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Nafarroa se ahorraría los recortes con una fiscalidad como Gipuzkoa

La aplicación de las líneas maestras del acuerdo socioeconómico se materializaría en Nafarroa en seis medidas, explicaron ayer la izquierda abertzale, Aralar y EA. Según sus datos, una modificación fiscal basada en un criterio equitativo, así como la moratoria en grandes infraestructuras, permitiría impulsar el gasto social, fortalecer el sector público y apostar por investigación. Además, proponen un debate por comarcas y la creación de un banco público.

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Aritz INTXUSTA |

La izquierda abertzale, EA y Aralar hicieron pública su propuesta para modificar el régimen fiscal de Nafarroa, detallando las líneas concretas de actuación para una crisis como la que sacude el herrialde. Los tres partidos presentaron unas cuentas, según las cuáles, si Nafarroa aplicase una fiscalidad como la que Bildu ha conseguido sacar adelante en Gipuzkoa, la recaudación subiría 97 millones de euros, casi cuatro veces lo que el Gobierno navarro va a recortar con su último plan.

Una fiscalidad al estilo guipuzcoano afectaría únicamente a los impuestos directos, ya que son los únicos sobre los que las haciendas forales tienen potestad. La modificación se refiere, fundamentalmente, al IRPF, las sucesiones y donaciones, al impuesto de sociedades y al del patrimonio. El principio que ha regido la modificación tributaria en Gipuzkoa, según los tres partidos, ha sido la equidad, para así «asegurar una mayor redistribución de la riqueza».

Esta es solo la primera de una serie de medidas que se han presentado como una alternativa a los recortes, que se han convertido en algo habitual en Nafarroa desde noviembre pasado. La segunda idea que defendieron ayer Txelui Moreno (izquierda abertzale), Xabi Lasa (de Aralar) y Aitor Etxarri (EA) es aplicar una moratoria de las grandes infraestructuras. Esto permite canalizar recursos hacia necesidades más perentorias y, en concreto, la propuesta es apostar por el sector público y el gasto social. En particular, los tres partidos reivindican ir más allá de las medidas que se han aprobado en las Juntas de Gipuzkoa, destinadas fundamentalmente a mantener el gasto social, y creen necesario ampliar el sector público.

Además de la moratoria y la apuesta por lo público, la tercera dirección del gasto se debe dirigir a la Investigación y el Desarrollo, porque sólo así se garantiza «la renovación y diversificación del sistema productivo». En este punto, dirigen su foco a la remodelación del sistema agrario y ganadero, para que se revierta la dinámica de importación, y dirigir hacia la sostenibilidad medioambiental toda la producción. En este sentido, se menciona el ahorro energético y apuestan por la priorización de los sectores que generan un alto valor añadido.

La profundización en estas líneas maestras debe de darse a la par de un debate en cada comarca «para el análisis y determinación del necesario desarrollo social». El objetivo del trabajo por eskualdes es determinar un modelo «endógeno y basado en las propias potenciales tanto en recursos humanos como materiales», señalaron los tres partidos.

En último término, el acuerdo socioeconómico busca la creación de un banco público, que sea capaz «de reorientar la inversión hacia sectores estratégicos». Este banco sería una herramienta de creación de empleo y de utilidad ciudadana. Asimismo, serviría para reorientar el modelo económico de crecimiento constante hacia uno que sea «más racional».

El PSE plantea que el Parlamento intervenga en la fiscalidad

El Gobierno de Lakua y el PSE plantearon en el Parlamento de Gasteiz un paquete de reformas que incluye la reducción de la presión tributaria para las rentas bajas, así como que «pague más quien más tiene» o que se aumente la capacidad de la Cámara para intervenir en la política tributaria ante la «incapacidad» de las diputaciones para mantener sus ingresos.

Estas medidas fueron planteadas por el Ejecutivo y el PSE durante el pleno monográfico sobre fiscalidad celebrado ayer en la Cámara autonómica, en el que tanto el PNV como el PP declararon que éste no es el foro idóneo para debatir sobre este tema, basándose en que la normativa tributaria es competencia de las Juntas Generales.

Desde las filas de EA, Juanjo Agirrezabala propuso al Gobierno que presente una nueva Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal que permita «aunar lo desiguales resultados de la legislación fisca de los diferentes Territorios Históricos» Asimismo, abogó por la creación de nuevos impuestos sobre la propiedad y las grandes fortunas, así como la subida del IPRF para las rentas altas.

Por su parte, el dirigente de la izquierda abertzale Joseba Permach responsabilizó a PNV, PSE y PP de la «muy difícil situación» financiera de las instituciones de la CAV, cuyo deterioro situó en la reforma fiscal que se aplicó en 2007 y que «supuso bajar el tipo del impuesto de Sociedades, desaparecer el impuesto de Patrimonio y también cambios en el IRPF, porque se decidió favorecer a las rentas más altas». GARA

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