SANEAMIENTO DEl sistema financiero
Las provisiones para cubrir los riesgos del ladrillo suben a 84.000 millones
Los bancos españoles deberán movilizar 30.000 millones de euros adicionales para cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones inmobiliarias aprobados ayer por el Gobierno del PP, de tal forma que este año deberán destinar un total de 84.000 millones de euros para cubrir los riesgos del ladrillo. La AEB asegura que no pedirán ayudas públicas.
GARA | MADRID
Según informó al término de la reunión del Consejo de Ministros el responsable de Economía, Luis de Guindos, los bancos españoles deberán elevar sus provisiones en otros 30.000 millones de euros para cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones inmobiliarias aprobados ayer. Estas provisiones afectarán a los créditos inmobiliarios considerados no problemáticos, a diferencia de la reforma aprobada a principios de febrero pasado, que exigió a la banca 54.000 millones para sanear la cartera de créditos morosos o problemáticos.
De esta manera, la banca española deberá destinar este año un total de 84.000 millones de euros para sanear los créditos a la promoción inmobiliaria que, sumados a las provisiones que ya tiene constituida la banca, ofrece una cobertura total del 45%.
A finales de 2011, las entidades financieras contaban con una cartera total a la promoción inmobiliaria de 310.000 millones de euros, de los que 184.000 millones están considerados problemáticos.
El resto, unos 123.000 millones, son considerados créditos «sanos», pero aun así el Gobierno español cree necesario aumentar su saneamiento, que hasta ahora suponían el 7% de su importe, para disipar todas las «dudas sobre la rentabilidad y la solvencia de las instituciones bancarias», dijo el ministro.
En concreto, el Ejecutivo de Rajoy ha aumentado en 45 puntos, del 7% al 52%, las provisiones de los créditos para la compra de suelo; en 22 puntos, hasta el 29%, el de las promociones en curso, y en 7 puntos, hasta el 14%, el dirigido a financiar la promoción terminada.
Los bancos cuentan con un mes, hasta el próximo 11 de junio, para comunicar al Banco de España cómo piensan acometer estos saneamientos.
El Ministerio de Economía da por supuesto que no todas las entidades españolas podrán afrontar estos requerimientos sin que sufran un deterioro en sus recursos propios o en sus ratios de capital.
Por ello, el Real Decreto Ley aprobado ayer contempla que en caso de que una entidad necesite inyecciones de capital, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), podría realizarlo mediante la compra de acciones o a través de la compra de títulos convertibles, aunque «prioritariamente» se optará por esta segunda.
Se trata de la emisión de bonos contingentes convertibles, denominados `cocos' en el argot financiero, una especie de préstamos que las entidades deberán devolver en cinco años y por el que tendrán que pagar un interés del 10 %.
«Este tipo de inyección de fondos no supone la concesión de ayudas públicas», recalcó el ministro, quien insistió en que no costará dinero a los contribuyentes, por que no habrá ayudas publicas, sino una «disponibilidad de recursos» por el que se pagará un tipo de interés alto, «el doble de lo que está pagando el Tesoro a esos plazos».
El ministro avanzó que el dinero que habrá que inyectar en las entidades «será inferior a lo que inyectó el anterior Gobierno en la primera ronda del FROB», que sumaron 15.000 millones de euros.
Tras conocerse los detalles de la nueva propuesta, la Asociación Española de Banca (AEB) señaló que los bancos «se proponen una vez mas cumplir con la nueva reforma financiera sin solicitar ayudas públicas».
«Los bancos socios de la AEB van a hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir los nuevos y extraordinarios requerimientos acordados por el Gobierno», manifestó la patronal bancaria en un comunicado y «a reserva de conocer el texto definitivo de la norma».
Sociedades especializadas
Otro de los acuerdos adoptados ayer hace referencia a que los bancos estarán obligados a traspasar antes de que acabe 2012 todos sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas en gestionarlos.
El Gobierno insistía en las últimas semanas en que los bancos decidirían si traspasaban sus activos inmobiliarios, pero finalmente será obligatorio.
El titular de Economía ha considerado que estas sociedades son «muy adecuadas» y ellas, junto con el saneamiento adicional de los 30.000 millones del crédito, servirán para que haya créditos y se vendan viviendas a precios «adecuados».
La ventaja del traspaso de los activos problemáticos es que si los bancos, en su carrera por sanear estos activos tóxicos, son incapaces de hacerlo por sí solos, podrán ser ayudados si tienen un socio en la nueva entidad. Esta sociedad se hará cargo, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir, los que ya entraron en mora o tienen riesgo de hacerlo y los adjudicados, y deberá ir haciéndose cargo de los créditos del «ladrillo sano» que pasen a ser problemáticos.
Por otra parte, fuentes del Ministerio de Economía informaron ayer de que la presencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el capital del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia, debe ser temporal, por lo que será subastada entre sus competidores antes de tres años.
El pleno del Parlamento navarro rechazó ayer una moción de NaBai para crear una comisión que investigue posibles responsabilidades en la liquidación de Caja Navarra y para que el Gobierno foral, como entidad fundadora, asuma la titularidad de los activos, recursos y derechos de la CAN.
En contra de la moción votaron UPN, PSN y PP, mientras que Bildu e I-E apoyaron la iniciativa de NaBai, que quería también que el Ejecutivo foral asumiera la defensa de los puestos de trabajo de la plantilla de Caja Navarra y de los derechos de los impositores.
La moción criticaba la falta de información en el proceso seguido por Caja Navarra, hoy integrada en Caixabank con una participación minoritaria después de que esta absorbiera Banca Cívica, de la que forma parte la CAN.
Entretanto, el proyecto de Ley de Cajas vascas que se encuentra en tramitación podría sufrir modificaciones y tener que adaptarse a las directrices de la reforma financiera aprobada ayer. GARA
El Gobierno que dirige un desaparecido Mariano Rajoy no solo juega al despiste con las palabras. También contradice abiertamente lo que prometió meses antes, cuando aspiraba a alcanzar La Moncloa. Rechazó las subidas de impuestos y ha terminado incrementando el IRPF y prometiendo otra vuelta más al IVA. También descartó el copago, y ya ha abierto la vía a su aplicación en Farmacia, así como en otros servicios sanitarios.
Además, los expertos en marketing político del PP no se han limitado a cambiar el significado de las palabras. También han elevado el giro completo a la categoría de arte. De este modo, abaratar el despido es un modo de «incentivar la contratación». Poner más trabas a las mujeres que quieren abortar es ahora una forma de «garantizar su libertad».
Por si esto fuera poco, hay que tomar en cuenta un último consejo. No todo lo que se dice en las reuniones del viernes del Consejo de Ministros es lo que luego aparecerá blanco sobre negro en el BOE. Las comparecencias dan pinceladas, pero es el momento de ver la letra pequeña cuando los ciudadanos pueden comprender el alcance de la medida. Para entonces, ya está aprobada. A.P.
