La Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que forman parte ELA, CCOO y UGT, publica el «Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales». Confirma que los gobiernos y los empresarios utilizan la excusa de la crisis económica para «generalizar» un empeoramiento de las condiciones de trabajo, «incrementar» la precariedad laboral y «generar» una reducción de los salarios.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, sostiene en el informe que «la situación de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores es sumamente preocupante». Porque, igual que en anteriores ediciones de este amplio trabajo, un elevado porcentaje de trabajadores no dispone de derechos fundamentales para la negociación colectiva, carece de libertad sindical y «cuenta con empleos precarios», según precisa la líder de esta organización que agrupa a 175 millones de trabajadores en todo el mundo.

El informe denuncia que los gobiernos, de forma generalizada entre los países más industrializados y los que menos, «no tienen respeto a la legislación laboral» y advierte que «se cometen abusos contra los trabajadores». Cita el ejemplo de los trabajadores migrantes en todo el mundo y añade «la explotación laboral a escala mundial en la mano de obra, esencialmente femenina, en las zonas francas de exportación». En ese sentido, también lamenta que las más de 100 millones de trabajadoras del hogar «son vulnerables en materia de explotación laboral».

La crisis como excusa

La CSI afirma que los trabajadores son «particularmente vulnerables frente a la crisis financiera mundial», dado que «la mayor parte de los gobiernos optaron por favorecer medidas de austeridad en lugar de estimular el crecimiento y el empleo». Según confirma esta confederación internacional, «tiene unas consecuencias terribles, en especial para los jóvenes». Denuncia que el año pasado 205 millones de personas estaban en paro. Cita expresamente al Estado español, donde los jóvenes sin trabajo superan el 45%, y en Grecia la tasa de desempleo «se sitúa en el 21%».

A juicio de esta organización sindical internacional, «las medidas adoptadas para obtener la máxima rentabilidad e incrementar la flexibilidad, a expensas del trabajador, han demostrado ser un fracaso. El aumento del trabajo precario -según precisa- es consecuencia directa de dicho fracaso, e impide a las organizaciones sindicales defender a los trabajadores correctamente».

Modelo social, en el aire

Sobre Europa, censura que «se han introducido medidas de austeridad desde 2010 para hacer frente al elevado déficit público resultante de la crisis financiera, lo que ha afectado a millones de trabajadores. Reducciones salariales, reformas de pensiones y recortes presupuestarios han provocado protestas masivas», dice la CSI. En Alemania, confirma que los empresarios bloquean en algunos casos las elecciones sindicales.

En el Estado español destaca como negativo, entre otras razones, «la vulneración del derecho a la negociación colectiva» debido a que el Gobierno español aprobó por decreto la reducción salarial para los empleados públicos. «Supone una flagrante vulneración del derecho a la negociación colectiva» y «un incumplimiento de derechos logrados con anterioridad».

En cuanto al Estado francés, critica «el impedimento al derecho a la huelga en las refinerías» y la creación de «ficheros centralizados donde figura la participación sindical en las protestas».

Así, Grigor Gradev, secretario ejecutivo para Europa de la CSI, denunció que «la austeridad en Europa tienen un impacto negativo sobre los derechos sindicales y constituyen una amenaza para el modelo social europeo».

Por último, resalta que en Estados Unidos los empresarios son hostiles con los sindicatos por su rechazo frontal y la represión sindical es «un negocio «multimillonario», termina.