Una delegación de Amnistía Internacional (AI), encabezada por Nicola Duckworth, directora general de investigación de este organismo, compareció ayer en Gasteiz para valorar la situación abierta tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA. A su juicio, la hoja de ruta de este nuevo tiempo debería pivotar sobre el respeto a los derechos humanos y, en ese camino, el Gobierno de Lakua fue objeto de duros reproches por la actitud que ha mantenido hasta ahora.

Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que el Ejecutivo no ponga en práctica las recomendaciones del Ararteko sobre malos tratos y, al respecto, fueron elocuentes las palabras de Duckworth, quien emplazó a investigar las denuncias de tortura en vez de querellarse contra quienes las presentan. Un toque de atención que no quedó ahí, puesto que, tras saludar el decreto sobre víctimas de abusos policiales y parapoliciales que Lakua aprobará el martes, pidió expresamente que las víctimas de la tortura no sean olvidadas en el segundo decreto, ese que Idoia Mendia dice querer aprobar antes de fin de año. Al titular de Interior, Rodolfo Ares, probablemente tampoco le hizo gracia la mención que la responsable del organismo internacional hizo de la muerte de Iñigo Cabacas, ni su apelación a que la Ertzaintza implemente medidas de protección de los derechos humanos de forma inmediata. Este rapapolvo debería empujar al Gobierno autonómico a asumir su responsabilidad en esta materia.

En sus encuentros con agentes políticos e institucionales, AI también instó a revisar la legislación penal en materia de «terrorismo», así como algunos artículos de la Ley de Partidos, y volvió a criticar el régimen de incomunicación, haciéndose eco de la preocupación existente en la sociedad vasca respecto a la actuación del Gobierno español, cuya actitud ante esta gran oportunidad de alcanzar un escenario de paz definitiva es cada vez más incomprensible para todo el mundo.