La crisis abierta en el pacto entre UPN y PSN al hilo del último ajuste anunciado por el Gabinete de Yolanda Barcina ha puesto de manifiesto no solo la endeblez de los cimientos que sostienen al Ejecutivo, sino también el perjuicio que causa al conjunto de la ciudadanía navarra un modelo político e institucional que ostenta el poder pero no representa al tejido social de ese herrialde. En este sentido, un dato muy significativo es que el enésimo recorte en las cuentas públicas coincida con el dinero comprometido por la administración navarra este año a modo de adelanto para financiar las obras del Tren de Alta Velocidad, una decisión imprudente y que refleja la sumisión de estos gobernantes navarros ante los de Madrid. Los servicios públicos y quienes hacen uso de ellos serán los paganos del «acuerdo» que alcanzaron Miguel Sanz y José Blanco, en realidad un regalo del dirigente de UPN a los del PSOE que ninguna otra comunidad ha emulado.

Por otra parte, los continuos rifirrafes entre ambas formaciones, cuando apenas se ha cumplido un año desde el acuerdo de gobierno, son un síntoma de la inviabilidad del mismo. Precisamente porque no representa el sentir de la mayoría social de Nafarroa, que se sitúa mucho más a la izquierda que el Ejecutivo y que está protagonizando potentes y sostenidas movilizaciones contra los recortes. Una presión social que incomoda al partido de Roberto Jiménez y hace cada vez más difícil su permanencia en el Gobierno. UPN y PSN han colaborado durante décadas con acuerdos presupuestarios, pero unos meses han sido suficientes para comprobar que la actual fórmula de gobierno de coalición -inédita hasta ahora- no tiene recorrido.

El PSN dio el paso empujado por la inercia histórica que le impide llegar a acuerdos con las fuerzas abertzales y le conduce sistemáticamente a los brazos de UPN. Una posición timorata que hoy tiene menos sentido que nunca e impide que emerja la auténtica mayoría social navarra, que es de izquierdas y quiere decidir.