El Ejército egipcio anunció ayer el fin del estado de emergencia impuesto en 1981, símbolo de la represión y arbitrariedad del antiguo régimen. Su supresión ha sido una demanda constante de los grupos de defensa de derechos humanos. La ley del estado de emergencia restringe las libertades públicas y da amplios poderes a la Policía sobre las detenciones y arrestos, permitiendo enviar a los detenidos a tribunales de excepción.

El Ejército «continuará asumiendo la responsabilidad nacional de proteger la seguridad de los ciudadanos, dada la finalización del estado de excepción y de acuerdo con la declaración constitucional y la ley», señaló el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Esta ley de excepción fue impuesta tras la muerte en atentado de Anuar el Sadat en 1981. Luego ha sido renovada continuamente, y por última vez en 2010 por un periodo de dos años hasta el 31 de mayo de 2012. El gobierno de ese momento se había comprometido «a no utilizar las medidas de emergencia disponibles para otra cosa que la lucha contra las amenazas del terrorismo y las drogas», intentando -sin éxito- aliviar la preocupación por su uso para fines políticos. El Ejército había extendido inicialmente el ámbito de aplicación de la ley para incluir huelgas y la «difusión de rumores falsos», antes de levantarla parcialmente en enero para conmemorar el aniversario del comienzo de la revolución

La noticia fue recibida con cautela por organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, para las que la decisión aún deja espacio para el abuso.

Según la declaración constitucional aprobada en marzo de 2011 en referéndum, el Ejército es responsable de la protección del país y el Parlamento puede votar el estado de urgencia a petición del Ejecutivo, pero su duración está limitada a seis meses y solo puede ser renovada por referéndum.

La ley ha permitido la detención y encarcelamiento de miles de egipcios sin cargos por tiempo indefinido en las últimas décadas. Pero también el CSFA ha enviado a miles de civiles a la justicia militar, sin posibilidad de recurso.