el jueves sintió que «al pisar la calle uno podía hacer lo que le diese en gana, que era una ciudad sin ley». Para Adanero, «se traspasó cualquier línea roja».

Nueva protesta de parados

Por otra parte, un grupo de parados entró ayer en la iglesia San Lorenzo de Iruñea para comenzar un encierro que, en principio, durará hasta mañana domingo. La acción fue reivindicada por la Asamblea de Parados que no quiere que, tras la huelga, se dejen de denunciar las consecuencias de la crisis. «Nos encerramos para exigir el reparto del trabajo y la riqueza», explicaron. Asimismo, lanzan un llamamiento a la ciudadanía a continuar saliendo a la calle.